Este jueves se realizó una conferencia y presentación del informe “Las obligaciones extraterritoriales en derechos humanos de la República Popular de China con relación a actividades empresariales en América Latina” en Ginebra, Suiza.

Esta iniciativa es encabezada por el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), que, según sus antecedentes pasados, ha presentado informes a los organismos de derechos humanos dependientes del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Por ende, distintos países tienen que rendir cuenta sobre su situación de DD.HH. cada cuatro años. Y en la actualidad se hace la revisión de China en relación al convenio internacional del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC).

El director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Lucio Cuenca, detalló que “están reunidas las organizaciones latinoamericanas que han detectado ya hace algunos años que la inversión china en Latinoamérica empieza a ser predominante y que empieza a ingresar sectores de la economía de nuestros países donde se generan altos impactos ambientales y sociales, y por lo tanto, se vulneran los derechos humanos”.

En ese sentido, las organizaciones tienen a su favor las evaluaciones periódicas realizadas por los mecanismos de derechos humanos en Naciones Unidas, para demostrar que el Estado chino no ha cumplido con sus obligaciones en el ámbito del derecho internacional que exige que las empresas y entidades financieras que están bajo su jurisdicción o control efectivo, no vulneren derechos humanos en naciones donde llevan a cabo sus operaciones.

Cuenca es un integrante de la coalición que está llevando el “Caso Rucalhue” a Ginebra. Trata de la localidad de Rucalhue, en la comuna de Santa Bárbara, que está afectada por una central hidroeléctrica que tiene resolución de calificación ambiental desde el año 2016. Sin embargo, como indica el director de OLCA, “recién se empieza a construir en unos dos años y medio ya en propiedad de una empresa china y que ha contado con la oposición de las comunidades de la zona”.

En relación al caso, expone que los principales argumentos tienen que ver con “el impacto sociocultural y ambiental. Hay que considerar que el proyecto aún no se construye. Si bien tiene una resolución de calificación ambiental, en el camino se modificó, pero sin que se hiciera una evaluación ambiental nueva y ha quedado al descubierto que además de esa modificación que es muy importante para el impacto de esas centrales en esa zona del río Biobío, la empresa ha estado cometiendo irregularidades que impactan aún más a la población del sector de Rucalhue”, aseveró.

El dirigente, además, ejemplificó que las empresas “han talado bosque nativo con especies en peligro de extinción. Eso mismo hizo que la CONAF exigiera a la empresa que presente un informe para que este proyecto, de acuerdo a la Ley de Bosque Nativo de nuestro país, se le otorgue la calidad de un proyecto de interés nacional. Si no tiene esa declaratoria de interés nacional, no se pueden intervenir bosques protegidos”.

Por su parte, la dirigenta de Rucalhue, Paula Riffo, quien además se encuentra en Ginebra, dio a conocer dos argumentos presentados. El primero es la vulneración medioambiental, generada por las talas ilegales y afectaciones a especies vulnerables. Riffo mencionó que “se ha planteado el caso de tala de vegetación nativa en 2022 verificado por la Corporación Nacional Forestal sin contar con plan de manejo, vulnerando la legislación correspondiente. Para la empresa, es fundamental dar paso a la tala de especies vulnerables”.

El segundo “aborda la presencia de dos querellas en un mismo año, ambas a partir de la movilización de las comunidades y que actualmente no cuentan con nuevos antecedentes. Además, existen amedrentamientos y violencia en las bajadas de río en kayak y un último desalojo de la toma con seguridad privada de la empresa”, detalló.

Así, este jueves se presentaron los principales hallazgos del informe colectivo basado en el análisis de 14 casos emblemáticos en nueve países latinoamericanos, y las recomendaciones clave que se aspira que sean acogidas por el CDESC en la evaluación de China. Con aquellas se busca que el Estado chino redoble los esfuerzos para cumplir con sus obligaciones extraterritoriales de derechos humanos.