El director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, junto al abogado de Derechos Humanos, Cristián Cruz, se dirigieron a la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, esperando a que la Fiscalía no frene las investigaciones de los siete de 13 miembros de Fuerzas Especiales imputados por dejar con lesiones graves a Moisés Órdenes.

Tras no haber aún ninguna respuesta, Rodrigo Bustos insistió que “nosotros hoy día entregamos una carta, solicitamos una reunión que tendría que ser concedida antes del 24 de febrero, que es la fecha de la audiencia, esperamos que se nos conceda la reunión a nosotros, a la familia, a los abogados de la familia para que se rinda cuentas”.

Asimismo, explicó las evidencias que ocurrieron ese día de la golpiza a Órdenes, afirmando que “todos observamos cómo se produjo una golpiza colectiva, un caso paradigmático de tortura colectiva en contra de Moisés Órdenes en la Plaza Ñuñoa […]. Ese hecho fue televisado”.

De igual manera, Cristián Cruz enfatizó que “nos parece inaceptable y carente de justificación la decisión de no continuar la persecución penal”.

La integrante de la Agrupación de Mujeres Democráticas (AMD), Mimi Baeza, fue más enfática en demostrar su descontento con la situación.

“Lo encuentro verdaderamente vergonzoso, lo encuentro terrible. Nosotros nos sentimos impotentes frente a esta doble justicia chilena; por un lado la gente que tiene dinero, sale libre con tremendos crímenes, y una persona que ha sido víctima de la violación más espantosa de Derechos Humanos, no tiene la posibilidad de tener a los que provocaron esto en la cárcel, y además, no hay justicia. Es un doble estándar para la justicia, y eso en algún momento espero que se termine”, aseveró.

Cabe señalar que Moisés Órdenes es un hombre de 55 años que estaba participando de un pacífico “cacerolazo” en Plaza Ñuñoa, cuando recibió ataques de uniformados de Fuerzas Especiales el 21 de octubre, la tercera noche del estallido social de 2019.

Las consecuencias de la golpiza fueron una fractura de costillas, pérdida de piezas dentales, daños oculares. A razón de ese día, “Moisés está profundamente afectado”, como indica Cruz.

“Es una persona que además se dedicaba al arte, que pintaba, entonces le han quitado las herramientas, es quitarle un ojo a un fotógrafo, la mano a un pianista; es brutal lo que se hizo, pero es mucho más brutal que se esté denegando por parte del Estado la posibilidad de Moisés de ser escuchado en un juicio, donde estén todos los responsables sentados en el banquillo de los acusados”, detalló.

Ante esto, Baeza detalló que “no puede ser que a Moisés le hayan destruido la vida de esta forma solo por protestar, solo por sus ideales; ahora no ve, no puede escribir, no puede hacer todo lo que él hacía antes”.

Al haber varios casos similares, Amnistía Internacional dio datos estadísticos, señalando que “hoy día, de las 10.830 denuncias que se realizaron por violaciones de derechos humanos durante el estallido social, hay más de un 80% de los casos que están cerrados y solamente se ha llegado a 17 condenas, por lo tanto, son muchas las víctimas cuyos casos han quedado en la impunidad”.