En noviembre de 2022, la monarquía absolutista y teocrática suní que gobierna el reino puso fin a una moratoria no oficial sobre la pena de muerte por delitos de drogas, una medida que Naciones Unidas calificó de “profundamente lamentable”, informando que en quince días, 17 hombres fueron ejecutados por tales delitos. Asimismo, Human Rights Watch afirma que 41 de los 81 hombres ejecutados en marzo del año pasado pertenecían a la minoría chiita y que “los abusos rampantes y sistémicos en la justicia penal de Arabia Saudita sugieren que es muy poco probable que alguno de los hombres recibiera un juicio justo”. La agrupación aseguró, además, haber recibido informes sobre torturas. La decapitación ha sido tradicionalmente el principal método de ejecución en Arabia Saudita. Las bárbaras ejecuciones solían tener lugar en público y los nombres de los asesinados y los cargos que se les imputaban se publicaban como escarmiento en sitios web del gobierno.
¿De qué se suele acusar a los ejecutados? Por lo general, se les imputan delitos como intento de asesinato contra agentes de seguridad, violación, robo, fabricación de bombas, agitación y propagación del caos, así como tráfico de armas y drogas. Fue el caso de Mustafá al-Khayyat. Casi un año después de su muerte, las autoridades saudíes no le han comunicado a su familia cómo fueron ejecutados él y los demás hombres que figuran en una larga y creciente lista elaborada por la agrupación Reprieve, la cual, junto con la Organización Euro-saudí de Derechos Humanos, ha documentado meticulosamente las ejecuciones realizadas por los saudíes con el propósito de elaborar un informe. Yasser, hermano mayor de Mustafá puede hablar ahora por primera vez públicamente sobre el doloroso tema. Vive en Alemania, donde se le ha concedido asilo político después de huir de Arabia Saudita porque temía correr la misma suerte que su hermano. Yasser afirma que el crimen de Mustafá ha sido una tragedia para la familia. “No sabemos si les dieron un entierro decente o si los arrojaron al desierto o al mar. No tenemos idea”, afirma.
Tras su muerte, las autoridades emitieron un comunicado en el que informaron de que el hombre, junto con otras 30 personas, fue ejecutado por los delitos antes descritos. “Pero nunca aportaron pruebas y esa mentira cala muy hondo”, explica Yasser, quien afirma que su hermano aún estaba intentando apelar su condena ante la justicia cuando las autoridades lo ejecutaron a él y a los otros 30 hombres. Pese al tiempo transcurrido desde que Mustafá al-Khayyat fue ejecutado, su familia no ha recibido su cuerpo para poder darle sepultura. Es que allí la pena de muerte dictaminada para los presos se aplica sin siquiera avisar con antelación a sus familias.
La Organización Euro-saudí de Derechos Humanos, ha documentado desde 2010 de modo meticuloso las ejecuciones efectuadas por el sistema judicial de Riad, en un informe que ha revelado que la tasa de ejecuciones de Arabia Saudita casi se ha duplicado desde que el rey Salman tomó las riendas del país en 2015 y nombró a su hijo, Mohammed bin Salman, para puestos clave del gobierno. Además, el estudio revela que la pena de muerte se utiliza rutinariamente para silenciar a disidentes y manifestantes, contraviniendo el Derecho Internacional sobre Crímenes contra la Humanidad, que establece que sólo puede utilizarse para delitos graves.
Agrega que al menos 11 de los ejecutadas desde 2015 eran niños cuando fueron detenidos, a pesar de las repetidas afirmaciones de Arabia Saudita de que está restringiendo el uso de la pena de muerte contra menores de edad. Como si lo anterior fuera poco, también la tortura resulta “endémica” en las cárceles sauditas, incluso para los acusados menores de edad. Por su parte la organización Reprieve documentó 147 ejecuciones en Arabia Saudita el año pasado, pero afirma que han podido ser más. También señaló que el país ha aplicado “desproporcionadamente” la pena de muerte contra ciudadanos extranjeros, entre ellos trabajadoras domésticas y pequeños traficantes de drogas.
En otra arista, a fines de 2022, el gobierno de Estados Unidos determinó que el gobernante de hecho de Arabia Saudita, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, tiene inmunidad frente a una demanda presentada por la prometida del periodista asesinado Jamal Khashoggi, un destacado crítico saudita que fue asesinado al interior del consulado de Arabia Saudita en Estambul, Turquía, en octubre de 2018. De hecho, la inteligencia estadounidense dijo que cree que fue el príncipe Mohammed quien ordenó el asesinato, un hecho que causó revuelo mundial y una suerte de cerco internacional al régimen saudí. Sin embargo, en documentos judiciales, el Departamento de Estado de EE.UU. señaló que el príncipe tiene inmunidad debido a su nuevo rol como primer ministro saudita. Lo que se traduce en que, para Washington, es un “intocable”.
Tras el fallo estadounidense, la prometida de Khashoggi, la turca Hatice Cengiz, escribió en Twitter: “Jamal volvió a morir hoy”.
