Diario y Radio Universidad Chile

Año XIV, 24 de septiembre de 2022

Escritorio

El renacer de la República Mesocrática

Columna de opinión por Mario Matus
Sábado 3 de septiembre 2022 15:31 hrs.


Compartir en


“QUE NO TRAFIQUE EL MERCADER
CON LO QUE UN PUEBLO QUIERE SER.
LO ESTÁN GRITANDO,
SIEMPRE QUE PUEDEN.
LO ANDAN PINTANDO
POR LAS PAREDES”
MIL AÑOS HACE (POR LAS PAREDES)
JOAN MANUEL SERRAT

Este domingo 4 a esta generación de chilen@s le tocará el privilegio de decidir por primera vez de modo participativo las reglas fundamentales que gobernarán su convivencia en las décadas que vienen. Este pequeño ensayo ofrece algunos ejes para concurrir bien apertrechado a ejercer ese derecho conquistado. El autor no pretende ser neutral, sino más bien situar este acontecimiento como bisagra que marca el fin de una etapa histórica y el inicio de otra.

I. Se requiere reformar, pero será más fluido luego de Aprobar que tras Rechazar

El contexto del próximo referéndum que se pronunciará sobre la propuesta de Nueva Constitución ha ido intensificando el debate, dado que en este caso, se aplica a una decisión fundamental. Incluye algunos rasgos típicos, combinados con otros que son más bien novedosos. Entre los típicos, resalta un importante grado de polarización, que no sólo se circunscribe a posiciones entre partidos, organizaciones y actores, cuyos grados previos de afinidad con un proyecto son relativamente conocidos, sino que además se trasladan y expresan al interior de grupos de ingreso, identitarios, etarios, por simpatías ideológicas y grado de educación, e incluso, al interior de las familias. Pero esto se da dentro de un proceso histórico mucho más rico y novedoso, muy diferente, por ejemplo, que el que se daba hacia 1970, donde los proyectos no sólo estaban muy polarizados por inscribirse dentro del contexto de la Guerra Fría, en que era muy difícil sostener posiciones no binarias y estas se expresaban de modo extremo, caldeadas por un clima que desgraciadamente muchos apostaban por rodear de una sensación de enfrentamiento, de una polaridad en la que si se estaba en una opción, el que planteaba la otra era no sólo un rival con quien competir, sino más bien un enemigo, un otro que iba perdiendo paulatinamente su condición de humanidad y del cual podría más adelante justificarse con facilidad su neutralización.

Sin duda, l@s chilen@s se han tomado en serio la decisión que deben tomar el próximo domingo 4 de septiembre. Sería superficial que no lo hicieran. Y por ese lado, no debe asombrar ni atemorizar la intensificación de los argumentos en pro y contra de la Propuesta Constitucional que deberá votarse. Pero percibo que el estado de ánimo colectivo hoy está muy lejos de revivir un clima de enfrentamiento y por varias razones que tienen que ver con los aspectos novedosos aportados por este proceso. El primero es que l@s chilen@s aún cargan con un trauma colectivo del pasado reciente, que, si bien aún no han logrado administrar equilibradamente, les ha dejado algunas enseñanzas fundamentales. La sociedad chilena ha ido aprendiendo -no sin dificultad y a paso lento- que cuando lo que está en juego es la instauración de nuevas y mejores reglas del juego, que a través de principios y contratos básicos, regulan los marcos de convivencia, no es bueno adoptar posiciones maximalistas. Básicamente, porque las nuevas reglas nunca son definitivas ni perfectas, y al estar insertas dentro de un Proceso Constituyente -que comienza con una crisis y culmina con su progresiva implementación en normas específicas- y en un juego de equilibrios con otros órganos del sistema político (gobernantes, poder legislativo, partidos y movimientos sociales), deberá concordarse la forma de impregnar estos nuevos principios y contratos esenciales a todos los ámbitos de la estructura social, del ejercicio del poder y de la organización económica. Por eso las nuevas constituciones también establecen las reglas para su futura reforma.

