Por la mañana del martes, Lima fue una ciudad sin transporte público –excepto la única línea de Metro existente- por cuyas calles miles de personas que no se habían enterado de la drástica medida caminaban intentando retornar a sus casas o llegar al trabajo. Por añadidura, todo el comercio estaba cerrado. Así, poco a poco, la urbe fue quedando vacía y por sus calles, férreamente controladas por la policía y los militares, apenas sí transitaban aquellos que podían demostrar que trabajaban en servicios esenciales. Además, corrían inquietantes informaciones de saqueos a supermercados. En tanto, el  grueso de la población debió permanecer en sus casas luego que el Estado de Excepción decretado la noche del lunes por el presidente Pedro Castillo suspendiera sus derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y tránsito.

En mensaje por radio y televisión emitido a sus más de 33 millones de compatriotas en un inusual horario de medianoche, el presidente Castillo justificó las medidas que, en aras de restablecer la paz y el orden interno, el Consejo de Ministros había decretado momentos antes, implementando el Estado de Emergencia y suspendiendo los derechos constitucionales. El mandatario se refirió a los hechos de violencia “que algunos grupos han querido crear”, dijo, con el bloqueo del libre tránsito en los accesos a las provincias de Lima y Callao, en los que ya a esa hora se habían reportado vidas perdidas. En tal sentido, Castillo hizo un llamado a la calma y a la cordura, recordando a la población que la protesta social es un derecho constitucional, pero que debe hacerse “dentro del marco de la ley, respetando la integridad de las personas, así como la propiedad pública y privada”.

Agregó que frente al incremento del precio del petróleo y de productos de primera necesidad a nivel internacional, el gobierno ha adoptado un conjunto de medidas para mejorar los ingresos de los peruanos y evitar que las familias se vean afectadas por el aumento de los precios de los artículos de primera necesidad.

La paralización de los transportistas, a la que se unieron los agricultores, responde al incremento de precios de los combustibles, los peajes y los productos alimenticios, tras rechazar el preacuerdo alcanzado el fin de semana recién pasado por los negociadores de este estamento empresarial con las autoridades del Gobierno.

Durante las protestas la violencia ha campeado y se han registrado ataques incendiarios a casetas de peaje y otras infraestructuras, así como barricadas de neumáticos ardientes y cortes de tráfico por doquier. Al menos once de las 25 regiones de Perú han sufrido bloqueos parciales y temporales del tráfico por carretera debido a las protestas, autopistas que han sido escenario de violentos enfrentamientos con la policía que han dejado al menos cuatro muertos, una decena de heridos y varias decenas de detenidos en más de 44 puntos que han sido interrumpidos en diversas carreteras a nivel nacional y 86 puntos donde el tránsito se encuentra restringido.

Ante la decisión tomada en la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros y refrendada por el presidente de la República, la Defensoría del Pueblo calificó la medida como “inconstitucional y desproporcionada” y recalcó que no existió una debida motivación para dictarla. Por su parte, tras el mensaje del mandatario, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, escribió en su cuenta de Twitter: “El presidente Castillo no puede impedir el funcionamiento del Congreso (Art. 117 de la Constitución). El Poder Legislativo continuará con su agenda prevista para hoy martes 5 de abril”. Acto seguido, invitó para la tarde del martes al Presidente Castillo a reunirse con la mesa legislativa que encabeza, para encontrar una solución a la difícil situación. De hecho, el presidente Castillo concurrió hasta el Congreso, donde se reunió con Alva y sus colaboradores, tras lo cual anunció que deja sin efecto la inmovilización social obligatoria: “corresponde llamar a la tranquilidad del pueblo peruano”, dijo sin dar mayor respuesta a la prensa que lo esperaba a la salida.

La inflación de Perú ha alcanzado su nivel más alto en 26 años y para mitigar este aumento de los precios, el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Graham, decretó este mismo martes suprimir el impuesto selectivo al consumo de las gasolinas y el diésel, lo que regirá hasta junio próximo. Pero aquello no bastó para terminar con el hartazgo de los peruanos que exigen, además, eliminar lo que catalogan como competencia desleal de los transportistas extranjeros.