Tras un largo periplo iniciado en abril de 2016, con un escrito firmado por la actual subsecretaria de Relaciones Exteriores, Ximena Fuentes, la demanda de Chile contra Bolivia por el uso de las aguas del Río Silala comenzará este viernes 1 de abril la etapa de alegatos orales. La autoridad de Cancillería, quien también es académica de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, viajó este domingo a La Haya para ser parte de la instancia por la que nuestro país busca ratificar el carácter internacional del río que actualmente fluye hacia la Región de Antofagasta.

El caso se alargó debido a las restricciones y medidas sanitarias adoptadas por la Corte Internacional de Justicia en el contexto de la pandemia por COVID-19, que llegó en algún momento a paralizar su actividad. Por esta razón, los alegatos en esta oportunidad se realizarán en un formato híbrido y sin público, a diferencia de los casos anteriores que Chile tuvo con Perú y la misma Bolivia ante este tribunal.

Junto con no permitir la presencia de diplomáticos y otras personas interesadas en los alegatos, en esta ocasión “cada parte deberá exponer por separado. Un día estará Chile transmitiendo sus alegaciones y otro día estará Bolivia, siendo las audiencias a partir de las 3 de la tarde, hora de los Países Bajos, debido a que se coordinará con jueces que se conectarán desde otros lugares”, explica la profesora Astrid Espaliat, experta en Derecho Internacional y académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.

Posición chilena y boliviana

La profesora Espaliat detalla que la posición de nuestro país se sustenta en que el Silala es un curso de agua internacional, y -por lo tanto- se rige por los estándares fijados por la “Convención de Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de aguas internacionales destinados a fines distintos a la navegación”, que contempla un uso razonable y equitativo de las mismas.

“Ni Chile ni Bolivia son parte de esa Convención, pero es posible aplicar estándares consuetudinarios, es decir, costumbres que también constituyen normas jurídicas para resolver conflictos entre Estados, y que es algo que existe en el orden jurídico internacional. Esta cuestión ya fue admitida por Bolivia, que reconoció que el Silala es un curso de agua internacional incluso mediante declaraciones de personeros de alto nivel”, afirmó la académica del IEI.

Al respecto, Claudio Troncoso, profesor de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, experto en Derecho Internacional y ex director jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores, destacó que Chile “llega en un muy buen pie, porque cuando se presentó la demanda Bolivia negaba el carácter internacional del Silala, asegurando que su curso se había desviado artificialmente a Chile. Hay que tener en consideración que Bolivia nunca había discutido el carácter internacional del río hasta 1999, que es cuando cambia de posición a esta teoría, que es relativamente nueva”.

A partir de ahí, “lo que trata de hacer Bolivia es presentar una argumentación a nuestro juicio muy feble, y que se basa en una obra de canalización realizada en 1928 por una empresa de capitales británicos con autorización de Bolivia, unas acequias, que tienen por efecto aumentar un poco el caudal con un flujo de aguas que denominan “artificial”, y que sería enteramente boliviano y -por lo tanto- no sujeto a las reglas del derecho consuetudinario sobre el uso equitativo y razonable de las aguas”, una distinción que el académico aseguró no tendría asidero en el derecho internacional.

El rol de los expertos

A diferencia de los anteriores casos que Chile tuvo con Perú y Bolivia, en esta oportunidad se incluirá una etapa en que cada país presentará expertos/as que sustentarán su posición, destacó la profesora Espaliat. “Hay cuestiones científicas que serán abordadas por los expertos, que en este caso, y a diferencia de los anteriores, van a exponer y serán interrogados por la contraparte, y también por los jueces si lo consideran necesario. En particular, Chile presentará algunos hidrólogos que están entre los mejores del mundo, y Bolivia presentará también sus expertos para discutir sobre esta materia”, destacó la académica.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que hasta el minuto la Corte no ha hecho públicas las argumentaciones escritas presentadas por cada país, lo que normalmente ocurre el mismo día en que empiezan los alegatos, en este caso el próximo 1 de abril. Recién durante esa jornada se conocerán de manera explícita los planteamientos de ambas partes.

¿Qué viene a continuación?

Los alegatos orales se extenderán hasta el próximo 14 de abril, cuando comenzará la deliberación de los jueces, una etapa cuya extensión dependerá enteramente de los juristas. “En el caso de Perú con Chile demoró bastante, mientras que en el de Bolivia con nuestro país fue un poco más breve. En realidad depende del trabajo de la Corte, y en este caso tiene bastante trabajo atrasado y también de que la pandemia se mantenga bajo relativo control, como hasta ahora, con alegatos de forma híbrida”, remarcó Espaliat.

Consultado sobre los escenarios posibles una vez cerrado el juicio, el profesor Troncoso remarcó que si bien la posición chilena es bastante sólida “ambas partes están comprometidas a cumplir el fallo de la Corte, y en cualquier evento la solución va a ser positiva, porque significará el término de la controversia, y la posibilidad de avanzar en una relación de integración y cooperación mutua mucho mayor”, algo fundamental para dos países vecinos que comparten 860 kilómetros de frontera y numerosos temas comunes, aseguró.