Otro aspecto que ha aparecido muchas veces es que no puede tratarse de una constitución vengativa, que para hacer justicia y reestablecer equilibrios borrados por una Constitución Autoritaria Extrema, lo que menos debe hacerse es pendular hacia el otro extremo, en el que los nuevos constituyentes humillen a los que antaño fueron sus minoritarios privilegiados. Aunque es imposible que una minoría que no desea cambio alguno se sienta interpretada por las nuevas reglas, deben hacerse todos los esfuerzos para que una expresiva mayoría si lo sienta.

Debido a estos elementos, que quisiera interpretar como aprendizajes resilientes de una sociedad traumada por un drama colectivo cuyas heridas aún no ha sido del todo cauterizadas, observo con esperanza que incluso al interior de las familias se acoge y se administra juiciosamente el derecho a expresar las dos opciones. El que expresa la opción contraria no es un enemigo.

Por otra parte, los argumentos enarbolados por ambas partes no son baladíes y ambos tienen algo de razón. Como dijera hace poco el expresidente Lagos, existe conciencia en los que estamos por el Apruebo que algunos elementos de la Nueva Constitución deben ser revisados y reformados, como aquellos mecanismos que al eventualmente multiplicar el conflicto político entre los nuevos órganos de poder y no cautelar plenamente la inversión y el crecimiento, pudieran deteriorar las bases materiales necesarias para desarrollar y sostener en el tiempo el urgente proceso redistributivo que cabe hacer. Por otra parte, aunque la parafernalia verbal en favor del rechazo pareciera haber hecho desaparecer las voces autocríticas en ese mundo, diría que allí predomina la convicción de que las cosas nunca volverán a ser como eran antes de octubre de 2019 y que la frase usada por la esposa del expresidente Piñera “debemos empezar a reducir nuestros privilegios” se ha constituido en un componente esencial para orientar un horizonte políticamente competitivo en el mediano y largo plazo.

En síntesis, las reformas a lo existente son inevitables. En consecuencia, el asunto a discutir es su intensidad, su velocidad y quien parece ser el agente mejor preparado para administrarlas, lo que nos devuelve al dilema si es mejor Rechazar para reiniciar el proceso constituyente ex nihilo o Aprobar para introducir los ajustes que reduzcan los puntos de fricción existentes y dejen una redacción que minimice sus ámbitos de incertidumbre. Ambas posiciones son legítimas, válidas y bastante razonables. Lo que cabe es desarrollar capacidades cívicas que se expresan en aceptar argumentos variados en favor de una u otra opción y luego de combinar personalmente los que nos parezcan mejores, arribar a una convicción que es sagrada e inviolable.

Mi posición, que puede estar equivocada, pero acoge con respeto argumentos contrarios y matices, es que es mejor Aprobar para ajustar, que Rechazar para reformar. ¿Qué elementos considero?:

. Que se trata de un proceso totalmente inédito y sin parangón en nuestra historia y que sólo considerando el ámbito de la participación, ostenta un grado potencial inmenso de legitimidad,

. Que este proyecto de constitución no contiene propuestas delirantes, cuestionables y maximalistas, carentes de perspectiva histórica y espíritu unitario, ya que aquellas -en buena hora- fueron descartadas por un mecanismo de 2/3, que cumplió a cabalidad la función de filtrar sólo las propuestas que contaban con una amplia mayoría,

. Que ninguna constitución es óptima y todas requieren ajustes posteriores para su implementación, lo que, en algunos casos, puede tomar hasta más de diez años,

. Que para la Constitución de 2022 se han explicitado los mecanismos de ajuste en caso de aprobarse -por vía parlamentaria y con quórum razonables- de modo que existe un basamento institucional que permite tener la seguridad de que será posible,

