En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la directora ejecutiva de la fundación Terram, Flavia Liberona, entregó detalles sobre el Balance Ambiental 2022 que realizó la organización, el cual proporciona un resumen sobre lo que ha acontecido en el país en los últimos 12 meses respecto a estas materias.

Tratándose de la primera evaluación de la administración del presidente Gabriel Boric, Liberona sostuvo que “una de las grandes críticas que hacemos es la ratificación en el Senado del TPP11, debido a lo que esto podría implicar para el país. También creemos que ha habido otras cosas en que el Gobierno no actuó con la celeridad que esperábamos, por ejemplo, en generar políticas públicas las zonas de sacrificio. Si bien hay avances, no hay tantos avances como hubiésemos querido”.

Asimismo, cuestionó la reducción de los recursos contemplados para el próximo año orientados a la protección de las áreas protegidas. “Ese presupuesto fue disminuido en un 21% respecto del año pasado y es uno de los más bajos desde que se registra como una partida particular en la Ley de Presupuestos”, expresó.

Bajo este escenario, dijo que este tipo de observaciones “nos parece que no están en la misma dirección de los dichos del presidente de que este sería el primer gobierno ecologista de Chile”.

Respecto del proceder del sector productivo tradicional relativo a la minería, agroindustria, salmonicultura e industria forestal, entre otros, mencionó que “tiene que cumplir ciertas regulaciones ambientales y reiteradamente las incumple o las elude y muchas veces se generan problemas o contaminación o conflicto socioambientales, que es lo que relevamos en estos premios y, en ese sentido, señalar que nuevamente la mirada es cómo la institución de Gobierno se hace cargo de esto y empieza a regular mejor a las industrias”.

En ese sentido, destacó que “durante este 2022 la Superintendencia de Medioambiente cumplió un rol bien importante en fiscalizar a la industria salmonera y por eso se detectan estos incumplimientos, cosa que no había pasado nunca antes, incluso se caducan permisos ambientales; sin embargo, todavía falta mucho porque una cosa es la voluntad, que en este caso tuvo el que era superintendente hasta hace poco, Emanuel Ibarra, con todo su equipo, y otra cosa son la cantidad de funcionarios, el presupuesto”.

“La mirada que nosotros tenemos es que muchas veces estos accidentes o estas contaminaciones o incumplimientos ambientales ocurren porque el Estado no tiene la capacidad de fiscalización o no tiene la voluntad de fiscalización que se requiere y las empresas eluden el sistema o simplemente es más fácil contaminar que hacer bien las cosas”, manifestó.

En ese sentido, fue enfática en su crítica al señalar que, pese a haber varias entidades encargadas de fiscalizar a las industrias, como la propia Superintendencia de Medioambiente, Sernapesca o Conaf, uno “se da cuenta primero que no hay presupuesto, que no hay funcionarios y que no hay insumos para que la gente fiscalice. En Los Lagos la SMA tiene una sola camioneta para salir a terreno. Entonces, la verdad es que hay una precariedad en el Estado y eso claramente tiene que cambiar si queremos que las empresas cumplan la normativa ambiental, porque con esto no hemos entrado ni siquiera a discutir o a revisar si la normativa ambiental es buena o mala”.

Por lo mismo, recalcó que “solo estamos diciendo que hoy día la capacidad del Estado es insuficiente para fiscalizar las leyes que tenemos, los reglamentos y toda la normativa que tenemos”.