Durante las dos primeras décadas de este siglo XXI, la fabricación y el consumo de equipos electrónicos se ha incrementado exponencialmente gracias a los beneficios en la interconexión de las personas, así como las amplias comodidades de todo orden que ellos ofrecen cotidianamente para la vida humana. Sin embargo, poco a poco, la inquietud comenzó a rondar, considerando la cantidad de desechos que este inédito salto tecnológico irrogaba para el medio ambiente. Un problema creciente -y amenazante- que implica los ámbitos sociales, ambientales y económicos de la denominada “la basura del siglo XXI”. El tema es determinar qué componentes de los desechos electrónicos resultan nocivos y son capaces de provocar un envenenamiento ambiental en este siglo XXI.

La medida, no obstante su claro objetivo, fue duramente resistida por el gigante Apple pues le obliga a modificar sus modelos y a abandonar el puerto específico para carga de sus modelos iPhone, denominado Lightning. Durante las discusiones en el Europarlamento (en Estrasburgo, Francia), los europarlamentarios alegaron que la adopción de un modelo único de cargador reducirá la montaña de cargadores obsoletos descartados cada año y reducirá los costos para los consumidores. Se espera que el cambio reduzca más de ¡mil toneladas! de desechos electrónicos al año sólo en la UE y, además, permita el ahorro de al menos 200 millones de euros anuales según la comisaria europea para la Competencia, Margrethe Vestager.

Como veíamos, Apple había resistido con mucha fuerza las iniciativas para normalizar los puertos de carga de teléfonos celulares y dispositivos portátiles, alegando que de aprobarse tal legislación, ella sería un obstáculo para la innovación tecnológica. Sin embargo, usuarios de los más recientes modelos de iPhone se han quejado que el puerto Lightning es capaz de transferir datos a tan sólo una fracción de la velocidad que presenta el puerto USB-C.

Para llegar a conclusiones certeras sobre la necesidad de contar con un cargador universal y darle a su manufactura la condición de obligación legal para toda marca de implemento electrónico, en el curso del desarrollo de la investigación previa, el método utilizado en el estudio intentó identificar el problema derivado del desperdicio de tecnología, por lo que se realizó una recopilación bibliográfica, incorporado asimismo metodologías teóricas. Estas fueron: deductivas, inductivas, síntesis y análisis; en la parte empírica de la investigación se  implementaron  métodos no experimentales para el estudio de documentos, artículos, tesis y páginas oficiales de organismos e instituciones internacionales relacionadas específicamente con el tema.

Los resultados demostraron de modo palmario que la mayoría de los ciudadanos desconoce el daño que causa no saber reutilizar y reciclar equipos tecnológicos, ya que por la alta cantidad de aparatos que se venden cada año, se produce una saturación que agrava el problema de la acumulación de estos aparatos, con el riesgo de provocar   un daño profundo y severo a los ecosistemas del planeta. Los elementos desechados, al entrar en contacto con el agua o la lluvia se difuminan en el ambiente y causan contaminación del suelo y del agua. No hay que olvidar que todas nuestras fuentes de consumo humano y agrícola provienen de fuentes superficiales y subterráneas.

En 2018 se generaron 53,6 millones de toneladas de desechos en todo el mundo; 53,6 millones en 2019, de los cuales tan sólo el 17,4% se recicla correctamente. Un tercio de los desechos tecnológicos proviene de China y Estados Unidos. Se estima que en el 2050 que se producirá 120 millones de toneladas anuales de basura electrónica a causa del incremento en la tasa de su consumo. El mezclar los residuos electrónicos con la basura común es un error que causa daños a la salud y al medio ambiente, destaca la Organización Mundial de la Salud, la que ya declaró a los residuos electrónicos como “la plaga del siglo” pues son desechos que van en aumento. Y cada habitante del planeta es capaz de generar 7 kilos de estos desechos electrónicos al año.

Por ahora, al menos, la normativa adoptada por el Parlamento Europeo deberá ser aplicada de forma plena en un plazo de dos años para teléfonos móviles, tabletas, cámaras digitales, auriculares, altavoces portátiles, consolas portátiles de videojuegos y lectores electrónicos, entre otros.