. Que tales mecanismos cumplen con el requisito fundamental de ser ejecutados por un órgano electo y representativo, pero su acción -a pesar de lo que legítimamente plantean algunas personas- a mi parecer, no vulnera el sentido ni la dirección fundamental que los redactores le quisieron dar a la propuesta, en tanto pueda trastocarse su voluntad expresada, sino más bien sólo introducirle rectificaciones y precisiones, y

. Que no es conveniente que un proceso constituyente se prolongue excesivamente -el nuestro ya lleva tres años- ya que las numerosas votaciones generan agotamiento y hastío, que, de no ser subsanados oportunamente, podrían transformarse en un peligroso escepticismo y frustración.

Comparemos lo que ofrece la alternativa de Rechazar para reformar. Desde mi punto de vista:

. Nos lleva a la vigencia de la Constitución de 1980, reformada por Lagos en 2005, pero que sostiene principios y contratos inaceptables en el plano social, de la participación y de la organización de la economía, que fueron masiva e incontrovertidamente repudiados tanto en el mismo Estallido Social como en la votación que dio origen al Proceso Constituyente,

. Aunque los defensores de esta opción dicen que se abriría un nuevo proceso constituyente, a nadie escapa que el proceso debió superar una actitud permanente de obstrucción por parte de los partidarios de la institucionalidad autoritaria, que desde el inicio sostuvieron inequívocamente el deseo de desprestigiarlo -algo a lo que lamentablemente varios de los convencionales contribuyeron- y que muy anticipadamente anunciaron que acumularían todas sus fuerzas para este momento decisorio fundamental. Todo esto hace muy difícil creer que ante una circunstancia que les favorezca, estas fuerzas conservadoras deseen reimpulsar un proceso que intentaron boicotear constantemente,

. Esto se complementa con que no han querido explicitar los mecanismos a través de los cuales canalizarían este eventual reinicio, lo que hace presumir que, de eventualmente implementarse, tales mecanismos concentrarían excesivamente el proceso en manos de un Congreso donde tengan mayoría y no intentarían mínimamente armonizarlo con el espíritu de los principios y contratos largamente esperados por la gran mayoría de los chilenos,

. Por el contrario, en la campaña sistemática de difamación en la que ha incurrido la gran mayoría de los detractores de la nueva propuesta constitucional se advierte el afán restaurador de una institucionalidad que en lo central conserve los rasgos autoritarios, excluyentes, oligárquicos y ultraconservadores que hasta ahora han exhibido como constante,

. Presumo que, aunque una parte importante de este sector prefirió inicialmente apoyar este proceso, dado que no obtuvo una representación proporcional a su votación tradicional en el órgano redactor y gracias al exhibicionismo e inmadurez mostrado por parte de varios constituyentes, sabe que tienen una oportunidad importante de lograr el Rechazo, y de no conseguirlo, pueden dar paso a un Plan B, obstaculizando los ajustes posteriores a través del Congreso y,

. Existe un genuino y válido descontento en parte del antiguo mundo concertacionista, que se nutre de las imperfecciones que han sido señaladas, pero, así como algunos plantean mantener el espíritu de la propuesta, otros simplemente traslucen una visión conservadora, que es legítima, pero también discutible a la altura de los tiempos. Esa visión más conservadora, en la que también incurre el expresidente Lagos, consiste en decir que, dado que las reformas serán necesarias ante cualquier caso, se puede plantear que ambas opciones serían extremas, tal como algunos quisieron definir la 2da vuelta electoral entre Boric y Kast. Una visión de este tipo omite una realidad indesmentible: la Nueva Constitución de 2022, a pesar de sus imperfecciones corregibles, no es una propuesta extrema -salvo que consideremos extremo un proyecto esencialmente social demócrata- ha sido fruto de un intenso proceso deliberativo, en el que la sociedad chilena eligió a sus redactores, y ostenta en lo sustancial principios y contratos demandados por una abrumadora mayoría, que se alejan mucho de una propuesta autoritaria y extrema, como la que la Dictadura impuso a través del terrorismo de Estado. Empatar ambas propuestas es un completo despropósito y manifiesta la pérdida de un juicio equilibrado.

