A comienzos de esta semana el director ejecutivo del canal de televisión La Red, Víctor Gutierrez, renunció a su cargo después de dos años al mando del medio de comunicación. Su liderazgo fue reconocido principalmente por el cambio en la línea editorial que llevó a incluir en la agenda de contenido del canal opiniones y posturas políticas que no suelen verse en los canales tradicionales.

A su vez, el canal perteneciente al Grupo Albavisión, conglomerado de casi 50 estaciones televisivas en toda América Latina, enfrenta una huelga de trabajadores y trabajadoras debido al continuo atraso en el pago de las remuneraciones y de las cotizaciones de sus más de 200 empleados.

Tras la compleja situación, la diputada y periodista Nathalie Castillo, manifestó que el sector de las comunicaciones siempre ha sido precarizado desde la perspectiva de la seguridad laboral y seguridad social. Castillo lamentó la situación de los y las trabajadoras del canal especialmente porque ha sido un medio muy bien evaluado por la ciudadanía, apropósito de los cambios que tuvo luego de que Gutierrez lo lideró.

“Cuando tenemos un cambio de línea editorial, un giro respecto a la producción de contenidos y que también le hacen mucho sentido a la ciudadanía, nos vemos enfrentados a este tipo de situaciones en que los avisadores y avisadoras se retiran de espacios que para sus propios intereses no son de todo su gusto”, sostuvo la diputada.

En ese sentido, la ex presidenta del Colegio de Periodistas reconoció que los medios de comunicación, específicamente los de televisión, homogeneizan la agenda y los contenidos, lo cual resulta en que las mismas noticias se replican en todos o casi todos los canales. Asimismo, señaló que la ciudadanía ha planteado en las distintas manifestaciones y movimientos sociales de las últimas décadas la necesidad de mejores contenidos audiovisuales y escritos que den cuenta de la realidad nacional.

Un ejemplo de aquello fue cuando a finales de 2019 en el contexto de la crisis social, quedó reflejada la criminalización del movimiento y manipulación del poder político y económico en el contenido televisivo. Entonces, los medios tradicionales se dedicaron principalmente a difundir los destrozos y desmanes a lo largo del territorio que si bien en gran parte eran ciertos, no eran el foco de la discusión y tampoco reflejaban las legítimas demandas de la ciudadanía.

En ese contexto La Red, canal de televisión perteneciente a una transnacional, demostró independencia del conflicto y colaboró a difundir la variedad de voces e imágenes de aquella importante situación para el país.

Sobre el punto, la parlamentaria mencionó que el conflicto de intereses que existe entre la propiedad privada y los medios de comunicación chilenos ha sido analizado y diagnosticado por diversos académicos, personas del mundo de las comunicaciones y el propio Colegio de Periodistas. “Habla de que los dueños y dueñas de los medios de comunicación en nuestro país también son dueños del retail y dueños de los grandes holdings empresariales financieros, de la banca”, detalló.

La periodista explicó que aquello es lo que produce que las y los televidentes terminen viendo contenido en función de la publicidad. Además, destacó que debido a los intereses políticos y económicos de los dueños de las grandes empresas de medios de comunicación, es que la agenda comunicacional se ha visto pauteada en los últimos 30 años por una lógica binominal de izquierda y derecha, al menos en cuanto a la coyuntura política.

De esa manera, Castillo argumentó que no se ha generado la visión de otros actores importantes. “Es necesario potenciar un nuevo sistema de medios públicos donde todos y todas podamos tener acceso a la comunicación de diversos tipos, sin censura y con la pluralidad y diversidad que tiene nuestro país”, expresó.

Por otro lado, respecto al rol que debería cumplir el Estado en cuanto a los medios de comunicación, la diputada sostuvo que es importante que hoy el Gobierno tenga una postura y propuesta clara acerca de los avisajes estatales. “La discusión debe desarrollarse en función de cómo esa torta se distribuye de manera equitativa a todos los medios de comunicación y no se concentre en los dos grandes medios hegemónicos como es Copesa y El Mercurio”, enfatizó.

La periodista opinó que es el Estado la entidad capaz de regular el derecho a la comunicación, pero fue categórica al especificar que eso no quiere decir que al intervenir en la legislación y promoción de medios, tendría injerencia en las líneas editoriales y manifestó que “eso no es democrático y no va a suceder”.