“Si bien los Estados tienen el deber de investigar y perseguir los actos de corrupción, así como mantener informada a la población especialmente cuando se trata de un expresidente del Gobierno, estas acciones deben llevarse a cabo de una manera justa y respetando las garantías del debido proceso”, indicó Arif Bulkan, miembro del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas este jueves. El alto órgano internacional ratificó así que Lula fue privado de sus garantías legales y constitucionales durante los procesos penales incoados en su contra por corrupción, aunque éstos, finalmente, resultaran desestimados por la propia justicia brasileña, precisamente porque fueron parciales.

El ex presidente Lula da Silva fue encausado por el juez federal en lo Penal Sergio Moro en 2016, en el marco de la macro investigación denominada ‘Lava Jato’, que destapó una trama de corrupción entre la gigantesca compañía estatal Petrobras, varias constructoras privadas -una de ellas Odebrecht- y políticos brasileños, con el objetivo de  obtener ilegalmente fondos para  campañas políticas. Posteriormente, el juez Sergio Moro sería nominado por el actual presidente Jair Bolsonaro como ministro de Justicia en su primer gabinete.

Según la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el derecho de Lula a ser juzgado por un tribunal imparcial fue simplemente pasado por alto, del mismo modo que sus derechos políticos y su derecho a la privacidad, recuperados en 2021  después que las sentencias fueran anuladas. Durante la investigación, Sergio Moro cometió una serie de irregularidades que manifestaban un sesgo inequívoco: aprobó una solicitud del fiscal para intervenir los teléfonos de Lula, así como los de su familia y su abogado; después, filtró el contenido de esas escuchas a la prensa, a la que informó también de una orden de detención para interrogar a Lula antes siquiera de haber avisado al propio ex presidente y antes de formular formalmente cargos en su contra. Tal orden también fue filtrada a la prensa, dando lugar a fotografías de Lula que lo hacían aparecer como si ya estuviese arrestado.

Después de esos abusos, en julio de 2017, el juez Moro condeno a Lula a nueve años de cárcel, aunque la prisión no se hizo efectiva sino hasta abril de 2018. La condena contra Lula da Silva fue acompañada de su inhabilitación como candidato a la elección  presidencial del 7 de octubre, precisamente cuando era el candidato favorito de las encuestas. Ello, debido a que el Tribunal Superior Electoral rechazó su candidatura a los comicios presidenciales por estar encausado. Finalmente, sin Lula en carrera, la elección fue ganada por el ultraderechista presidente actual. Como si lo anterior no hubiese sido suficiente, en enero de 2018, el Tribunal Regional Federal extendió su  condena a doce años.

Ver a su líder marchar a la cárcel fue extremadamente duro para el Partido de los Trabajadores así como para la izquierda brasileña. Más duro aún cuando, casi un año más tarde, en marzo de 2019, Arthur da Silva, uno de sus pequeños nietos, de 7 años, fallecía por meningitis meningocócica en un hospital de Sao Paulo y el ex mandatario debió interponer un recurso ante la justicia para poder asistir -desgarrado- a su funeral. La muerte de Arthur se produjo apenas un mes después de que falleciera el hermano mayor del ex presidente, Génival da Silva, luego que un tipo de raro de cáncer afectara sus vasos sanguíneos. En esa ocasión, las autoridades de prisiones no le autorizaron la salida a tiempo para alcanzar al funeral del hermano.

Sin embargo, en 2021 el Tribunal Supremo Federal anuló la sentencia debido a la falta de competencias del tribunal de Curitiba donde Sergio Moro llevó el proceso, así como por la parcialidad en la que incurrió éste, quien dirigió incluso la actuación de los fiscales durante la causa.

Por último, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sostiene ahora que a pesar de que el Supremo anuló la condena y el encarcelamiento de Lula, aquello no fue suficiente para reparar el daño causado, puesto que se violó su derecho a la libertad, a la privacidad, a un juicio justo e imparcial, así como a presentarse a un alto cargo político de elección  popular donde sería, casi con certeza, el vencedor.