II. El triunfo del Apruebo es posible y altamente probable.

En este contexto, no corresponde desechar ni descalificar los resultados de las encuestas, que han venido presentando de modo persistente un resultado que, aunque ha ido reduciendo la brecha en favor del voto Rechazo, se traduce en el triunfo de esta opción. Por otro lado, sería absurdo desconocer que buena parte de las personas que han ido manifestando esta opción han arribado a ella debido a la multitud de comportamientos reprochables por parte de algunos convencionales, especialmente de aquellos que emanaron de agrupaciones improvisadas de independientes, cuyas actitudes agotaron y fastidiaron a muchos de los que apoyamos el proceso. Además, este fastidio se ha nutrido de propuestas alucinantes que afortunadamente fueron descartadas, o de una redacción inconveniente que impregnó algunos artículos, que pudieron haber armonizado mejor la relación entre poderes y la retroalimentación entre crecimiento económico, agentes productivos, medio ambiente y grupos identitarios.

Pero a pesar de que las corrientes que vigorizan el Rechazo son comprensibles, y en esa medida, no son caprichosas, es imperioso señalar que existen varios elementos que plantean la posibilidad de que las preferencias manifestadas en las encuestas no se correspondan necesariamente con los resultados del domingo 4 de septiembre.

Lo más evidente es que el paso de una votación voluntaria a una votación obligatoria hace que el resultado dependa mucho de lo que crezca el volumen de votantes. Lo que sabemos hasta ahora es que mientras votan más personas que viven en el centro del país (donde se concentra la mayor parte de la población), más mujeres y personas más jóvenes y de comunas más modestas, una opción que las encuestas dan por insuperable puede perder por mucho, como ocurrió en la 2da vuelta presidencial, donde Kast aventajaba a Boric con mucha diferencia hasta al final. Como sabemos, cuando aumentó el volumen de votantes de la zona central, de mujeres, jóvenes y sectores de clase media y populares, el triunfo de Boric fue avasallador. Con voto voluntario, la primera vuelta congregó a 7,1 millones de votantes (47,3% del electorado), pero la segunda vuelta elevó los votantes a 8,2 millones (56,5% del electorado). Es decir, aunque manteniendo voto voluntario, al aumentar la votación en 1 millón el resultado fue totalmente contrario a lo que anticipaban las encuestas.

En el referéndum que se viene, un nuevo aumento de 1 millón es un presupuesto extremadamente conservador, ya que el padrón obliga a votar a 15 millones. Sin duda, el cambio en los lugares de votación, el agotamiento electoral, el hastío con algunos convencionales, la equivocada creencia de que no habrá penalización si no se vota, y eventuales problemas en el transporte, podrían menguar en algo la participación, pero es prácticamente imposible que el paso a voto obligatorio no exprese un crecimiento de al menos 1 millón adicional de votos, que por mayor presencia de los ponderadores que he mencionado, inevitablemente habría de proyectar el grueso del comportamiento electoral que ya fue exhibido en la segunda vuelta presidencial. Si votan 9 millones, lo más probable es que la mayor parte de ese millón adicional provenga de las ciudades de la zona central, de mujeres y jóvenes, provenientes esencialmente de sectores medios y populares. La única posibilidad que tiene estadísticamente la opción de Rechazo es que ese aumento no llegue a 1 millón adicional, para lo cual tendría que generar una campaña extremadamente desmovilizadora que tiene muy pocas opciones de competir con una campaña opuesta, que tienda a movilizar más votos. Un dato interesante recientemente comentado por Axel Callis -gran conocedor de estos procesos- señalaba hace dos semanas atrás que el número de consultas al SERVEL usando el RUT (para averiguar el local de votación) había alcanzado la cifra descomunal de 12 millones de personas, de un padrón de 15 millones. No es necesario que voten 12 millones para que gane el Apruebo. Basta con un conservador aumento a 9 millones.

