El pasado tres de marzo la Comisión Chilena de Derechos Humanos presentó una batería de nuevos antecedentes a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para efectos de que su titular, Karim Khan, solicite al tribunal abrir una investigación preliminar respecto la participación del ahora ex Presidente de la República, Sebastián Piñera, junto a otras autoridades políticas, militares y policiales de su gobierno, en la perpetración de crímenes contra la humanidad en el marco del estallido social. Una presentación que abordó en conversación con nuestro medio el abogado y presidente del organismo, Carlos Margotta y a partir de lo cual aquilató el legado que dejó Piñera en materia de derechos humanos para el país.
Cuatro fueron los insumos con los que la Comisión Chilena de Derechos Humanos engrosó los antecedentes de la denuncia que presentaron el 29 de abril del 2021. Uno es el informe anual de Derechos Humanos que elaboró el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, otro corresponde al capítulo chileno del informe mundial 2022 de Humans Rights Watch; se sumó además el informe Situación de Derechos Humanos en Chile 2022 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el informe Jurídico Responsabilidad Penal por Omisión de los mandos con ocasión de los crímenes cometidos durante el Estallido Social de Amnistía Internacional.
Adicionalmente, se incorporó la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, la que fue aprobada por el Senado en diciembre del 2019 prohibiendo el ejercicio de cargos públicos por cinco años a quien es también uno de los denunciados por la CCHDH ante la Corte Penal Internacional. Todos antecedentes, indicó el abogado, que “coligen que los hechos y derechos que nosotros hemos invocado al momento de solicitar que se abra una investigación contra Sebastián Piñera y los demás, tienen asidero”.
“Esto fundamentalmente porque se dan los siguientes supuestos; uno, que los hechos son constitutivos a crímenes contra la humanidad tal como lo estipula y lo exige el estatuto de Roma en su artículo séptimo; en segundo lugar, que los hechos ocurridos a partir del 18 de octubre del 2019 respondieron a una política de Estado de violación masiva grave y sistemática de los derechos humanos y no a hechos aislados que pudieran corresponder a excesos causados por algunos funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, y por último, que los órganos del Estado obligados a investigar y sancionar como son el Ministerio Público y el Poder Judicial, no han cumplido con su deber dejando en la impunidad a los autores de estos grandes crímenes, por tanto se activa el requisito de la competencia de la Corte Penal Internacional”, aseveró Margotta.
En la eventualidad de que el máximo tribunal llegue al convencimiento de que la denuncia es de su competencia e inicie una investigación contra los aludidos, pueden pasar años antes de que se dé a conocer algún pronunciamiento al respecto. No obstante, el jurista guarda el convencimiento de que al cumplirse los requisitos establecidos por el estatuto Roma, la CPI terminará por sancionar a Piñera, junto al resto de los acusados, entre los que se encuentra el ex titular del Interior, Rodrigo Delgado y sus antecesores, Víctor Pérez, Gonzalo Blumel y Andrés Chadwick.
“Se va a producir porque la impunidad no puede triunfar, no puede abrirse paso frente al innegable anhelo de justicia y el propósito de justicia que animó justamente a la comunidad internacional cuando creó el año 1998 la Corte Penal Internacional, de manera que tenemos que tener paciencia pero también la convicción de que finalmente la Corte Penal Internacional abrirá una investigación, juzgará y sancionará a los responsables de estos graves crímenes”, afirmó.
Consultado por el que a su juicio sería el legado que deja la administración Piñera en materia de derechos humanos, la respuesta que formula el jurista es un “nada que recordar” y es que distintos organismos de derechos humanos, subrayó Margotta, han constatado con “tremendas cifras” que el gobierno anterior acudió a la herramienta de la represión para detener los procesos sociales que precisamente “han querido avanzar hacia una nueva convivencia democrática fundada en el respeto y garantía de los derechos humanos”.
Abundando en eso, el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, subrayó que el anterior Ejecutivo recurrió a la represión contra el pueblo mapuche y contra la migración, soslayando el conjunto de recomendaciones que los diversos órganos del sistema de protección internacional de los derechos humanos han hecho saber al Estado de Chile.
“La evaluación que nosotros hacemos como Comisión Chilena de Derechos Humanos es que este es el gobierno más violador de los derechos humanos que ha conocido la historia de Chile después de Pinochet y por lo tanto no hay ningún legado que recordar. Al revés, este es un período negro para los derechos humanos y esperamos que a partir del 11 de marzo se abra un nuevo ciclo histórico en nuestro país, no solamente desde el punto de vista político sino que fundamentalmente permita que el anhelo mayoritario de la sociedad chilena, que es avanzar hacia una sociedad democrática fundada en el respeto y garantía de los derechos humanos, se produzca”.
Si bien las expectativas de la Comisión están también especialmente puestas en que la Convención Constitucional, “tan vilipendiada, atacada y denostada por los sectores conservadores que defienden el status quo” -comentó Margotta- “pueda cumplir su trabajo debidamente y establezca las bases de una nueva convivencia”, el jurista dijo esperar que el gobierno de Apruebo Dignidad materialice el compromiso que sus representantes han dicho mantener respecto al resguardo de los derechos humanos. Esto a la luz de la deuda que el Estado de Chile mantiene hace más de 30 años en cuanto al respecto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en materia de género y en relación a los derechos económicos, sociales y culturales, también.
“Nosotros como institución de derechos humanos que tenemos 43 años de historia, lo que esperaríamos es que lo discursivo se traduzca en políticas concretas, de debida protección y respeto a los derechos humanos. Nosotros vamos a apoyar todo aquello que signifique la expresión de la voluntad política de avanzar en esa dirección y vamos a ser muy críticos cuando esa voluntad política no se exprese y ceda a las presiones de los poderes fácticos de este país que siguen operando para efectos de mantener y defender el status quo que tanto daño en materia de derechos humanos le ha hecho a este país”, aseveró.
En ese sentido, el jurista consideró fundamental que se lleve a cabo una restructuración de las Fuerzas Armadas y de Carabineros toda vez que esta es una garantía de no repetición que deben cumplir los Estados pos-dictatoriales, vale decir que debería haber implementado el Estado de Chile durante los años 90, señaló Margotta.
“Este gobierno debería sentar las bases para que, en primer lugar, las Fuerzas Armadas y de orden tengan total y completa sujeción al poder civil; en segundo lugar, que impida una maniobrabilidad de tal grado de independencia que permita y facilite los altos grados de corrupción que ha llevado a la formalización a los últimos cuatro comandante en jefe del Ejército, una vergüenza para cualquier país civilizado y en tercer lugar, cambiar la doctrina en la formación de la nuevas generaciones de oficiales, tanto en los cuerpos castrenses como la policía uniformada y que esta nueva doctrina, destierre la doctrina de la seguridad nacional y abra paso a una doctrina verdaderamente democrática”, sostuvo.
