Basándose en la ley de extradición vigente entre el Reino Unido y Estados Unidos, Patel firmó dicha orden porque para el gobierno de su país no existen razones para prohibir que sea ejecutada. Allí se detalla también que la justicia británica “no vio un riesgo de abusos, de un tratamiento injusto u opresivo contra Assange en el ámbito del proceso de extradición, o que en Estados Unidos pueda sufrir un proceso incompatible con sus derechos humanos, como el derecho a un juicio justo o a su libre expresión”.
Pero no hay que perder de vista las razones por las que lo requiere Estados Unidos. La acusación es haber contribuido a difundir documentos reservados sobre crímenes de guerra cometidos por las fuerzas estadounidenses en Irak y Afganistán. Así de sencillo. La Justicia estadounidense quiere sentar a Assange en el banquillo de los acusados por la publicación a partir de 2010 de unos 700.000 documentos diplomáticos y militares secretos, relacionados principalmente con las guerras dirigidas por Estados Unidos en Afganistán e Irak, desnudando la intromisión de la Casa Blanca en otras naciones, violaciones a derechos humanos, crímenes de guerra, entre tantos otros.
Más allá de tales denuncias, el caso de Assange en sí se ha convertido en una emblemática bandera de lucha para los defensores de la libertad de expresión. Alrededor del mundo, miles de manifestantes han abogado por su liberación, argumentando que WikiLeaks tiene los mismos derechos que otros medios a publicar material secreto, si se considera de interés público. Desde luego que el gobierno de EE.UU. tiene otra visión: para Washington, el australiano no es un periodista sino un pirata informático y la divulgación de documentos sin editar que realizó habría supuesto poner en peligro la vida de sus informantes, según afirma. Como es sabido, si Assange es extraditado podría ser condenado a un máximo de 175 años, aunque la sentencia exacta es difícil de calcular. No obstante, abogados estadounidenses han afirmado que la pena más larga jamás impuesta por casos similares fue de 5 años y tres meses.
Pese a lo anterior, Julian Assange no está completamente solo. Salió a la luz pública en Camberra que Australia estaría buscando una manera discreta para lograr la liberación del fundador de WikiLeaks por la vía diplomática, algo que el primer ministro Anthony Albanese eludió desmentir el lunes 20 recién pasado, según reveló el periódico Sydney Morning. Como sea, Albanese recordó en Melbourne que ya dejó clara su postura cuando era líder de la oposición y se mostró a favor de la liberación de Assange, aunque evitó confirmar la información de manera explícita.
Y en Paris, Jean-Luc Mélenchon, líder de la coalición de izquierda en las recientes elecciones legislativas galas, prometió hace una semana que otorgará la nacionalidad francesa a Julian Assange si consigue llegar al gobierno. “Si soy primer ministro, el señor Assange será naturalizado como ciudadano francés y pediremos que sea evacuado a nuestro país” expresó el dirigente de La Francia Insumisa al enterarse de la firma de la orden británica de extradición.
Y el martes 21, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló durante su conferencia de prensa matutina que le resulta decepcionante que extraditen a Julian Assange a Estados Unidos, agregando que pedirá al presidente Joe Biden que atienda este caso. “México le abre las puertas” dijo AMLO, calificando al fundador de Wikileaks como “el mejor periodista de nuestro tiempo en el mundo” y consideró, además, que el trato que Assange ha recibido es peor que el que se da a un criminal “tan sólo por denunciar violaciones a los derechos humanos”, afirmó. El mandatario mexicano ya había adelantado su posición en vista de la visita que realizará a Estados Unidos en julio próximo y en la cual -según dijo- le refrescará la memoria a su homólogo estadounidense, recordándole que el gobierno de México ya había otorgado con anterioridad el asilo político a Assange durante su detención en Gran Bretaña.
Y mientras corre el plazo para que la orden de la ministra Priti Patel se cumpla, el consenso general entre las entidades de derechos humanos y de comunicadores a nivel internacional es que la extradición de Julian Assange a Estados Unidos supondrá nuevamente un grave atentado contra los derechos humanos y las libertades democráticas esenciales.