Un segundo aspecto que merece la pena ser revisado tiene que ver con la desproporcionada y abrumadora presencia publicitaria de la opción Rechazo en los medios de comunicación tradicionales y a través de las llamadas redes sociales. Por un lado, se explica por la extrema asimetría en el monto de recursos que ambas campañas han utilizado, y que revela, una vez más, la extracción social, el poder económico y la identidad de intereses para desplegar estas campañas, pero también alerta de la imagen distorsionada que puede entregar este despliegue mediático desproporcionado frente a la real distribución de las preferencias. Por otro lado, si muchas personas se han alarmado por esa abrumadora presencia del Rechazo, pocos advierten que tal campaña puede resultar contraproducente para sus promotores si evidencia gran asimetría y tal identificación de intereses.

El tercer aspecto que podría amplificar la distorsión producida por una publicidad totalmente asimétrica es la escasa validez de las encuestas en términos de representatividad. Sabemos que cuando las encuestas se basan en muestreo probabilístico, a través de una consulta presencial, se aplican a un registro amplio y no acotado de encuestados frecuentes, incorporan variables básicas para desagregarlos y se realizan en varias ciudades, los resultados tienden a ser más representativos. Pero estas encuestas son sumamente caras, lentas y difíciles de aplicar, y sus resultados exigen mayores grados de procesamiento. De tal modo, lo común son encuestas telefónicas sin muestreo probabilístico, a un número muy limitado de personas (1.000-2.000 personas), que además son parte de un registro frecuente de encuestados que se agrupan en categorías acotadas, por lo que expresan un cierto comportamiento repetitivo -y en ese sentido, sesgado- y con suerte, se aplican a algunas pocas comunas del Gran Santiago. En consecuencia, es muy elevada la posibilidad de que los resultados sobre las preferencias dominantes sean muy lejanos a los que se expresen a la salida de las urnas. Sin duda, estos elementos no suelen ser advertidos en los medios de comunicación de masas, y eso probablemente puede generar la sensación inequívoca de un resultado ya predeterminado, aunque esa convicción puede tener bases muy frágiles.

III. El triunfo del Apruebo reestablecerá los equilibrios de la República Mesocrática.

Pero siendo más realista «Aprobar para ajustar» que «Rechazar para reformar», y a pesar de la sideral brecha entre publicidad asimétrica y encuestas con serios problemas de representatividad, respecto a factores demográficos y comportamientos electorales arraigados, creo que las mayores razones de un triunfo del Apruebo no descansan en tales argumentos, sino más bien en las aspiraciones profundas de un electorado del que se desconoce casi todo, porque hasta ahora nunca ha votado.

En ese sentido, y no sin razón, las fuerzas que se oponen al cambio y a la recuperación de ciertos equilibrios básicos en nuestra sociedad, han buscado permanentemente despojar a la mayoría de la población su memoria histórica. El último paso consistió en quitarle a la asignatura de Historia su presencia obligatoria en 3er y 4to medio, posibilitando que sólo los establecimientos particulares pagados puedan financiarla, y de ese modo, elitizar su función primordial. Pero la Historia no sólo es memoria del pasado, escrita y rememorada por las nuevas generaciones. El concepto Historia también tiene la connotación de las acciones presentes emprendidas por los grupos mayoritarios de una sociedad. Es lo que se llama “Hacer la Historia”. En ese sentido, cuando la ministra Marcela Cubillos expulsó a la Historia por la puerta, esta irrumpió por todas las ventanas en octubre de 2019. Es lo que el ghost writer del expresidente Lagos no entendió, pero Tironi, Correa y Peña advirtieron con mucha claridad.

