El presidente de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, Iván Sakisela, anunció por la cadena Teleamazonas haber firmado la noche del jueves 21 la solicitud formal para la extradición de Correa desde Bélgica. Pero su anuncio y la solicitud misma fueron, en definitiva, nada más que una respuesta tardía a la concesión por parte de Bruselas -apenas horas antes el mismo 21- de asilo con estatus de refugiado político a Rafael Correa, según confirmó a la agencia española de noticias Efe el abogado del ex mandatario, Christophe Marchand. En una resolución a la que tuvo acceso esa agencia y fechada el pasado 15 de abril, el Comisariado General de Refugiados y Apátridas (CGRS) de Bélgica confirmó que otorgaba a Correa la condición de refugiado político en ese país, donde ya residía desde 2017 gracias a que su esposa, Ann Malherbede, es ciudadana belga.
Correa fue condenado en ausencia por cohecho en el caso “Sobornos 2012-2016”, una trama de corrupción en la que se recibieron aportes indebidos en el palacio presidencial de Carondelet para el financiamiento irregular del movimiento oficialista Alianza País (movimiento político creado por Correa), a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a diversas empresas, entre ellas a la constructora brasileña Odebrecht. El proceso se inició con una investigación periodística de Fernando Villavicencio y Christian Zurita, denominada “arroz verde”, en alusión al color que identificaba a la Alianza País.
Marchand explicó que la solicitud de asilo se había puesto en marcha tras iniciarse en 2018 en Ecuador un proceso legal que relacionaba al ex presidente con el supuesto secuestro de un opositor en 2012, el llamado “caso Balda”. Bélgica, afirma el abogado, requirió demostrar que existía una persecución política en Ecuador en contra de Correa, para lo que aportaron “documentación sobre los casos criminales en su contra con motivaciones políticas” y “destinados a impedir su carera política”. Marchand se declaró “feliz” con la resolución de este caso, ya que, aseguró, tras 25 años en la profesión sabe “lo difícil que resulta que Bélgica conceda asilo político”.
A través de Twitter, el ex mandatario que gobernó de 2007 a 2017, reaccionó a la declaración del presidente de la Corte Nacional de Justicia de su país con las siguientes palabras: “otro papelón, lamentablemente no solo de éste (…) sino de todo el sistema judicial y del Gobierno, del cual es títere”.
En 2020, un Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia había sentenciado a ocho años de prisión por cohecho agravado en el mencionado caso no sólo a Correa sino también a Jorge Glas, su otrora vicepresidente, sentencia que incluía también la pérdida de los derechos políticos para ambos por 25 años. En la ocasión, los jueces dictaminaron que Rafael Correa conocía acerca de los “aportes indebidos” y en su sentencia se señala que se pudo comprobar que los pagos realizados por los empresarios, alrededor de 6.7 millones de dólares, eran reportados a Correa y a Glas.
En definitiva, la base de la acusación se desprende, entre otras investigaciones, de las declaraciones de dos colaboradoras del gobierno de Correa, su ex asesora Pamela Martínez y la ex asistente Laura Terán. Ambas entregaron archivos y cuadernos, revelando una trama para recaudar dineros paralelos que fueron utilizados por la Alianza País con fines políticos y proselitistas.
Pero el sentido de este proceso parece ahora quedar en nada pues Rafael Correa, uno de los referentes de la izquierda latinoamericana, permanecerá refugiado en Bélgica y, la menos por el momento, no es posible prever cuánto tiempo pueda prolongarse esta situación.
