Durante la tarde de este martes, el pleno de la Convención Constitucional desarrolló el debate en general- con posterior votación- del segundo informe de la comisión de Forma de Estado.

Entre los temas de algunas de las normas propuestas destacan aquellos relacionados con las comunas autónomas, unidades y juntas vecinales, empresas públicas municipales, provincias, autonomías territoriales indígenas, derecho a la libre determinación, Chile como país oceánico, territorios especiales; bioterritorio, refugio climático y reserva de la biósfera; territorios de ultramar y Antártica chilena, entre otros.

En concreto, el hemiciclo aprobó el articulado por 114 votos a favor, 25 en contra y 14 abstenciones. Por lo que el documento quedó dispuesto para ser abordado en particular, cuyas normas de ser aprobadas pasarán al borrador de la nueva Constitución.

En el debate, el abogado y convencional independiente, Mauricio Daza, expresó la necesidad de mejorar los Artículos 3, 5, 8 y 11 sobre creación o supresión de comunas autónomas, la capacidad de los municipios de establecer su propia planta de personal, Consejo Municipal y Unidades y Juntas Vecinales, respectivamente.

Sobre este último, comentó que “se debe definir de mejor forma cuál es su relación con la Asamblea Social Comunal (Art.12), para entender con mayor claridad la utilidad de regular constitucionalmente ambos organismos, señalando de manera precisa cuáles son sus fines y sus atribuciones específicas”.

“Lo anterior, resulta necesario si se considera que ya aprobamos la creación de un Consejo Social Regional, siendo imprescindible contar con normas claras que eviten la duplicidad de competencias y una sobrecarga de instituciones dentro de la realidad comunal, especialmente de aquellas comunas con escasez de recursos, personal y medios para cumplir adecuadamente sus fines”, señaló Daza.

Sin embargo, el principal punto de desencuentro estuvo enfocado en las normas relacionadas con las autonomías territoriales indígenas, especialmente en sectores de la centroderecha, donde reiteraron en que esto implicaría avanzar hacia una constitución “indigenista, separatista y desigual”.

El convencional de la UDI, Eduardo Cretton, apuntó que con esto se buscaría instalar una suerte de “mini feudos dentro de nuestro propio país, como La Araucanía o Biobío”. Territorios que gozarán de autonomía, política, administrativa, jurídica, lingüística y financiera. Todo eso financiado por todos los chilenos, quienes con sus impuestos tendrán que financiar los costos es estos nuevos feudos”.

La convencional mapuche, Elisa Loncón, rechazó estos argumentos, planteando que “la autonomía, territorio y la libre determinación son parte de las luchas históricas de nuestros pueblos y son parte del sueño y la esperanza que abrigan las distintas generaciones”.

En esa línea, insistió en la presencia de un sistema jurídico mapuche, reiterando sus críticas sobre los dichos del senador Francisco Huenchumilla, quien en entrevista con El Mercurio descartó la existencia de tribunales en la sociedad de dicho pueblo originario. “Se equivoca porque no sabe de las mapu”, indicó Loncón en la oportunidad.

En tanto, la convencional de Revolución Democrática, Amaya Álvez, consideró necesario que “este proceso constituyente cimente las bases de la paz territorial urgente en la Región del Biobío que habito”.

“Estas autonomías territoriales indígenas son parte del derecho público y, por lo mismo, están sometidas al control estatal en materia de gasto, de probidad, de transparencia. Nada en esta propuesta invita a la autarquía ni a la secesión”, afirmó.

Posterior a esta votación se procederá a la discusión en particular de las normas propuestas en el segundo informe.