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Año XIV, 26 de septiembre de 2022

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Parlamentarios presentan proyecto para levantar secreto de Comisión Valech

La iniciativa busca "establecer el carácter público de los documentos, testimonios y antecedentes" proporcionados por las víctimas de la dictadura. "No hay sociedad sana que se construya protegiendo a genocidas", expresó la diputada Lorena Pizarro.

Natalia Palma

  Miércoles 17 de agosto 2022 14:24 hrs. 
PROYECTO VALECH

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Las diputadas oficialistas Carmen Hertz, Lorena Pizarro, María Candelaria Acevedo, Mercedes Bulnes, junto a los diputados Tomás Hirsch, Jorge Brito, Gonzalo Winter y Jaime Naranjo anunciaron este miércoles la presentación de un proyecto para levantar el secreto de la comisión Valech, respecto de hechos ocurridos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

En particular, la moción apunta a “establecer el carácter público de los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura creada por Decreto Supremo N°1.040, del año 2003, conocida también como “Comisión Valech I”, que de acuerdo al artículo 15 de la Ley Nº 19.992 tienen el carácter de secreto por el plazo de 50 años; incluyéndose específicamente el documento que contenga el acto de calificación como víctima”.

Del mismo modo, plantea consagrar el carácter público la información proporcionada por las víctimas ante la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, conocida como “Comisión Valech II”.

Sin embargo, señala que “se concede el derecho a las víctimas, sus herederos o representantes que no estén de acuerdo con la publicidad, a expresar por escrito su oposición”.

Además, establece que “los antecedentes que actualmente se encuentran bajo la guarda y custodia del Instituto Nacional de Derechos Humanos deberán ser transferidos al Archivo Nacional de la República, o su continuador legal. También se consagra la obligación para el Instituto Nacional de Derechos Humanos, o su continuador legal, de poner a disposición de los tribunales de justicia competentes, todos los documentos, testimonios y antecedentes aportados”.

Según expresó la diputada comunista Carmen Hertz “esos testimonios deben ser públicos, no es posible que estén 50 años clasificados porque son testimonios que pertenecen al conjunto de la sociedad, ya que fueron parte de una metodología de exterminio y es necesaria la verdad social, entre otras cosas, para establecer las garantías de no repetición”.

Para la parlamentaria- cuyo cónyuge, Carlos Berger, fue fusilado por la Caravana de la Muerte en 1973- “esto no es un problema particular de las víctimas de prisión política y tortura, son parte de la sociedad chilena que pretendieron, después del Golpe de Estado, cancelar, ejecutar, tomarlos presos, golpearlos y humillarlos. Todo Chile necesita, necesitamos, saber qué fue lo que ocurrió”.

Su correligionaria, la diputada y ex líder de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, sostuvo que “no hay sociedad sana ni sociedad democrática que se construya protegiendo a genocidas, violadores de Derechos Humanos. Que alguien nos explique una razón para que el nombre de los perpetradores no sea conocido y no signifique el avance en la causa de la verdad y la justicia”.

“Es curiosa esta transición pactada. Miles de víctimas, ningún victimario, eso es impunidad y esa impunidad es la que tenemos que ir avanzando para terminarla”, agregó.

En tanto, el diputado Humanista, Tomás Hirsch, manifestó que “si queremos garantizar la no repetición de lo que significó la violación de los derechos humanos durante la dictadura, lo mejor es que efectivamente y lo que corresponde es que esa información esté disponible y sea conocida”.

Cabe destacar que, durante el proceso constituyente, el ex convencional de Apruebo Dignidad, Roberto Celedón, impulsó una norma transitoria en esta línea, la cual establecía que “la Constitución reconoce el derecho de todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos, cometidas durante el período de la dictadura (1973-1990), a sus descendientes o representantes legales el acceso a la justicia, el derecho a la verdad, la memoria y la prohibición de la impunidad de los perpetradores”. Sin embargo, fue rechazada.

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