Cuatro veces en dos años. La madrugada de este jueves, el inmueble donde funciona la Comisión Chilena de Derechos Humanos fue vandalizado por cuarta vez desde ocurrido el estallido social en el país.

El edificio, ubicado a un costado del Cerro Santa Lucía y que en dictadura funcionara como clínica para las y los detenidos por la DINA, amaneció con sus candados rotos, sus puertas forzadas y muebles y archivos desparramados en el piso.

Ante semejante acto de vandalización, la propia subsecretaria de Bienes Nacionales, Marilén Cabrera, se presentó en el lugar para constatar en persona el daño hecho a este emblemático sitio de memoria.

La chapa forzada del inmueble

Junto con lamentar los hechos, la autoridad ejecutiva afirmó que uno de los ejes principales de la presente gestión es el compromiso con los derechos humanos, en ese sentido, comprometió una reunión con la ministra de la cartera, Javiera Toro, para determinar las acciones a seguir con el fin de cuidar los espacios de memoria histórica.

“Una de las prioridades de este gobierno es el tema de los derechos humanos, reparación y memoria, por eso estamos acá, hemos aprovechado de conversar, de enterarnos en qué situación está el inmueble, en qué situación quedan después de esta vandalización y comentarles que estamos en un periodo de instalación pero quedamos de tener una reunión con la ministra Javiera Toro, pues también para ella el tema de derechos humanos es uno de los temas importantes que vamos a tratar y que vamos a poner énfasis en este gobierno”.

“Sabemos lo que significa cuando alguien entra en nuestros recintos, quien ha sufrido el hecho de que entren a robar a su casa sabe lo que se siente cuando entran a tu intimidad, cuando entran a los sitios más de uno, y que cualquiera ingrese, revuelva todo y rompa toda la memoria que hay acá, archivos fotográficos, todo lo que se ha ido reuniendo y resguardando por años. No podemos permitir que pase esto, desde ya toda nuestra solidaridad”, continuó Cabrera.

Por su parte, el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, no se mostró sorprendido por el ataque al inmueble tomando en cuenta la labor que cumple dicho sitio de memoria y de defensa a los DD.HH, sobre todo, en tiempos en que hubo una violación sistemática a ellos por parte del Estado.

“A nosotros no nos llama la atención esta nueva vandalización de nuestro inmueble. A partir de octubre del 2019, cuando se empieza a implementar la política de violación masiva y sistemática de derechos humanos en contra de quienes manifestaban legítimamente su parecer respecto de la necesidad de transformar el país hacia uno donde los derechos humanos se respeten, empezamos a sufrir estas vandalizaciones. Nosotros hemos tratado de cumplir cabalmente con nuestra misión institucional que es defender a las víctimas ante los actos de represión realizados por agentes del Estado y, ciertamente, las cuatro vandalizaciones que hemos sufrido han sido efectuadas, a nuestro entender, por grupos que tratan de amedrentarnos y neutralizar nuestra labor como institución”, sostuvo.

“Nosotros ya sufrimos esto en dictadura y sabemos que cuando se realiza la función de defender a las víctimas y denunciar lo ocurrido nos exponemos a este tipo de situaciones”, agregó el abogado.

En ese sentido, Margotta expresó su confianza en que el actual gobierno de Gabriel Boric tomará las medidas pertinentes y protegerá los sitios encargados de mantener vivos los episodios más negros de la historia de Chile.

Si bien nadie apuntó a posibles responsables por los hechos, las cámaras de seguridad lograron registrar a dos sujetos que entraron al inmueble con el claro objetivo de vandalizarlo.

En conversación fuera de micrófono, trabajadores del lugar afirmaron que sospechan de grupos de derecha,  incluso, no descartaron que las ordenes provengan de quienes, de alguna forma, participaron en el gobierno anterior tomando en cuenta las querellas que la Comisión ha interpuesto en contra del ex Presidente Sebastián Piñera y algunos de sus ministros por la violación sistemática de los derechos humanos en el contexto del estallido social.