Siete años fue lo que en total duró el trámite de la Ley de Garantías de Derechos de la Niñez, la cual fue promulgada este domingo por el Presidente Sebastián Piñera a solo seis días del final de su mandato.

Pero aunque este retraso fue reconocido por el propio mandatario en su discurso de lanzamiento, para la directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, Francis Valverde, la deuda va más allá y se remonta a la aprobación de la Convención de los Derechos de la Niñez de la ONU y a su ratificación en Chile, en 1990.

“La voluntad política por una parte y el no compromiso ni conocimiento de parte del mundo parlamentario con respecto al real significado de los derechos de los niños, niñas y adolescentes provocó esta tardanza. Ningún gobierno, en la práctica, se comprometió totalmente con sacar la ley. Van a ser 32 años desde que se promulgó la Convención sobre los Derechos de la Niñez y recién ahora Chile va entrar a tener una ley de protección integral de derechos”, señaló la dirigente en conversación con nuestro medio.

No obstante, Valverde se refirió al fondo de la nueva normativa que, según detalló el Presidente Piñera, permitirá que todas las demás leyes y todas las instituciones del Estado puedan operar en favor de la niñez, esto a través de un sistema de protección administrativo y la creación de iniciativas como las oficinas locales de la niñez.

“Evidentemente (la ley) no es perfecta, tiene muchos aspectos que mejorar, pero sumando y restando es la mejor de las propuestas que hemos tenido hasta el momento, a pesar de los vetos presidenciales. Incluyendo los vetos, sigue siendo una ley que tiene muchos más aspectos positivos que negativos, y como es una ley, los aspectos negativos se podrán ir reformando a medida que se vaya desarrollando la implementación de la ley”, explicó la experta en DD.HH.

Hay que recordar que, en julio de 2021, tanto el Presidente como un grupo de parlamentarios oficialistas vetaron el proyecto de ley, objetando siete de sus artículos, los cuales tenían que ver con el derecho de los padres o tutores al resguardo de la intimidad e imagen de los hijos y con los procedimientos judiciales para asistir al sistema de garantías.

El TC, posteriormente, declaró inconstitucional las declaraciones de inadmisibilidad aprobadas tanto por la Cámara como por el Senado, lo cual provocó diversas reacciones en la sociedad civil. Incluso la misma Francis Valverde, en dicha oportunidad, se pronunció respecto de lo ocurrido y aseguró que la interpretación del TC sobre la ley “es más bien de la relación que tienen que tener los padres y las madres con el niño y la niña de sometimiento”.

Casi ocho meses después, y con un debate constitucional en la cual también se han incluido los derechos de niños, niñas y adolescentes, la experta añadió que “las  organizaciones de la sociedad civil que estamos en el bloque por la infancia tenemos la convicción de que en la nueva Constitución, al ya haber reconocido que el Estado es un Estado garante de derechos humanos, democrático, regionalista, plurinacional, etc., da cuenta del espíritu y el mandato de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, y de esta ley que tendrá que adecuarse a la Constitución y no al revés”. 

“Todas las leyes que hablen de la temática de niños, niñas y adolescentes van a tener que adecuarse al mandato de la Convención que, por una parte reconoce al Estado como garante de derechos humanos -y por lo tanto todas las diversidades que estén en la nación y en los territorios de nuestro país- y por otra parte en relación al reconocimiento de todos los niños y niñas como sujetos de derecho, lo que mandata al Estado a generar condiciones para que puedan participar en la vida nacional de manera explícita, generando todas las condiciones para ello”, sentenció.