Después de 12 días de movilización, el domingo recién pasado los 75 trabajadores que tenían tomada la planta de Bocamina II levantaron la huelga tras llegar a un acuerdo con Enel Green Power, con la intermediación de la Seremi de Trabajo y de Energía de la Región del Bío-Bío.

“Logramos nuestras principales reivindicaciones, que incluyen exámenes médicos para detectar metales pesados en la sangre y la reubicación laboral” explica Sergio Henríquez, presidente del sindicato de la empresa contratista IMA y vocero de la protesta.

El cierre de la central a carbón está fijado para el próximo 31 de mayo y los trabajadores de las contratistas vienen pidiendo hace ya al menos dos años garantías laborales e igualdad de condiciones con los contratados directos de Enel. La mesa de trabajo que se abrirá con Enel y el Estado “es un importante avance, porque la empresa siempre fue muy cerrada al diálogo” continúa Henríquez.

Después de diez días de paralización de la central sin respuestas, el jueves pasado un trabajador inició una huelga de hambre como medida de presión y se levantaron barricadas frente a los ingresos de la planta. James Lee Stancampiano, gerente general de Enel Generación, reaccionó el sábado 23 declarando que “la situación está completamente fuera de control” y la empresa sacó un comunicado donde responsabiliza los manifestantes por las acciones judiciales que solicitó en su contra “para garantizar el orden público y la seguridad del suministro”.

Exámenes médicos para los trabajadores

El pedido de los trabajadores de realizar exámenes médicos para conocer su real condición de salud después de años de exposición a los agentes contaminantes de Bocamina no es nuevo. La Comisión especial investigadora de los actos de gobierno en relación con la contaminación ambiental que afecta la comuna de Coronel, constituida por la Cámara de Diputados en 2019, sacó un informe en septiembre del año pasado donde se solicita la realización de exámenes especializados a los trabajadores de la termoeléctrica para determinar si padecen enfermedades que tienen relación con su funciones. En las conclusiones del informe se exige además un protocolo que regule el programa de vigilancia por exposición a asbesto, se solicita un proyecto de ley para hacer frente a la contaminación de Coronel, así como normas de calidad del agua y del suelo que limiten la presencia de metales pesados.

La larga lista de requerimientos que cierra el documento de la Comisión es un resumen de las luchas que los habitantes y trabajadores de Coronel llevan adelante hace años para obtener pruebas médicas de la exposición a las enfermedades que sufren por la contaminación y con estas pruebas exigir desde las indemnizaciones hasta el desmantelamiento de Bocamina.

Este tipo de exámenes se realizaron por primera vez hace una década, a petición de los trabajadores tras el violento terremoto del 27 de febrero de 2010, que había abierto grietas en el revestimiento de la planta dejando en evidencia el asbesto utilizado como aislante. En esa primera ocasión, las radiografías mostraron en un solo caso placas pulmonares, que pueden convertirse en fibrosis y luego en asbestosis o cáncer. Sin embargo, cuando Oscar Vega Torres murió por mesotelioma en marzo de 2013, sus compañeros volvieron a protestar. Oscar había trabajado en Endesa desde 1969 y llevaba años en la planta de Bocamina I. La empresa se vio obligada a desarrollar un programa de vigilancia médica en relación al amianto en todas sus centrales eléctricas en Chile, los resultados mostraron 32 casos con placas pleurales, el 13% de los 255 trabajadores examinados. De ellos, la mayoría eran de Bocamina.

Asbesto y metales pesados

El uso del asbesto está prohibido en Chile desde 2001, pero su retiro de la termoeléctrica de Coronel se realizó recién entre agosto de 2014 y mayo de 2015, como parte de las mejoras impuestas a Endesa por un fallo de la Corte de Apelaciones en relación a otra fuerte protesta, realizada por los pescadores,  donde el tribunal llegó a paralizar la planta por daño ambiental en la bahía de Coronel.

El 20 de mayo de 2015, Gonzalo Bulnes, de 31 años, también falleció en el hospital de Concepción, con un diagnóstico de neumonía, tras trabajar para Akeron CAF, la empresa contratista encargada de retirar el amianto de Bocamina. Al menos otros 30 trabajadores que habían realizado el mismo trabajo tenían problemas respiratorios. Fue entonces cuando se formó la organización de los Trabajadores Unidos Contra el Asbesto (TUCA), para denunciar la falta de protección adecuada en el manejo del material cancerígeno.

