Un total de cuatro Premios Nacionales de la Educación, dos rectores y 76 académicos manifestaron en una carta su respaldo al proyecto de nueva constitución que se plebiscitará el próximo 4 de septiembre.

Sobre los primeros, destacan los docentes Beatrice Ávalos, Abraham Magendzo, Nolfa Ibáñez e Iván Núñez Prieto; respecto de los segundos, se encuentran los rectores Elisa Araya de la UMCE y Álvaro Ramis de la Academia de Humanismo Cristiano.

En tanto, dentro de los académicos, de universidades públicas como privadas que manifestaron su respaldo, están Cristián Bellei, Leonora Reyes, Daniel Johnson por la Universidad de Chile; Willy Thayer, Graciela Muñoz por la UMCE; Ernesto Treviño, Claudia Matus por la UC; Silvana de la Hoz, José Weinstein por la UDP, entre otros.

Según dice el documento “durante décadas el sistema educativo nacional ha segregado, discriminado, estandarizado y experimentado una acelerada mercantilización, fenómenos agravados por la ausencia de participación real de las comunidades educativas en los procesos que les atañen. Ello ha desencadenado una enorme crisis de nuestro sistema educativo, donde gran parte de los problemas que la atraviesan, se explican por el marco normativo que entrega la Constitución de 1980”.

Por lo mismo, mencionan que “con satisfacción hemos leído la propuesta de nuevo marco normativo para la educación y la pedagogía, que se presenta a la sociedad como resultado del trabajo de la Convención Constitucional, y en la que se establecen aspectos que constituyen un paso fundamental para contribuir a la generación de un país realmente democrático”.

Entre ellos destacaron, por ejemplo, el garantizar  la educación como derecho humano; la justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica; la creación de un Sistema Nacional de Educación; la participación vinculante de la comunidad educativa en la política educacional local y nacional, etc.

En conversación con Radio Universidad de Chile, el rector de la Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, consideró que “todos los actores sociales, académicos, culturales necesitan expresar y manifestar con claridad su planteamiento y su posición. Creo que no es honesto no manifestarse, en términos de que es una decisión trascendental y que exige definiciones claras por parte de todos los actores incumbentes en las decisiones institucionales del país”.

En ese sentido, expresó que “el mundo académico no solo debe observar como objeto de estudio y de interacción y de ilustración este proceso de transformación constitucional, sino que tiene que aportar también activamente su mirada y ser capaz de dar cuenta del proceso que está viviendo el país, generando condiciones para que la ciudadanía entienda mejor la racionalidad que hoy día está propuesta en la nueva constitución”.

“Creo que lo que hay que votar el día 4 de septiembre es sobre dos formas de entender la sociedad, una que se basa en la solidaridad, que es la que propone la nueva constitución, y una propuesta que no está clara que es la del Rechazo, pero que lo único que manifiesta es una visión de egoísmo racional o de individualismo posesivo. Por lo tanto, superar esa visión es muy importante, más allá de los detalles de cada artículo de la nueva constitución”, detalló.

En cuanto al acuerdo alcanzado por el oficialismo para introducir modificaciones al texto en caso de ser aprobado, Ramis comentó que “todo lo que permita a la ciudadanía clarificar los elementos que quedaron poco explícitos o que no se han interpretado correctamente es adecuado”.

Desde esa perspectiva, consideró que el acuerdo no hubiese sido necesario “si es que no estuviera enfrentada la propuesta de aprobación a un vendaval de tergiversaciones, de engaños y de formas bastante ilegítimas de alterar la interpretación del texto constitucional. Lo que se hace en el acuerdo es decir simplemente en forma más clara lo que ahí está contenido en sus consecuencias prácticas y, por lo tanto, eso ayuda a las personas a tomar decisiones mucho más confiadamente”.

Por lo mismo, apuntó que de cara a esta recta final de esta etapa en lo que hay que centrarse es “en informar a la ciudadanía, pero con honestidad, con claridad, tratando de despejar dudas que pueden ser legítimas, pero que también han sido construidas maliciosamente por parte de quienes han alterado una mirada honesta al texto constitucional y que han introducido una visión que se aleja en su forma y en su fondo”.