El magnate republicano presentó una demanda urgente en la que solicita a la corte que impida que el Departamento de Justicia examine unos cien documentos “clasificados”, que fueron decomisados en su casa.
El recurso no cuestiona la legalidad del allanamiento realizado en agosto por la policía federal en Mar-a-Lago, ni ningún tema de fondo, solo impugna una decisión de un tribunal de apelación que autorizó al Departamento de Justicia a examinar estos documentos sin esperar las conclusiones de un experto independiente, que debía revisarlos.
Cuando dejó el poder en enero de 2021, Trump se llevó cajas enteras con documentación de la Casa Blanca a pesar de que una ley de 1978 obliga a cualquier presidente estadounidense a transmitir todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los Archivos Nacionales.
En enero Trump les entregó 15 cajas.
Tras examinar el contenido, la policía federal estimó que probablemente tenía más.
Los agentes del FBI fueron a su casa de Florida por primera vez en junio y concluyeron que no había entregado todos los documentos.
El 8 de agosto realizaron un allanamiento sin precedentes en cumplimiento de un mandato por “retención de documentos clasificados” y “obstrucción a una investigación federal”, y se incautaron de una treintena de cajas más.
Trump, quien no descarta presentarse a un nuevo mandato en 2024, se considera “perseguido” políticamente y asegura que los documentos incautados son personales o estaban desclasificados.
Cuando estaba en el poder Trump remodeló a fondo la Corte Suprema pero, aunque seis de sus nueve magistrados son conservadores, el tribunal le ha llevado la contraria varias veces, como cuando se negó a apoyarlo en su cruzada poselectoral.
Trump se enfrenta además a un juicio civil en Nueva York, acusado de haber manipulado los activos de su grupo para obtener préstamos más ventajosos o para reducir los impuestos.