Es que en muchos sentidos podría decirse, advirtiendo que el concepto tiene connotaciones que no son exactamente asimilables, que tras el Golpe de Estado de 1973, los sectores más conservadores y minoritarios del país, aprovecharon la oportunidad para restaurar un régimen oligárquico que entre 1920 y 1930, la sociedad chilena había dejado atrás, e imponer una contrarrevolución refundacional antidemocrática que en gran medida borró todos los avances que la sociedad chilena había experimentado entre 1920 y 1970. En esa lógica, la Dictadura de Pinochet pudo acabar con lo que en sus estudios sobre la desigualdad en Chile Javier Rodríguez Weber ha definido como “República Mesocrática”, aquella constelación de principios y contratos fundamentales con que los sectores medios y populares lograron establecer equilibrios socialmente inclusivos, políticamente participativos y económicamente desarrollistas, que pusieron la lápida aquél largo período excluyente en lo económico, social y político que entre 1891 y 1930 conocimos como “Régimen Oligárquico”. Basta recordar algunas cifras para comprender la magnitud del despojo que la nueva oligarquía neoliberal pinochetista impuso a la gran mayoría de la población chilena entre 1973 y 1989.

Si el último año de vida de la República Mesocrática fue 1969, antes de que el torbellino de la Unidad Popular intentara infructuosa y desmedidamente proyectar sus logros sin basamentos sólidos, ese año la desigualdad -medida a través del Coeficiente de Gini- alcanzó un 0,47, un nivel elevado, pero que se había venido reduciendo sensiblemente entre 1964 y 1969. Ese mismo año, y no por casualidad, el salario diario real medio había ascendido a $ 8,1, luego de haberse venido elevando entre 1964 y 1969, tras las políticas de promoción social propugnadas por el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Luego de 1969, a pesar de que los esfuerzos de la Unidad Popular consiguieron que los trabajadores se quedaran con más de un 52,2% del PIB, mientras que los empresarios sostenían una cifra de 30,9%, la hiperinflación de 600% entre 1971 y 1973 hizo que el salario real se situara a menos de $ 2, aunque el elevado aumento de transferencias directas y subsidios por parte del Estado impidió que empeorara la desigualdad, y esta, probablemente se redujo.

Pero lo peor estaba por llegar. Apenas la Dictadura comenzó a aplicar su régimen del terror y pulverizó los derechos laborales, los ingresos de los trabajadores sufrieron dos profundas y larguísimas mermas que en general se extendieron hasta el fin de la Dictadura en 1989, pero que lograron ser corregidas sólo parcial y muy tardíamente en 2008. En efecto, mientras el tamaño de la economía chilena (y la renta disponible) se multiplicó por 3,3 veces entre el medio siglo que transcurrió entre 1969 y 2018, el salario real se sostuvo en promedio en menos de $ 4 entre 1973 y 1989 (la mitad del de 1969), y cuando por fin los Gobiernos de la Concertación iniciaron una serie de medidas para recuperarlo, el salario de $ 8,1 sólo logró ser alcanzado en 2008, casi 40 años después. En paralelo a ese gigantesco rezago salarial durante 40 años, en el que los principales grupos económicos se enriquecieron de un modo inobjetable al concentrar la mayor parte del ingreso, los trabajadores fueron desprovistos de una buena parte de los Bienes Públicos Fundamentales que el Estado entregaba como principal proveedor y vieron mermar otra parte muy importante -esta vez, no monetizada- de sus ingresos. En efecto, la Dictadura no sólo redujo el Presupuesto Social, especialmente en el área de salud, educación, viviendas sociales y subsidios al transporte, sino que además desvió una parte importante de esos menguantes recursos a oferentes privados de salud, educación, pensiones, vivienda y transporte, que además utilizaron esos recursos públicos para atender a una minoría de altos ingresos, y de paso, profundizar su enriquecimiento. En paralelo, como la Dictadura no se limitó a revertir los excesos estatistas de la UP, sino que además privatizó un significativo número de empresas que el Estado chileno, a través de CORFO, había creado entre 1939 y 1970, sumó otro instrumento de desplazamiento de renta en desmedro de millones y en beneficio de los que apoyaban a quienes ejercían la violación sistemática de los DD.HH.

