Múltiples críticas suscitó la liberación del director Nicolás López del Centro de Detención Provisoria (CDP) de CasaBlanca, recinto que alberga a cerca de 66 reclusos donde el cineasta alcanzó a estar cuatro días luego que la Corte Suprema acogiera este 1 de junio un recurso de amparo esgrimido por su abogada defensora, Paula Vial. Antes la jurista, quien fue la primera mujer en asumir el cargo de Defensora Nacional (2008-2011), logró que López fuera trasladado al CDP de la región de Valparaíso desde el penal de Santiago 1, donde ingresó el pasado 20 de mayo a cumplir la medida cautelar de prisión preventiva tras ser condenado a cinco años y un día de cárcel efectiva por cometer dos abusos sexuales.

Si bien las razones por las que la Corte Suprema dejó al director de “Promedio Rojo” con arraigo nacional, firma mensual y prohibición a acercarse a las víctimas, y ya no en prisión preventiva, están en absoluta regla, el caso ha sido considerado como un ejemplo de la “justicia de clases” que opera en el país. 

Al respecto el abogado de Derechos Humanos y académico de la Universidad de Chile, Franscisco Bustos, extendió su preocupación respecto a como el último capítulo del caso del cineasta “alimenta la percepción de la justicia de clase”, idea en la que abundó en conversación con nuestro medio, señalando que la crítica debe comprenderse en un contexto de reiterado abuso de la prisión preventiva. Así también indicó que su reparo no apuntó en particular al máximo tribunal.

“La idea de justicia de clase yo la tomé porque es el título de un pregunta que en algún minuto se hiciera el jurista Eduardo Novoa Monreal sobre la aplicación desigual que tiene la ley, por un comportamiento diferenciado cuando existen delitos de personas poderosas y por otro lado de personas con menos poder. Ahora la crítica no va dirigida a la Corte Suprema, yo creo que el fundamento del voto de mayoría tiene razones detrás y es hoy probablemente el Tribunal más garantista y que tiene más respeto a los tratados de derechos humanos dentro del sistema, sino que mi crítica o mi punto es que debe preocuparnos esta percepción de que la ley no se aplica de manera igualitaria”, sostuvo.

En lo cotidiano, Bustos reconoció que hay hechos con los que se puede constatar un problema general de desigualdad en el acceso a defensa, pero “no tanto en el ámbito penal”, indicó, sino que “en otras áreas donde las personas de escasos recursos son defendidas por Corporaciones de Asistencias Judiciales, las defienden muchas veces estudiantes, muchas causas donde no reciben sueldo”.

Ahora bien, relevó el hecho de que esta problemática no se puede imputar a una causal o a un Tribunal en particular. Esto considerando además que la Corte Suprema fue la misma que dio cuenta de la infracción de garantías en el caso del incendio al Hotel Principado de Asturias, absolviendo a los imputados Benjamín Espinoza y Matías Rojas. 

“Pero claro, pasaron dos años en prisión preventiva y ahí uno tiene que preguntarse qué es lo que pasó con los Juzgados de Garantía que no advirtieron esto, con el Tribunal de Juicio Oral, en su caso con las Cortes de Apelaciones cuando revisaron las cautelares, con el Ministerio Público que también si bien no es parte del Poder Judicial tiene también una deuda importante en el sentido de las denuncias que existen por la impunidad de los casos de violación a los derechos humanos, posterior al 18 de octubre, entonces, creo que es un cuadro muy complejo en el que es difícil encontrar una o dos explicaciones”, afirmó.

Lo que amerita el escenario, bajo el parecer del abogado, es no caer en conclusiones apresuradas ante la indignación entendible que provoca la resolución de la Corte Suprema en el caso de López y en lugar de ello, promover el desarrollo de estudios claros sobre el tema, a la luz de los informes internacionales que han mostrado algunos primeros resultados, “como el de la Comisión Interamericana del año 2022 y otros que muestran eso que decíamos, el abuso de prisión preventiva en algunos casos, muestran que no se han investigado delitos cometidos por agentes del Estado, entre otros”. 

En el borrador de la nueva Constitución, el artículo de derecho a la justicia mandata al Estado a “remover los obstáculos sociales, culturales y económicos que impidan o limiten la posibilidad de acudir a los órganos jurisdiccionales para la tutela y el ejercicio de sus derechos”. Abordando este punto, Bustos señaló que los impedimentos en el acceso a la justicia son múltiples y entre ellas cuenta el poder adquisitivo sobre todo en materias civiles.

“El sistema de Corporaciones de Asistencias Judiciales más allá de que puedan haber postulantes muy aguerridos, muy comprometidos, es una verguenza. Digamos, el acceso a la justicia no puede depender de estudiantes que son supervisados por un abogado sino que cada persona debiera designársele un abogado o un equipo de abogados, sea que el Estado pague Defensorías, que el Estado pague abogados particulares, pero creo que el sistema de Corporaciones hoy es un consenso que debe cambiar, más allá del funcionamiento de ciertas oficinas”.

Otro factor que adicionó a la problemática es el costo del tiempo que toman muchos procesos judiciales y la consecuencia que esto tiene en las partes más desfavorecidas del conflicto.

“Por ejemplo si hay una gran empresa que está negociando con un sindicato y ahora por ejemplo en ocasión de la pandemia el juicio se demora muchos años más, la empresa puede esperar, pero todo el tiempo probablemente fuerce a que el sindicato o el trabajador quiera llegar a un acuerdo rápido pero por menos dinero entonces también un buen sistema de justicia debe atender a la posición en la que está una persona en particular y cómo el tiempo lo afecta”, consideró.

También, se refirió a las brechas que se presentan para personas originarias de otras culturas y que maneja otros idiomas. Ellas “debieran tener apoyo sea consular, debieran tener apoyo eventualmente de interpretes en todo tipo de proceso”, aseveró.

“Yo creo que hay muchos factores. Ahora, pienso que los Tribunales de Justicia están tomando en cuenta muchos de ellos y el Poder Judicial tiene una oficina de género a cargo de una ministra muy dedicada, Andrea Muñoz, y creo que también el Gobierno, el ministerio de la Mujer, la ministra Orellana, notan que existen muchas de estas problemáticas. pero sin duda hay factores de posición económicas, de acceso a la información, temas de costo de tiempo, temas de desigualdad estructural y para eso tiene que haber cambios en todo el sistema para poder resolverlo”, sostuvo al respecto.