En las protestas en Perú ya se superan las 60 víctimas mortales luego de un fin de semana marcado por la llamada “toma de Lima” y la intrusión de la policía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), lugar que servía de albergue a las personas de provincia que habían llegado hasta la capital para participar de las movilizaciones.

Dicha casa de estudios no es la única que prestó sus instalaciones para alojar manifestantes, también lo hizo por iniciativa de su rector, la Universidad Nacional de Ingeniería; sin embargo, en esta última no se vivió ninguna intervención policial como la que sucedió en San Marcos este sábado en horas de la mañana.

Con tanquetas y blindados, 400 efectivos policiales ingresaron cerca de las nueve de la mañana, propiciando la detención de casi 300 personas, a las que, por registros de la prensa y redes sociales, se sabe se les obligó a tirarse al suelo para posteriormente llevarlos a distintas comisarías sin la presencia de un fiscal ni de abogados defensores.

“Los que logramos salir nos hemos seguido movilizando exigiendo la liberación de nuestros compañeros porque los quieren tratar como si fueran terroristas, criminales”, comentó para Radio Universidad de Chile Soledad Orcoapaza, egresada de Historia de la Universidad Jorge Basadre de Tacna, quien viajó a Lima para participar de las manifestaciones y que se alojó en la UNMSM.

“Entraron a la universidad, rompieron la puerta principal y detuvieron a los compañeros que estaban en residencia, a los hermanos provincianos que estaban tomando desayuno y ni siquiera le han permitido recoger sus cosas ni el ingreso de abogados, en una absoluta violación de DD.HH. y de la legítima defensa”, aseguró.

Una de las organizaciones que brindó apoyo legal a las personas detenidas fue la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) tanto en la Dirección Nacional Contra el Crimen (Dirincri) como en la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (Dincote), ambos departamentos de la Policía Nacional, en un proceso que se extendió por casi doce horas.

Al respecto, el Secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, Miguel Jugo, conversó con nuestro medio reiterando que la Fiscalía recién envió a sus funcionarios al lugar de los hechos pasadas las 11 de las mañana, casi dos horas después de la irrupción policial. Asimismo, también cuestionó los métodos utilizados y se refirió a la procedencia de las personas detenidas.

“Estas personas eran manifestantes que ejercían su derecho a la protesta. Los vándalos deben ser capturados por la policía y procesados. Hay un grupo pequeño de procesados durante todos estos días de protesta que supuestamente han sido detenidos haciendo vandalismo, pero estas personas no. Y tan no es que han caminado desde el Centro de la Lima hasta la Universidad, que son aproximadamente cuatro kilómetros ¿De qué se les puede acusar?”, cuestionó el abogado.

Además, a través de las redes sociales, vienen circulando registros audiovisuales que exponen diversos ataques racistas en contra de las personas detenidas, haciendo referencia a sus lugares de origen o a sus lenguas originarias (muchos de ellos quechuablantes), emitidos por parte del personal policial al momento de la intervención.

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Al respecto, Jugo indicó que se trata de una situación “muy lamentable porque los policías son peruanos y peruanas seguramente del mismo raigambre de los manifestantes. Entonces, tomar actitudes racistas hacia ellos es completamente absurdo. Probablemente sus jefes les hayan mentido, les hayan dicho que entre ellos hay terroristas, comunistas, etc, que los enerva y les hace reaccionar de una manera equivocada. Por eso creo que lo importante en este momento es que las autoridades cambien ese discurso discriminador y confrontacional y pasen al diálogo”.

Asimismo, el abogado de la CNDDHH entregó un balance de lo que han sido estos dos meses de la presidenta Dina Boluarte en materia de Derechos Humanos y el manejo político que se ha tenido frente a la crisis.

“Lo que ha ocurrido ayer en San Marcos es precisamente lo que está ocurriendo en el país, es decir, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han sido encargadas por el Gobierno para resolver un problema político y eso es completamente absurdo. Un problema político lo resuelve la política, el Congreso, el Ejecutivo, no los oficiales de la Policía Nacional que lo único que hacen es reprimir, tirar bombas y, en algunas oportunidades, disparar contra la gente”, señaló.

Hay que recordar que en el último mensaje presidencial de la presidenta Boluarte entregado el jueves en la noche, el Ejecutivo brindó su respaldo a las fuerzas del orden y cuestionó el financiamiento de las movilizaciones en el país, además de asegurar que la situación estaba controlada. “El Gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca. Llamo a la calma a los líderes políticos que llaman a las marchas, tengan una mirada de país más sincera, hermanada”, puntualizó la exvicepresidenta de Pedro Castillo.