Tan solo restan unos pocos días para que comiencen su trabajo las comisiones de Preámbulo, Armonización y Normas Transitorias, de cara a la recta final del proceso constituyente.

Esta semana finalizaron los plenos respecto de la revisión de normas permanentes y las comisiones temáticas desarrollaron la votación de las propuestas de disposiciones transitorias, las cuales supondrán el puente con que se avanzará de la actual a la nueva Constitución, de ser ratificada en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

No obstante, en el caso de la comisión de Derechos Fundamentales, llamó la atención una norma transitoria impulsada por el convencional del Frente Amplio, Roberto Celedón, que apunta al levantamiento del secreto de la Comisión Valech, la cual fue aprobada por 17 votos a favor y 15 abstenciones.

Esta establece que “la Constitución reconoce el derecho de todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos, cometidas durante el período de la dictadura (1973-1990), a sus descendientes o representantes legales el acceso a la justicia, el derecho a la verdad, la memoria y la prohibición de la impunidad de los perpetradores”.

En esa línea, añade que “la ley número 19.992, que en su artículo 15 declara el embargo de 50 años de los documentos, testimonios y antecedentes aportados a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, es, por tanto, contraria a los principios y derechos reconocidos en esta Constitución”.

Por ello, plantea que “dicha disposición, que prevé el embargo, se deroga ipso facto. Asimismo, se garantiza el derecho de los tribunales de justicia y auxiliares de justicia a acceder a esta información para dar cumplimiento a estos propósitos.

Finalmente, señala que “sin perjuicio de lo anterior, se reconoce el derecho de los descendientes o representantes legales de las víctimas de estas violaciones a mantener el secreto si así lo manifestaren ante el organismo que tenga bajo custodia dicha información”.

El abogado de derechos humanos, Nelson Caucoto, valoró la iniciativa y enfatizó en que la verdad merece ser conocida por la población. “Todo lo que se haya reunido en la Comisión Valech como información proporcionada por las víctimas o cualquier otro actor de las graves violaciones de los derechos humanos es una información que le corresponde a Chile. Así lo ha reconocido también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha señalado que esto no pertenece a segmentos ni a estratos de una población, sino que pertenece a toda la sociedad, porque es lo que inspira el derecho a la verdad, a la información”.

Por lo mismo, respaldó el hecho de que “en la Carta Fundamental se establezca que no existan secretos respecto de una información histórica. Eso es lo sano y el principio básico que debe existir en Chile de aquí hacia el futuro. Tenemos que aprender de las violaciones de los derechos humanos, para construir el ‘nunca más’, y una forma de ayudar a una política de no repetición es precisamente dando a conocer las atrocidades que cometió la dictadura, que se mantienen ahí reservadas yo diría inadecuadamente”, puntualizó.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, sostuvo que la medida “es un acto reparatorio que realmente va más allá de las víctimas” y cuestionó al expresidente Ricardo Lagos– en cuya administración se instauró dicha comisión- puesto que “impuso 50 años de silencios, de secretos, de impunidad a aquellos que torturaron a los expresos políticos, a los sobrevivientes de tortura, por lo cual se impedía el derecho que tienen las víctimas a la defensa de buscar la verdad de la justicia y que los culpables respondan”.

En ese sentido, la dirigente consideró que la norma “queda como un precedente para que nunca más se vuelvan a invisibilizar el daño que sufren las personas cuando el Estado viola sistemáticamente los derechos humanos como en fue en dictadura o en el gobierno de Sebastián Piñera”.

El director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, expresó que el país “al igual que los demás Estados está obligado a generar información sobre las causas de los hechos referentes a graves violaciones de derechos humanos y a poner a disposición de los tribunales esos antecedentes relacionados con esas circunstancias y condiciones, la identidad de sus responsables y el paradero de las víctimas cuando se trate de desapariciones forzadas”.

Mientras la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Lidia Casas, manifestó que “a mí me parece interesante que se discuta en una norma transitoria; sin embargo, es curioso que esto aparezca allí cuando, en estricto rigor, el levantamiento del secreto para la Valech no es ni debiera nunca haber sido materia de un debate constitucional, eso es materia de ley”.

Tras la aprobación de la iniciativa, queda pendiente su revisión en la comisión de Normas Transitorias, que comenzará a sesionar a partir del próximo 17 de mayo.