El Senado dio luz verde a las modificaciones introducidas por la Cámara Baja al proyecto que sanciona penalmente a quienes ingresen elementos prohibidos a los establecimientos penitenciarios. La idea es fortalecer la seguridad pública, robustecer el combate del narcotráfico y brindarle mejores herramientas de apoyo a la política criminal.

Lo nuevo que comenzará a aplicarse, una vez que se promulgue la ley, es que se incluirán los teléfonos celulares dentro de los elementos que no pueden ser ingresados a las cárceles, situación que a la fecha no se cumple considerando que hay internos que tienen equipos de última generación durante el tiempo que permanecen privados de libertad.

La legislación establece penas especiales para los abogados, procuradores y/o empleados públicos que incurran en estas conductas. En ese sentido, “si la acción es perpetrada por un abogado, procurador o un empleado público, la pena no se aplicará en su grado mínimo y, además, conllevará desde la suspensión en su grado mínimo a inhabilitación especial temporal en cualquiera de sus grados para el ejercicio de la profesión y del cargo u oficio, respectivamente”.

En la actualidad, se han detectado casos en los que abogados de los reclusos entregan a los internos elementos prohibidos, tales como drogas, armas, municiones y teléfonos celulares. Esto, ocurre ante la baja o nula capacidad de fiscalización que tienen los funcionarios de Gendarmería.

La Ley

Esta norma señala, de manera textual que, en el caso de quien “sin estar legal o reglamentariamente autorizado al efecto ingresare, intentare o permitiere ingresar por cualquier medio a un establecimiento penitenciario intercomunicadores, teléfonos, partes de ellos, chips telefónicos u otros elementos tecnológicos que permitan comunicarse con el exterior, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio -pena que va desde 541 días a 3 años y un día”.

Estas mismas penas se aplicarán a quienes introduzcan los elementos mediante lanzamiento de objetos desde las inmediaciones de un establecimiento penitenciario. También, se castigará a quien haga uso de medios tecnológicos, aeronaves no tripuladas o drones para lograr dicho objetivo.

El senador, José Miguel Insulza, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, señaló que lo que se está haciendo es complementar el Código Penal, creando un nuevo Artículo 304 bis, que castiga la internación de elementos prohibidos a los recintos penitenciarios.

El parlamentario del Partido Socialista (PS), indicó que “han cambiado y se han enriquecido, por decirlo, de alguna manera, la forma en las cuales se hacen llegar objetos prohibidos a los reos. Esta iniciativa es complementaria, porque en el proyecto se habla de lanzarlos desde las cercanías exteriores a los recintos penitenciarios, usando elementos más sofisticados, utilizando drones y otros artículos que no existían cuando se dictó la ley, como es el caso de los teléfonos celulares”.

Añadió que “lo que esta iniciativa hace es adecuar la conducta de manera general para incluir cualquier forma de ingreso y cualquier elemento con características de comunicabilidad a personas que están en la cárcel y que no debieran tener esos bienes”.

Por su parte, el senador Fidel Espinoza, que también integra la Comisión de Seguridad Pública, aseguró que “todos los días se producen delitos que se gestan en las cárceles. Hoy se hacen estafas y se conocen casos, me ha tocado en mi región. Creemos que, al aumentarse las penas, se da un paso para condenar aún más este tipo de actos. También debiera castigarse a los funcionarios de Gendarmería que participan en estos también”.

En tanto, el senador de Evópoli, Felipe Kast, manifestó que “este proyecto nace tras una conversación con Gendarmería. Ellos nos hicieron ver la gran cantidad de elementos prohibidos que encuentran en los decomisos. De hecho, hace unos días, se revisaron a 8 mil reos y se encontró dos mil celulares. En abril del 2021, ya se contabilizaban 570 bandas criminales en las cárceles que operan con estos aparatos”.

Según Gendarmería, entre enero de 2019 y julio de 2020, se decomisaron casi 7 mil objetos en las penitenciarías del país. La mayor parte correspondía a teléfonos celulares, municiones, armas de fuegos y explosivos.