En noviembre de 2022, la monarquía absolutista y teocrática suní que gobierna el reino puso fin a una moratoria no oficial sobre la pena de muerte por delitos de drogas, una medida que Naciones Unidas calificó de “profundamente lamentable”, informando que en quince días, 17 hombres fueron ejecutados por tales delitos. Asimismo, Human Rights Watch afirma que 41 de los 81 hombres ejecutados en marzo del año pasado pertenecían a la minoría chiita y que “los abusos rampantes y sistémicos en la justicia penal de Arabia Saudita sugieren que es muy poco probable que alguno de los hombres recibiera un juicio justo”. La agrupación aseguró, además, haber recibido informes sobre torturas. La decapitación ha sido tradicionalmente el principal método de ejecución en Arabia Saudita. Las bárbaras ejecuciones solían tener lugar en público y los nombres de los asesinados y los cargos que se les imputaban se publicaban como escarmiento en sitios web del gobierno.
¿De qué se suele acusar a los ejecutados? Por lo general, se les imputan delitos como intento de asesinato contra agentes de seguridad, violación, robo, fabricación de bombas, agitación y propagación del caos, así como tráfico de armas y drogas. Fue el caso de Mustafá al-Khayyat. Casi un año después de su muerte, las autoridades saudíes no le han comunicado a su familia cómo fueron ejecutados él y los demás hombres que figuran en una larga y creciente lista elaborada por la agrupación Reprieve, la cual, junto con la Organización Euro-saudí de Derechos Humanos, ha documentado meticulosamente las ejecuciones realizadas por los saudíes con el propósito de elaborar un informe. Yasser, hermano mayor de Mustafá puede hablar ahora por primera vez públicamente sobre el doloroso tema. Vive en Alemania, donde se le ha concedido asilo político después de huir de Arabia Saudita porque temía correr la misma suerte que su hermano. Yasser afirma que el crimen de Mustafá ha sido una tragedia para la familia. “No sabemos si les dieron un entierro decente o si los arrojaron al desierto o al mar. No tenemos idea”, afirma.
Tras su muerte, las autoridades emitieron un comunicado en el que informaron de que el hombre, junto con otras 30 personas, fue ejecutado por los delitos antes descritos. “Pero nunca aportaron pruebas y esa mentira cala muy hondo”, explica Yasser, quien afirma que su hermano aún estaba intentando apelar su condena ante la justicia cuando las autoridades lo ejecutaron a él y a los otros 30 hombres. Pese al tiempo transcurrido desde que Mustafá al-Khayyat fue ejecutado, su familia no ha recibido su cuerpo para poder darle sepultura. Es que allí la pena de muerte dictaminada para los presos se aplica sin siquiera avisar con antelación a sus familias.
La Organización Euro-saudí de Derechos Humanos, ha documentado desde 2010 de modo meticuloso las ejecuciones efectuadas por el sistema judicial de Riad, en un informe que ha revelado que la tasa de ejecuciones de Arabia Saudita casi se ha duplicado desde que el rey Salman tomó las riendas del país en 2015 y nombró a su hijo, Mohammed bin Salman, para puestos clave del gobierno. Además, el estudio revela que la pena de muerte se utiliza rutinariamente para silenciar a disidentes y manifestantes, contraviniendo el Derecho Internacional sobre Crímenes contra la Humanidad, que establece que sólo puede utilizarse para delitos graves.
Agrega que al menos 11 de los ejecutadas desde 2015 eran niños cuando fueron detenidos, a pesar de las repetidas afirmaciones de Arabia Saudita de que está restringiendo el uso de la pena de muerte contra menores de edad. Como si lo anterior fuera poco, también la tortura resulta “endémica” en las cárceles sauditas, incluso para los acusados menores de edad. Por su parte la organización Reprieve documentó 147 ejecuciones en Arabia Saudita el año pasado, pero afirma que han podido ser más. También señaló que el país ha aplicado “desproporcionadamente” la pena de muerte contra ciudadanos extranjeros, entre ellos trabajadoras domésticas y pequeños traficantes de drogas.
En otra arista, a fines de 2022, el gobierno de Estados Unidos determinó que el gobernante de hecho de Arabia Saudita, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, tiene inmunidad frente a una demanda presentada por la prometida del periodista asesinado Jamal Khashoggi, un destacado crítico saudita que fue asesinado al interior del consulado de Arabia Saudita en Estambul, Turquía, en octubre de 2018. De hecho, la inteligencia estadounidense dijo que cree que fue el príncipe Mohammed quien ordenó el asesinato, un hecho que causó revuelo mundial y una suerte de cerco internacional al régimen saudí. Sin embargo, en documentos judiciales, el Departamento de Estado de EE.UU. señaló que el príncipe tiene inmunidad debido a su nuevo rol como primer ministro saudita. Lo que se traduce en que, para Washington, es un “intocable”.
Tras el fallo estadounidense, la prometida de Khashoggi, la turca Hatice Cengiz, escribió en Twitter: “Jamal volvió a morir hoy”.