Basándose en la ley de extradición vigente entre el Reino Unido y Estados Unidos, Patel firmó dicha orden porque para el gobierno de su país no existen razones para prohibir que sea ejecutada. Allí se detalla también que la justicia británica “no vio un riesgo de abusos, de un tratamiento injusto u opresivo contra Assange en el ámbito del proceso de extradición, o que en Estados Unidos pueda sufrir un proceso incompatible con sus derechos humanos, como el derecho a un juicio justo o a su libre expresión”.
Pero no hay que perder de vista las razones por las que lo requiere Estados Unidos. La acusación es haber contribuido a difundir documentos reservados sobre crímenes de guerra cometidos por las fuerzas estadounidenses en Irak y Afganistán. Así de sencillo. La Justicia estadounidense quiere sentar a Assange en el banquillo de los acusados por la publicación a partir de 2010 de unos 700.000 documentos diplomáticos y militares secretos, relacionados principalmente con las guerras dirigidas por Estados Unidos en Afganistán e Irak, desnudando la intromisión de la Casa Blanca en otras naciones, violaciones a derechos humanos, crímenes de guerra, entre tantos otros.
Más allá de tales denuncias, el caso de Assange en sí se ha convertido en una emblemática bandera de lucha para los defensores de la libertad de expresión. Alrededor del mundo, miles de manifestantes han abogado por su liberación, argumentando que WikiLeaks tiene los mismos derechos que otros medios a publicar material secreto, si se considera de interés público. Desde luego que el gobierno de EE.UU. tiene otra visión: para Washington, el australiano no es un periodista sino un pirata informático y la divulgación de documentos sin editar que realizó habría supuesto poner en peligro la vida de sus informantes, según afirma. Como es sabido, si Assange es extraditado podría ser condenado a un máximo de 175 años, aunque la sentencia exacta es difícil de calcular. No obstante, abogados estadounidenses han afirmado que la pena más larga jamás impuesta por casos similares fue de 5 años y tres meses.
Pese a lo anterior, Julian Assange no está completamente solo. Salió a la luz pública en Camberra que Australia estaría buscando una manera discreta para lograr la liberación del fundador de WikiLeaks por la vía diplomática, algo que el primer ministro Anthony Albanese eludió desmentir el lunes 20 recién pasado, según reveló el periódico Sydney Morning. Como sea, Albanese recordó en Melbourne que ya dejó clara su postura cuando era líder de la oposición y se mostró a favor de la liberación de Assange, aunque evitó confirmar la información de manera explícita.
Y en Paris, Jean-Luc Mélenchon, líder de la coalición de izquierda en las recientes elecciones legislativas galas, prometió hace una semana que otorgará la nacionalidad francesa a Julian Assange si consigue llegar al gobierno. “Si soy primer ministro, el señor Assange será naturalizado como ciudadano francés y pediremos que sea evacuado a nuestro país” expresó el dirigente de La Francia Insumisa al enterarse de la firma de la orden británica de extradición.
Y el martes 21, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló durante su conferencia de prensa matutina que le resulta decepcionante que extraditen a Julian Assange a Estados Unidos, agregando que pedirá al presidente Joe Biden que atienda este caso. “México le abre las puertas” dijo AMLO, calificando al fundador de Wikileaks como “el mejor periodista de nuestro tiempo en el mundo” y consideró, además, que el trato que Assange ha recibido es peor que el que se da a un criminal “tan sólo por denunciar violaciones a los derechos humanos”, afirmó. El mandatario mexicano ya había adelantado su posición en vista de la visita que realizará a Estados Unidos en julio próximo y en la cual -según dijo- le refrescará la memoria a su homólogo estadounidense, recordándole que el gobierno de México ya había otorgado con anterioridad el asilo político a Assange durante su detención en Gran Bretaña.
Y mientras corre el plazo para que la orden de la ministra Priti Patel se cumpla, el consenso general entre las entidades de derechos humanos y de comunicadores a nivel internacional es que la extradición de Julian Assange a Estados Unidos supondrá nuevamente un grave atentado contra los derechos humanos y las libertades democráticas esenciales.
