La ministra en visita Romy Rutherford que investiga las malversaciones de caudales públicos en el Ejército, decidió procesar al ex comandante en jefe de la institución castrense (2002-2006) por el uso irregular de 128 millones 638 mil 559 pesos que originalmente estaban destinados a labores de inteligencia.

De esta forma, el otrora jefe militar quedó con prisión preventiva detenido en el Batallón de Telecomunicaciones N°1 de Peñalolén y en los próximos días debería definirse si accede a otorgarle libertad bajo fianza.

La investigación contra Cheyre se inició luego del interrogatorio que la jueza realizó al ex jefe de contabilidad y remuneraciones de la comandancia en jefe y luego director de finanzas de la institución, coronel (r) Sergio Vásquez, declaración de la cual concluyó que las irregularidades se venían cometiendo desde hacía tiempo.

Por todo esto, Rutherford ordenó el embargo por 140 millones de pesos en bienes contra Cheyre.

Entre las declaraciones que imputan a Cheyre de estos delitos de desvíos de dineros, está el del jefe de finanzas de la comandancia en jefe entre 2002 y 2005, coronel (r) Juan Pablo de la Fuente, quien sostuvo que “el general Cheyre me daba las instrucciones para que fuera retirando los recursos de gastos reservados de la Dirección de Finanzas del Ejército”.

A ello agregó que “había ciertos gastos mensuales que estaban dispuestos para pagar con estos recursos, tales como los pagos a los ex comandantes en jefe. En esa época, el ex comandante en jefe Ricardo Izurieta Caffarena, a quien se le entregaban mensualmente 400 mil pesos y no recuerdo si también se le entregaba al general Augusto Pinochet”.

Además, De la Fuente precisó que Cheyre entregaba un viático a los generales que viajaban al extranjero y que oscilaba entre los mil y los mil 400 dólares, “pero no a todos, solo a los que el comandante en jefe señalaba”, afirmó.

Además, esta misma jornada la ministra en visita ordenó ampliar cargos contra los sucesores de Cheyre, Óscar Izurieta y Juan Miguel Fuente-Alba, también investigados en la arista denominada “Gastos Reservados” del caso Milico Gate.

En el caso de Fuente-Alba, la ampliación del embargo ordenado por la magistrada llega a los 55 millones de pesos y de Izurieta a los 105 millones.