Por eso, no debe extrañar que la desigualdad (medida a través del Coeficiente de Gini) se elevara a más de 0,62 hacia 1985, en el peor año de la Crisis en la que los Chicago Boys sumieron al país. Ni tampoco debe extrañar que la parte del PIB que se apropiaban los trabajadores disminuyera a 30,9% hacia 1988, mientras que la participación de la renta canalizada hacia los empresarios ascendió a 42,1% ese mismo año y aún hasta 49,7 hacia 2014, a fines del gobierno de Piñera I. Esto es lo que explica la creciente disociación entre una mayoría de chilen@s (70%) que se concebía como clase media y un 70% de las familias chilenas endeudadas significativamente para llegar a fin de mes hacia octubre de 2019.

Queda mucho por investigar y muchas voces documentadas que escuchar, pero una hipótesis que podría cobrar fuerza para explicar el Estallido Social apenas un año después que una mayoría electoral eligiera a un presidente que encarnaba una lectura encapsulada e idílica del alcance de la prosperidad económica, podría tener que ver con que la promesa de prosperidad económica y movilidad social que permitió el triunfo de Piñera en 2018, y que alguno apresuradamente interpretó como el triunfo de un chileno aspiracional -que prefería mucho más incentivos para su libertad de emprendimiento que la creación de un sistema de Seguridad Social- relato que no contaba con bases sólidas. El modelo de crecimiento no mostró las cifras prometidas y aunque los salarios reales siguieron ascendiendo en general, probablemente eso se hizo a través de brechas muy importantes, mientras que los grupos económicos llevaron al extremo todas las posibilidades de abuso a través de mecanismos de colusión y los ministros se burlaron de la gente que reclamaba contra sucesivas alzas de cobros, que si bien eran pequeñas en volumen, se encadenaban a lo largo del tiempo para erosionar los ingresos disponibles y elevaban aún más el endeudamiento.

“Evade como Piñera” fue el puntapié inicial a un clamor para terminar con una Constitución que había establecido como inamovibles principios y contratos antagónicos a la existencia de una clase media ascendente real, y que ahora presionaba por encontrar los fundamentos materiales para realizarse como tal. Esta clase media ascendente hoy exige una nueva institucionalidad primordial, que establezca los principios y contratos básicos de una nueva República Mesocrática, a la que le corresponde históricamente sepultar las bases de una Segunda Era Oligárquica (esta vez ultraliberal y pinochetista)

Las esperanzas de los que se oponen al cambio están cifradas en que el más amplio y nuevo universo de votantes no perciba la importancia de recuperar esta República Mesocrática. Sus sueños descansan en que una masa que consideran ignorante y amorfa, cuyo derecho a voto sería cuestionable -como a inicios de siglo XX- ya que jamás podrá igualar a una minoría ilustrada de expertos y técnicos, se deje arrastrar por una farándula mediática que se ensaña en las excentricidades y la estridencia irresponsable de algunos convencionales. Esperan que permanezca prejuiciosa ante la irrupción de debates fundamentales que reducen la desigualdad, que canalizan las demandas de las mujeres, desde el medio ambiente, desde los pueblos originarios y desde el abandono en que han estado las regiones frente a una apabullante centralización. Que se concentre en su desagrado con un artículo constitucional y no logre apreciar la integridad del documento. Que sea prisionera del miedo a través de la inducción de todo tipo de amenazas (inmigrantes, delincuentes, mapuches) y que estas sean adjudicables a la nueva propuesta y al actual Gobierno. Por otro lado, el miedo al cambio es humano. No es antojadizo. Especialmente cuando han concurrió elementos distractivos que contribuyen a confundir lo esencial con lo accesorio.