En noviembre de 2022, la monarquía absolutista y teocrática suní que gobierna el reino puso fin a una moratoria no oficial sobre la pena de muerte por delitos de drogas, una medida que Naciones Unidas calificó de “profundamente lamentable”, informando que en quince días, 17 hombres fueron ejecutados por tales delitos. Asimismo, Human Rights Watch afirma que 41 de los 81 hombres ejecutados en marzo del año pasado pertenecían a la minoría chiita y que “los abusos rampantes y sistémicos en la justicia penal de Arabia Saudita sugieren que es muy poco probable que alguno de los hombres recibiera un juicio justo”. La agrupación aseguró, además, haber recibido informes sobre torturas. La decapitación ha sido tradicionalmente el principal método de ejecución en Arabia Saudita. Las bárbaras ejecuciones solían tener lugar en público y los nombres de los asesinados y los cargos que se les imputaban se publicaban como escarmiento en sitios web del gobierno.
¿De qué se suele acusar a los ejecutados? Por lo general, se les imputan delitos como intento de asesinato contra agentes de seguridad, violación, robo, fabricación de bombas, agitación y propagación del caos, así como tráfico de armas y drogas. Fue el caso de Mustafá al-Khayyat. Casi un año después de su muerte, las autoridades saudíes no le han comunicado a su familia cómo fueron ejecutados él y los demás hombres que figuran en una larga y creciente lista elaborada por la agrupación Reprieve, la cual, junto con la Organización Euro-saudí de Derechos Humanos, ha documentado meticulosamente las ejecuciones realizadas por los saudíes con el propósito de elaborar un informe. Yasser, hermano mayor de Mustafá puede hablar ahora por primera vez públicamente sobre el doloroso tema. Vive en Alemania, donde se le ha concedido asilo político después de huir de Arabia Saudita porque temía correr la misma suerte que su hermano. Yasser afirma que el crimen de Mustafá ha sido una tragedia para la familia. “No sabemos si les dieron un entierro decente o si los arrojaron al desierto o al mar. No tenemos idea”, afirma.
Tras su muerte, las autoridades emitieron un comunicado en el que informaron de que el hombre, junto con otras 30 personas, fue ejecutado por los delitos antes descritos. “Pero nunca aportaron pruebas y esa mentira cala muy hondo”, explica Yasser, quien afirma que su hermano aún estaba intentando apelar su condena ante la justicia cuando las autoridades lo ejecutaron a él y a los otros 30 hombres. Pese al tiempo transcurrido desde que Mustafá al-Khayyat fue ejecutado, su familia no ha recibido su cuerpo para poder darle sepultura. Es que allí la pena de muerte dictaminada para los presos se aplica sin siquiera avisar con antelación a sus familias.
La Organización Euro-saudí de Derechos Humanos, ha documentado desde 2010 de modo meticuloso las ejecuciones efectuadas por el sistema judicial de Riad, en un informe que ha revelado que la tasa de ejecuciones de Arabia Saudita casi se ha duplicado desde que el rey Salman tomó las riendas del país en 2015 y nombró a su hijo, Mohammed bin Salman, para puestos clave del gobierno. Además, el estudio revela que la pena de muerte se utiliza rutinariamente para silenciar a disidentes y manifestantes, contraviniendo el Derecho Internacional sobre Crímenes contra la Humanidad, que establece que sólo puede utilizarse para delitos graves.
Agrega que al menos 11 de los ejecutadas desde 2015 eran niños cuando fueron detenidos, a pesar de las repetidas afirmaciones de Arabia Saudita de que está restringiendo el uso de la pena de muerte contra menores de edad. Como si lo anterior fuera poco, también la tortura resulta “endémica” en las cárceles sauditas, incluso para los acusados menores de edad. Por su parte la organización Reprieve documentó 147 ejecuciones en Arabia Saudita el año pasado, pero afirma que han podido ser más. También señaló que el país ha aplicado “desproporcionadamente” la pena de muerte contra ciudadanos extranjeros, entre ellos trabajadoras domésticas y pequeños traficantes de drogas.
En otra arista, a fines de 2022, el gobierno de Estados Unidos determinó que el gobernante de hecho de Arabia Saudita, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, tiene inmunidad frente a una demanda presentada por la prometida del periodista asesinado Jamal Khashoggi, un destacado crítico saudita que fue asesinado al interior del consulado de Arabia Saudita en Estambul, Turquía, en octubre de 2018. De hecho, la inteligencia estadounidense dijo que cree que fue el príncipe Mohammed quien ordenó el asesinato, un hecho que causó revuelo mundial y una suerte de cerco internacional al régimen saudí. Sin embargo, en documentos judiciales, el Departamento de Estado de EE.UU. señaló que el príncipe tiene inmunidad debido a su nuevo rol como primer ministro saudita. Lo que se traduce en que, para Washington, es un “intocable”.
Tras el fallo estadounidense, la prometida de Khashoggi, la turca Hatice Cengiz, escribió en Twitter: “Jamal volvió a morir hoy”.