Los TUCA lograron demostrar los incumplimientos de Akeron CAF, que fue multada en septiembre de 2015 por exponer la salud de sus trabajadores, junto con Endesa (ya en manos de la italiana Enel) y la Mutual de Seguridad por su responsabilidad en las infracciones y falta de controles. Otras multas llegaron a las tres entidades en noviembre de 2016, tras un nuevo sumario.

“Lo absurdo es que la Seremi de Salud estableció las sanciones, pero no ordenó la paralización de la planta para sanearla, y estaba claro que la ausencia de protocolos había dejado amianto en la planta”, explica Omar González, quien con los TUCA sigue en la batalla por la salud de los trabajadores hasta el día de hoy. “Si el amianto es una sentencia de muerte” sigue contando “también sabemos que ataca 20 años después, mientras los trabajadores ya se estaban muriendo cuando empezamos a organizarnos”.

Además del asbesto, en el aire de Coronel se registran distintos metales pesados en cantidades por sobre los estándares internacionales. Aquí es donde la lucha de los TUCA converge con la de los trabajadores que siguen en la planta. “Siguieron trabajando en un ambiente contaminado y se siguen enfermando” afirma Omar González, interrumpido por la tos. Siempre le pasa cuando habla mucho, los ataques de tos le llegan en ciclos de 15-20 minutos desde hace cuatro años. Obtuvo una pensión con la que puede comprar los medicamentos necesarios para sus pulmones, pero es el único que pudo demostrar que su enfermedad es de origen laboral, los demás no fueron reconocidos.

Contaminación ambiental

Cuando, en 1970, la entonces Empresa Nacional de Energía (Endesa), construyó Bocamina, nadie se preocupaba de que los residuos de la combustión fueran llevados por el viento hasta el borde costero.

A finales de los Noventa recién se instaló un vertedero para las cenizas del carbón al lado de la termoeléctrica, pero quedaba a rajo abierto y a menos de un kilómetro de la zona residencial.

Cuando se aprobó la ampliación de Bocamina en 2007, la autorización emitida por la Comisión Regional de Medio Ambiente (COREMA) – en los años siguientes en el centro de distintas polémicas sobre el desempeño de sus funciones – no consideraba los residuos del vertedero de cenizas peligrosos para la salud, y tres años después, el mismo organismo autorizó a la empresa a ampliarlo.

Entre 2008 y 2012, cuando entró en funcionamiento Bocamina II, empezaron varios conflictos relacionados a la planta, principalmente por dos razones: por un lado, los pescadores y las orilleras se levantaron por el daño ambiental y la contaminación que provocan la central termoeléctrica y el vertedero de cenizas; por otro lado está la lucha por la salud de los trabajadores. Las dos vertientes del conflicto se entrelazan en varios puntos en el largo camino por la justicia de los habitantes de Coronel.

En 2018 estalló el caso de la escuela Rosa Medel, donde se detectaron metales pesados en las muestras de 14 niños; el último estudio toxicológico, dirigido a la población adulta, tiene nuevamente como objetivo determinar los niveles de plomo y arsénico en la sangre, mientras que un análisis del polvo de los entretechos en las viviendas de Coronel fue publicado en marzo de este año: además del arsénico, se detectaron níquel, cobre, cromo y zinc por encima de la norma, todos ellos identificados como metales pesados que no se encuentran normalmente en la naturaleza, sino que son introducidos por actividades industriales, como las presentes en Coronel.

Los trabajadores que tomaron la planta de Bocamina lograron que Enel se siente a una mesa de trabajo para negociar las condiciones del cierre definitivo de la planta, “pero la contaminación y las enfermedades presentes en Coronel necesitan también de otras soluciones” evidencia Sergio Henríquez, como vocero de la huelga. La empresa nunca reconoció sus responsabilidades sobre un territorio que ya en 2014 fue declarado por decreto “zona saturada”, parte de un plan de descarbonización que nunca se llevó a cabo, y que hoy se sigue identificando como una zona de sacrificio.

Pero a pesar del compromiso del cierre para el próximo 31 de mayo, la seremi de Energía del Biobío, Daniela Espinoza, indicó que aún no hay claridad respecto a la clausura.

Espinoza indicó que la determinación la adoptarán considerando “las proyecciones de demanda, de oferta de energía, cuántas centrales tenemos disponibles, cuáles son los proyectos de generación”.

Los dichos de la autoridad regional abrieron nuevamente la incertidumbre en la comunidad de Coronel que espera el cierre de la cuestionada central por los efectos que ha provocado en la salud de la población.