Sin embargo, albergo la creencia de que una gran mayoría de los que votarán por primera vez el 4 de septiembre, son conscientes de lo fundamental. Porque llevan grabadas en las historias de sus abuelos y sus padres los enormes padecimientos de la gran mayoría de la población durante la primera mitad de la década de 1980. Porque ya no tienen miedo de hablar de las torturas, del exilio, de la pérdida de sus trabajos y de su nacionalidad durante más de 10 años entre 1973 y 1984. Sin grandes teorías, advierten perfectamente que un Estado solidario y acogedor, que fue abolido por la Dictadura, es algo de lo que ningún país civilizado, desarrollado y democrático puede prescindir. No ignoran que buena parte de sus derechos laborales básicos fueron violentados durante mucho tiempo y que hasta hoy no han sido plenamente reestablecidos. En fin. Saben que para poder realizar su sueño de clase media se requiere generar estímulos para el emprendimiento individual, pero la globalización -con sus viajes y sus contactos remotos con personas de otros países- les hace imposible no preguntarse por qué en Chile las altas rentas pagan tan bajos impuestos. Por eso, albergo la esperanza de que los promotores del miedo al cambio y sus víctimas manipuladas no prevalecerán.

IV. Una esperanza de paz social solventada por un sentido de pertenencia y dignidad.
Un debate abierto y permanente entre economistas e historiadores económicos es si el desarrollo económico y la prosperidad son el resultado de regímenes democráticos o autoritarios, es decir, si está garantizado que las democracias generan crecimiento económico y desarrollo o si algunas Dictaduras han sido fundamentales para sentar las bases del bienestar material. En este debate, los historiadores económicos solemos desconfiar de leyes atemporales que favorecen una u otra opción, más allá de la pirotecnia econométrica -normalmente superficial y algo arrogante- que suele apoyar ese tipo de trabajos. Y lo hacemos porque la evidencia histórica no demuestra la existencia de una receta unívocamente exitosa.

Se conoce un sinnúmero de experiencias en que democracias participativas que han caído bajo discursividades populistas han terminado destruyendo y anulando a largo plazo los fundamentos esenciales del crecimiento económico y del desarrollo integral. A la inversa, en muchas experiencias de sociedades parecidas a la nuestra -y en las que las personas no pueden estar sometidas por largo tiempo a la coerción del Estado o a una oligarquía que captura sus rentas- si bien una Dictadura puede establecer ciertas bases para impulsar el crecimiento económico y generar un fondo posteriormente redistribuible, lo normal es que la prolongación de un régimen autoritario fabrique mayor concentración económica, una enorme desigualdad y decisiones pendulares extremas que impiden un aprendizaje político acumulativo y gradual. Por eso, las sociedades se deshacen de tales regímenes y buscan un nuevo equilibrio, en el que la existencia de mecanismos plenamente democráticos se combina con decisiones más acertadas en el ámbito productivo y en el modo en que Estado y Mercado se complementan virtuosamente. Dicho de un modo más directo, una genuina y duradera paz social no se deriva de la paz de los cementerios sino de ciertos contratos fundamentales, que promueven deliberadamente la convergencia y la armonía social. Sospecho que la sociedad chilena, casi imperceptible, pero implacablemente, desea transitar en aquella dirección. En tal caso, ello implica recuperar y reestablecer equilibrios fundamentales, que deben estar apoyados en principios y contratos legitimados y en una institucionalidad que los promueva. Así llegamos al 4 de septiembre, donde lo que se juega es si seguimos sosteniendo un proyecto nostálgico de la era oligárquica o permitimos el renacer de la República Mesocrática.

  • Mario Matus es Dr. Historia Económica . Profesor Asociado del Departamento de Ciencias Históricas. Universidad de Chile.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.