El Consejo Superior Laboral (CSL) constituido el jueves, está lejos de ser una instancia donde se impulsen las grandes transformaciones laborales que exige el movimiento sindical. Ésta es la reflexión que hace el experto y académico de la Facultad de Derecho de la UDP, José Luis Ugarte, al analizar la apuesta que hace el gobierno al reinstalar un órgano surgido durante la reforma laboral impulsada por la administración de Michelle Bachelet.

Las razones que da Ugarte se basan en que los temas a tratar serán marginales y no los que hace más de 30 años esperan los trabajadores como la negociación colectiva o el derecho a huelga que deben ser materia de ley. Por ello, sostiene que el Ejecutivo debe acelerar la agenda legislativa y darle prioridad a proyectos como el que establece la jornada laboral de 40 horas semanales entrampado en el Congreso Nacional.

La nueva directiva del CSL será presidida por Silvia Silva, dirigenta nacional de la CUT, y el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) Juan Sutil, en la vicepresidencia del organismo.

El juicio que tiene el experto sobre esta instancia de diálogo tripartito es categórico. “Desde tiempos inmemoriales han existido los consejos laborales. Lo hizo la Presidenta (Michelle) Bachelet, está en una ley, pero siempre trata materias marginales, porque en los tópicos relevantes que importan a los trabajadores no hay acuerdos y eso lo sabemos todos. Por lo tanto, en mi opinión, ahí se va a perder un poco el tiempo si se pretende que surjan las grandes transformaciones” dijo Ugarte.

El abogado afirmó que “lo que importa es que el Gobierno presente los proyectos de ley en el Congreso, que es donde se va producir el debate genuino”

De ahí que surgen dudas sobre la relevancia que puede tener este Consejo frente a las demandas históricas que tiene el movimiento sindical como negociación colectiva, derecho a huelga, entre otros.  Al respecto, Ugarte expresó: “¿Es relevante para las transformaciones el Consejo? En absoluto. De ese consejo no van a salir las transformaciones porque ahí no hay acuerdos. El mundo empresarial chileno no está de acuerdo con los cambios que se prometieron a los trabajadores que son: devolverle el poder a los sindicatos y la negociación colectiva multinivel que es el corazón de la propuesta de gobierno de Boric”

Insistió en que la gran propuesta del programa de Boric “era devolverle a los trabajadores la herramienta de sindicalización colectiva, particularmente multinivel o ramal en su gobierno. Ahora en ese objetivo central transformador, este consejo no tiene mayor importancia”.

No obstante, el experto en temas laborales afirmó que de todas maneras se puede avanzar en iniciativas legislativas y no esperar a que los temas relevantes sean parte de la nueva Constitución Política.

“La idea que solo se puede avanzar una vez que la Constitución se apruebe es falsa, porque desde ya se pueden impulsar mejores herramientas sindicales y negociación colectiva en la empresa que es lo que hoy día está constitucionalmente admitido. Hay cuestiones por modificar que se incluyeron en las propuestas, por ejemplo los servicios mínimos en el derecho a huelga; mejorar las normas como negociación colectiva en la empresa que quedaron mal desde la reforma de Michelle Bachelet. O sea, en ese espacio se pueden hacer avances. Lo que puede ir a posterior es la negociación ramal, pero hay niveles en los cuales ya se podría mejorar”

Es decir, el Gobierno podría, y los trabajadores lo esperan, que se comience a avanzar en esos temas y no esperar a una nueva constitución, puntualizó Ugarte.

Por ello, el experto  indicó que en el contexto de discusión constituyente, es evidente que el Gobierno debería presentar la negociación ramal con un proceso participativo que involucre al movimiento sindical.

La propuesta está hecha, indicó. “La propuesta que hizo Boric a los trabajadores es la más ambiciosa desde el retorno a la democracia. Por lo tanto, no se conforma con cambios cosméticos como los que hemos visto ahora y supongo que el Gobierno estará preparando esa agenda legislativa”. Lo que corresponde ahora “es ver si hay voluntad de cumplirla”, acotó finalmente José Luis Ugarte.