La Fundación Terram expresó su rechazo a un posible “perdonazo” a la empresa salmonera noruega Nova Austral, luego que la justicia revocó dos permisos ambientales para que la industria pudiera instalar dos criaderos de salmón cerca del límite del Parque Natural Kawésqar, en la Patagonia.

El tercer Tribunal Ambiental, acogió parcialmente la reclamación presentada por un conjunto de personas naturales y comunidades indígenas, quienes impugnaron la resolución de la Comisión de Evaluación (COEVA) de la Región de Magallanes por el rechazo de la solicitud de invalidación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Centro de Cultivo de Salmónidos conocido como Clarence 4.

El tribunal advirtió que la salmonera no detalló las rutas de navegación que utilizaría para desarrollar los criaderos y que, por tanto, las instalaciones podrían tener “impactos medioambientales no evaluados en su conjunto”.

En una declaración pública, la Fundación Terram afirmó que “la compleja situación legal y económica que atraviesa la empresa Nova Austral es producto de un largo prontuario ambiental que incluye la entrega de información falsa a las autoridades, la contaminación del fondo marino y la reiterada producción de salmones por sobre los límites autorizados en sus permisos ambientales al interior del Parque Nacional Alberto De Agostini”.

Agregó que además “se suma el hecho de que, entre los años 2001 y 2022, esta empresa de capitales noruegos recibió un total de 146 mil 791 millones de pesos en subsidios estatales vía Ley Navarino, además de otros beneficios tributarios y aduaneros, por el solo hecho de operar una planta de proceso en la comuna de Porvenir en la Isla de Tierra del Fuego, siendo por lejos la empresa más beneficiada por esta ley. A pesar de ello, no ha sido capaz de cumplir la regulación ambiental de nuestro país”.

Terram precisó que los recursos públicos entregados a la empresa, habrían “permitido pagar un sueldo mensual de 926 mil pesos a los 600 trabajadores y trabajadoras de la planta de Porvenir durante los 22 años que recibió el beneficio, lo cual solo deja en evidencia que el Estado de Chile ha sido un sostén económico de esta empresa de capitales noruegos como no lo ha sido con ninguna PYME de Magallanes ni del país”.

Junto con expresar su preocupación por la situación de las y los trabajadores, Terram consideró que el gobierno del Presidente Gabriel Boric “debe jugar un rol activo en esta materia, creando un plan de reconversión laboral o transición justa que apunte a la protección de las trabajadoras y trabajadores, pero por ningún motivo abrir la puerta a un perdonazo a la empresa insigne de la contaminación marina, lo cual sería vulnerar la ya permisiva regulación ambiental y acuícola de nuestro país”.

“Instamos al Gobierno, que se autoproclamó como un gobierno ecológico, a cumplir su compromiso de sacar a la industria salmonera de las áreas protegidas, y a hacerlo de forma activa”, señaló la ONG.

“Abrir la puerta a un acuerdo compensatorio o cualquier tipo de trato privilegiado para facilitar que esta empresa continúe operando en áreas protegidas, ya sea retomando actividades al interior de un parque nacional o relocalizando a una reserva nacional, sería profundizar el deterioro de estos ecosistemas de alto valor natural y una amenaza a la conservación marina en medio de la crisis climática que atravesamos”, puntualizó la organización ambientalista.