Basándose en la ley de extradición vigente entre el Reino Unido y Estados Unidos, Patel firmó dicha orden porque para el gobierno de su país no existen razones para prohibir que sea ejecutada. Allí se detalla también que la justicia británica “no vio un riesgo de abusos, de un tratamiento injusto u opresivo contra Assange en el ámbito del proceso de extradición, o que en Estados Unidos pueda sufrir un proceso incompatible con sus derechos humanos, como el derecho a un juicio justo o a su libre expresión”.
Pero no hay que perder de vista las razones por las que lo requiere Estados Unidos. La acusación es haber contribuido a difundir documentos reservados sobre crímenes de guerra cometidos por las fuerzas estadounidenses en Irak y Afganistán. Así de sencillo. La Justicia estadounidense quiere sentar a Assange en el banquillo de los acusados por la publicación a partir de 2010 de unos 700.000 documentos diplomáticos y militares secretos, relacionados principalmente con las guerras dirigidas por Estados Unidos en Afganistán e Irak, desnudando la intromisión de la Casa Blanca en otras naciones, violaciones a derechos humanos, crímenes de guerra, entre tantos otros.
Más allá de tales denuncias, el caso de Assange en sí se ha convertido en una emblemática bandera de lucha para los defensores de la libertad de expresión. Alrededor del mundo, miles de manifestantes han abogado por su liberación, argumentando que WikiLeaks tiene los mismos derechos que otros medios a publicar material secreto, si se considera de interés público. Desde luego que el gobierno de EE.UU. tiene otra visión: para Washington, el australiano no es un periodista sino un pirata informático y la divulgación de documentos sin editar que realizó habría supuesto poner en peligro la vida de sus informantes, según afirma. Como es sabido, si Assange es extraditado podría ser condenado a un máximo de 175 años, aunque la sentencia exacta es difícil de calcular. No obstante, abogados estadounidenses han afirmado que la pena más larga jamás impuesta por casos similares fue de 5 años y tres meses.
Pese a lo anterior, Julian Assange no está completamente solo. Salió a la luz pública en Camberra que Australia estaría buscando una manera discreta para lograr la liberación del fundador de WikiLeaks por la vía diplomática, algo que el primer ministro Anthony Albanese eludió desmentir el lunes 20 recién pasado, según reveló el periódico Sydney Morning. Como sea, Albanese recordó en Melbourne que ya dejó clara su postura cuando era líder de la oposición y se mostró a favor de la liberación de Assange, aunque evitó confirmar la información de manera explícita.
Y en Paris, Jean-Luc Mélenchon, líder de la coalición de izquierda en las recientes elecciones legislativas galas, prometió hace una semana que otorgará la nacionalidad francesa a Julian Assange si consigue llegar al gobierno. “Si soy primer ministro, el señor Assange será naturalizado como ciudadano francés y pediremos que sea evacuado a nuestro país” expresó el dirigente de La Francia Insumisa al enterarse de la firma de la orden británica de extradición.
Y el martes 21, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló durante su conferencia de prensa matutina que le resulta decepcionante que extraditen a Julian Assange a Estados Unidos, agregando que pedirá al presidente Joe Biden que atienda este caso. “México le abre las puertas” dijo AMLO, calificando al fundador de Wikileaks como “el mejor periodista de nuestro tiempo en el mundo” y consideró, además, que el trato que Assange ha recibido es peor que el que se da a un criminal “tan sólo por denunciar violaciones a los derechos humanos”, afirmó. El mandatario mexicano ya había adelantado su posición en vista de la visita que realizará a Estados Unidos en julio próximo y en la cual -según dijo- le refrescará la memoria a su homólogo estadounidense, recordándole que el gobierno de México ya había otorgado con anterioridad el asilo político a Assange durante su detención en Gran Bretaña.
Y mientras corre el plazo para que la orden de la ministra Priti Patel se cumpla, el consenso general entre las entidades de derechos humanos y de comunicadores a nivel internacional es que la extradición de Julian Assange a Estados Unidos supondrá nuevamente un grave atentado contra los derechos humanos y las libertades democráticas esenciales.
