En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el director de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, se refirió a la cuenta pública presidencial y a los desafíos que debe enfrentar el Gobierno en materia de derechos humanos.

Respecto del trabajo que ha hecho el Gobierno en este tema durante los primeros meses de su mandato, el abogado señaló que “desde Amnistía Internacional señalamos el pasado 11 de marzo que el gobierno anterior había dejado un legado sombrío en materia de derechos humanos y que le pedíamos a las nuevas autoridades que tuvieran el marco de los derechos humanos como una prioridad y que se hicieran cargo de la enorme deuda que tiene el Estado de Chile, especialmente respecto de las graves y generalizadas vulneraciones que se cometieron en el contexto del estallido social”.

En esa línea, el director de Amnistía Chile agregó que “hace pocas semanas tuvimos algunos anuncios por parte del Gobierno en materia de reparaciones con el diseño de un plan de trabajo, pero por cierto, hoy esperamos anuncios concretos en una serie de temas vinculados a esas graves violaciones a los Derechos Humanos y en otras materias en las que el país está al debe“.

Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de cuáles deberían ser esos anuncios, el abogado especialista en derechos humanos recalcó que “respecto de lo que fueron las graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social el Estado de Chile tiene obligaciones relacionadas con verdad, justicia, reparación integral a las víctimas y también con garantías de no repetición y ahí el Estado está bien al debe en material de justicia”.

Al respecto el jurista detalló que “de las 10.796 denuncias que se produjeron por esas violaciones solo hemos tenido 9 sentencias condenatorias y si bien eso tiene que ver con el sistema de justicia, el Estado de Chile no ha reforzado áreas clave como el Servicio Médico Legal y la Brigada de DD.HH. de la PDI, por lo tanto, sería importante tener información concreta y precisa respecto de cómo se va a reforzar el sistema de justicia para avanzar con esas investigaciones”.

Además, Rodrigo Bustos agregó que “hay una garantía de no repetición en la que Amnistía Internacional puso énfasis desde los inicios del estallido social que es una reforma estructural y profunda a Carabineros de Chile entonces esperamos que hayan anuncios en esa materia”.

Respecto de este tema, el profesional señaló que “cualquier Estado democrático de derecho requiere de una policía moderna, eficiente, que contribuya a la seguridad de las personas, pero lo que tenemos en Chile ha sido deficiencias respecto del rol que le corresponde a las policías para prevenir delitos y que además ese rol se apegue a los tratados internacionales de los derechos humanos”.

Por lo mismo, Rodrigo Bustos afirma que “nosotros lo que hemos señalado es que se requiere un cambio de paradigma, de doctrina de esta institución que no ha tenido reformas profundas desde el año 1990 y, por lo tanto, se requiere de ese cambio de doctrina, un cambio en la formación y que haya un mayor control del poder civil respecto de Carabineros de Chile”.

Sobre la situación de los presos de la revuelta, el director de Amnistía Chile sostuvo que “hemos señalado de forma permanente que no se puede criminalizar la protesta social y lo que tuvimos durante el estallido social, si bien hubo hechos de violencia y delitos, fue un uso indiscriminado de la prisión preventiva, la utilización de la Ley de Seguridad Interior del Estado, que es una norma muy cuestionable en materia de DD.HH. porque vulnera el debido proceso, y casos donde las investigaciones han sido declaradas nulas por existir infracciones graves respecto de las formas en las que se debe producir la prueba”.

En ese sentido, el abogado expresó que “aquí el Estado de Chile en su conjunto debiera enfrentar este problema y el Ejecutivo debería avanzar tanto con el sistema de justicia como el legislativo para terminar con esta situación que a nuestro juicio han sido vulneraciones a los Derechos Humanos de una parte importante de los denominados presos de la revuelta”.