Existen las condiciones para que se cumpla el tratado de extradición ítalo-chileno para conceder la entrega de los militares chilenos condenados a cadena perpetua por la Corte Suprema de Italia. Esta es la convicción del abogado Arturo Salerni, defensor de familiares de víctimas de la Operación Cóndor, quien junto al representante de las organizaciones de DDHH, Jorge Ithurburu, visitan nuestro país para conocer detalles del proceso que se desarrolla en Chile.

El juicio duró más de 20 años,  comenzó en 1998 tras la detención del dictador Augusto Pinochet en Londres, y concluyó con cadena perpetua de 24 genocidas latinoamericanos, entre los que se encuentran seis militares chilenos.

La delegación italiana visitó La Moneda y el recinto de Peldehue, lugar donde fueron llevados y posteriormente asesinados los prisioneros políticos durante la dictadura cívico militar.

Salerni indicó que en su visita al país, ha conocido el procedimiento para la extradición y es probable que en el mes de mayo la Corte Suprema pueda dar un fallo sobre los primeros tres casos.

“Creo que con una sentencia que fue construida respetando todos los derechos procesales, sobre todo el derecho de la defensa de los acusados, y considerando que son crímenes que no pueden prescribir, y dado que en Chile no existen una condena por los mismos hechos, yo pienso que están dadas todas condiciones previstas por el tratado de extradición ítalo-chileno para que esta extradición sea concedida” indicó el profesional.

Precisó que “el Estado italiano lo ha pedido con fuerza. Ha sido una de las partes en el juicio porque  (Juan) Montiglio, (Omar) Venturelli, (Jaime) Donato y (Juan) Maino eran ciudadanos italianos,  por eso la Defensoría General del Estado se apersonó en el proceso y la actual ministra de justicia, Marta Cartabia, ha preparado todos los documentos necesarios para iniciar este trámite. No son solo los familiares de las víctimas que piden que se de ejecución a esta sentencia, es todo el sistema judicial italiano que lo está solicitando”

Tamara Montiglio, hija de Juan José Montiglio, ex GAP detenido en La Moneda y ejecutado en Peldehue el 13 de septiembre de 1973, destacó el trabajo que se realizó para alcanzar la justicia que en nuestro país se les ha negado.

Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Gaby Rivera, indicó que la negación de justicia en Chile, tiene que ver con la falta de voluntad política.

“Tiene que ver con las voluntades políticas que aquí en Chile no hemos tenido. Hemos tenido que salir del país y otros, como la Corte Interamericana, se ha hecho cargo cuando no tenemos nada más qué hacer en el país. Sin embargo, escuchamos que el Estado italiano se hace cargo de sus muertos, de sus asesinados y de los derechos violados de esas personas, pero en Chile no es así”

El fallo de la justicia italiana

El fallo de la justicia italiana condenó a los genocidas por su responsabilidad en las torturas, desaparición y asesinato, en los años 70, de 43 ciudadanos latinoamericanos de origen italiano: seis argentinos secuestrados en Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil, cuatro chilenos secuestrados en Chile, y trece uruguayos secuestrados en Argentina. Además, otros 20 uruguayos secuestrados en Argentina pero cuya desaparición es atribuida a uno sólo de los imputados, el ítalo-uruguayo Jorge Néstor Troccoli, que fue miembro del servicio de inteligencia de la armada uruguaya.

Tras el fallo, la Fiscalía de Roma envió órdenes de arresto al Gobierno chileno para el ex coronel Rafael Ahumada Valderrama, el ex suboficial Orlando Moreno Vásquez y el brigadier Manuel Vásquez Chahuán, que fueron condenados por el homicidio y la desaparición de los cuerpos de los ciudadanos italianos Omar Venturelli y Juan José Montiglio.

Los militares condenados a cadena perpetua son Daniel Aguirre Mora, ex prefecto de la Policía de Investigaciones y Carlos Luco Astroza, funcionario de la PDI, quienes se encuentran en libertad.

Además, fueron condenados el ex suboficial Orlando Moreno Vásquez; el ex coronel Rafael Ahumada Valderrama; y los ex brigadieres y miembros de la DINA Pedro Espinoza Bravo y Manuel Vásquez Chahuán. Todos fueron sentenciados  por la desaparición, torturas y muerte de sus víctimas en el marco de la Operación Cóndor. Hasta el momento solo se ha pedido la extradición de los tres primeros, mientras que las de Ahumada, Espinoza y Vásquez se encuentran en proceso.