“Desigual y Letal” se titula el último informe de Amnistía Internacional. Un insumo que nace de un análisis sobre el cumplimiento de los Estados de la región en el deber de no discriminación en torno al derecho a la salud y al derecho a la seguridad social, en su respuesta a la pandemia del Covid-19, y que revela que las graves crisis de derechos humanos por las que atraviesa América Latina y el Caribe, crearon tierra fertil para que la región se convirtiera en el epicentro del Coronavirus. 

El informe da cuenta que el impacto devastador que se registra en la región producto del Covid no es mera consecuencia no deseada de la pandemia, sino que es el resultado concreto de acciones discriminatorias e inequitativas y de omisiones de los gobiernos en la protección de los grupos históricamente marginados. 

Y es que en los datos develados por el informe, se registra que América Latina y el Caribe -que sigue siendo la región más desigual del mundo con casi la mitad del total de los ingresos concentrados en el 20 por ciento de las personas más ricas- ha soportado el 28 por ciento del total de las muertes por Covid-19 en el mundo, pese a que sus habitantes representan sólo el 8,4 por ciento de la población mundial. 

Por otro lado, desde el comienzo de la pandemia, el número de personas que viven en la pobreza extrema ha aumentado en 16 millones. Además, fue la región que tuvo el descenso más drástico del empleo durante el 2020 afectando particularmente a mujeres, jóvenes y a personas que trabajan en el sector informal.

Por otro lado Amnistía Internacional revela que casi el 60 por ciento de los niños y niñas que perdieron un curso escolar completo en el mundo estaban en América Latina y el Caribe y que 44 millones de personas pasaron a sufrir inseguridad alimentaria. 

En la presentación del informe, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, sostuvo que para comprender el impacto de la pandemia en la región, el eje de la discriminación es central. Esto considerando que las poblaciones mayormente afectadas han sido las comunidades indígenas, las comunidades negras, las mujeres y niñas en situación de pobreza y sobre todo las que viven en zonas rurales en situación de pobreza extrema. 

“Es claro determinar que efectivamente los sistemas de discriminación, muchos de ellos sistemas heredados desde una perspectiva colonial que permiten que estos sistemas de opresión sigan afectado desproporcionalmente el acceso al ejercicio fundamental de derechos de poblaciones históricamente marginalizadas, hoy están pasando un altísimo costo, una altísima factura a estas comunidades”, señaló.

Otras claves para comprender la cifra desproporcionada de muertes por Covid-19 en la región, es la inequidad en los determinantes sociales de la salud que comprende el acceso al agua potable, la alimentación, la vivienda adecuada y las condiciones de trabajo; las medidas parciales de la protección social en cuanto a la ausencia de mecanismos universales, integrales y sostenibles; la existencia de sistemas de salud con bajo financiamiento y con un gasto deficiente considerando que a excepción de Argentina y Uruguay, los países analizados gastan menos del 6 por ciento del PIB en salud pública, que es el estándar establecido por la Organización Panamericana de la Salud para alcanzar la cobertura universal de salud; y la mantención de una política fiscal inefectiva para el combate de la desigualdad. 

En ese sentido, el director ejecutivo de Amnistía Chile, Rodrigo Bustos, señaló que extendió al Gobierno una de las principales recomendaciones que emana el informe sobre implementar políticas fiscales redistributivas, entendiendo por éstas tanto las políticas de impuestos como las de gasto público, que le permitan al Estado movilizar recursos suficientes para incrementar el financiamiento al sistema de salud pública, además de erigir políticas que aborden las causas de las desigualdades en los determinantes sociales de la salud y que reduzcan la desigualdad de ingresos, entre otras prioridades.

“Realizamos recomendaciones al actual Gobierno del Presidente Boric en el sentido de avanzar hacia un sistema de financiamiento que permita llegar al 6 por ciento recomendado por parte de la Organización Panamericana de la Salud en cuanto a gasto público respecto al porcentaje del Producto Interno Bruto y también de avanzar hacia un sistema tributario que no esté basado, porque en Chile pasa lo mismo que en el resto de la región que es muy dependiente de los impuestos indirectos que finalmente son regresivos y que en vez de permitir avanzar o erradicar las desigualdades, las refuerza, las perpetúan. También creemos por lo tanto que necesitamos avanzar hacia un sistema tributario más equitativo”.

En su alocución Bustos aseveró que las violaciones a los derechos como el derecho a la salud no son por azar sino por decisiones de las autoridades del Estado que favorecen o no a ciertos sectores de la población y que han llevado a Chile a desigualdades estructurales. En ese sentido, dijo tener esperanzas en que el derecho a la salud y otros derechos fundamentales queden plasmados en la nueva Constitución.

“Amnistía Internacional es una organización que no es neutra frente al proceso constituyente que está viviendo nuestro país y no somos neutros ante normas que se han ido aprobando y que valoramos de manera muy fuerte y entre ellas, por ejemplo lo que tiene que ver con el derecho a la salud. Con respecto a lo que se ha ido discutiendo y aprobando en el pleno, es una norma que precisamente va en contra de un sistema sálvese quien pueda, establece la universalidad, establece la relevancia de considerar las determinantes sociales y ambientales para garantizar la salud de las personas, el enfoque de género, la pertinencia cultural, las múltiples discriminaciones existentes en nuestro país”, valoró.

En cuanto al diagnóstico de Chile, el informe revela que a pesar de población relativamente pequeña, el país tiene de las muertes por millón de habitantes más altas de la región, registrando un total de 2,111 a febrero del 2022; que el gasto público en salud es sólo una tercera parte del promedio de la OCDE; que el número de camas hospitalarias por cada 1000 habitantes es la mitad del promedio del mismo organismo internacional y que el número de UCI es incluso menor que varios países de la región que invierten menos en salud.

Para revisar el informe “Desigual y Letal” de Amnistía Internacional, hacer clic en el siguiente enlace.