Tras dos semanas de fuerte tensión en las calles y espiral de violencia, Francia parece haber encontrado un respiro temporal con la esperanza del diálogo anunciado entre gobierno y sindicatos de la próxima semana. Aunque parece difícil que la crisis social y política que vive el país pueda cerrarse rápido con un encuentro, lo cierto es que las señales enviadas por ambas partes en la última jornada de movilización permitieron abrir esta vía de entendimiento para, por lo menos, volver a sentarse cara a cara a la espera de que el Tribunal Constitucional decida, el 14 de abril, sobre el futuro de la reforma.
El presidente del principal sindicato de Francia, Laurent Berger, en principio mucho menos duro con el gobierno que otras formaciones de la intersindical por su carácter reformista, ha anunciado que asistirá. Su objetivo es convencer a Borne y a Macron de que dejen unos meses en suspenso la reforma para abrir una negociación y calmar los ánimos en el país. El portavoz del gobierno, Olivier Véran, ya descartó esa opción el pasado martes pero algunos aliados de Macron la respaldaron.
El encuentro con Borne está abierto a varios puntos pero parte de una línea roja que parece difícil de quebrar por ambas partes: el retraso de la edad de jubilación de los 62 a los 64 años, punto central de la reforma. La cuestión es por tanto saber si hay margen de obra en otros puntos que permitan despejar la tensión o si este posicionamiento de salida marca ya el encuentro y lo dirige a la deriva.
El jueves 6 hay convocada una nueva jornada de movilización, la decimoprimera, cuando ya se haya producido la reunión en el Palacio de Matignon entre gobierno y sindicatos. Será de nuevo un test para medir la tensión en la calle y también de ola participación, que cayó rotundamente en la última jornada, incluso tomando cifras aportadas por los propios sindicatos que hablaban de dos millones por tres millones y medio de la semana anterior.
Luego llegará la decisión del Constitucional, integrado por nueve figuras de reconocida trayectoria y presidido por el exprimer ministro socialista Laurent Fabius. Por un lado, deberá decidir si acepta la propuesta para recoger casi cinco millones de firmas y organizar un referéndum que fije la edad de jubilación legal en los 62 años. Pero además, este tribunal deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley, adoptada la semana pasada en el Parlamento tras un accidentado proceso legislativo. Los demandantes cuestionan que el Gobierno etiquetase la reforma de las pensiones como una ley financiera, algo que después permitió acelerar los debates y facilitó el recurso al decreto para eludir el voto parlamentario. ,Si este diese el visto bueno a la ley, o a sus partes esenciales, Macron ha anunciado que la promulgará para que entre en vigor antes de final de año.
CGT llega con nueva cara
El sindicato CGT nombró ayer a Sophie Binet como nueva secretaria general, la primera mujer en asumir el cargo desde la creación de la central en 1895 y en sustitución del simbólico Philippe Martinez en plenas protestas en Francia. La elección de Binet, que lideraba la rama de los mandos intermedios, era inesperada y significa que Martinez no consiguió imponer a su sucesora, en un contexto de meses de contestación contra la reforma de las pensiones.
En sus primeras palabras tras su elección durante el congreso en Cournon-d’Auvergne, Binet confirmó que participará en la reunión la próxima semana de todos los sindicatos con la primera ministra, Élisabeth Borne, a quien exigirán “la retirada de esta reforma”. Binet, que en la CGT se implicó en temas ambientales y de igualdad de género, tiene como reto ahora unir a una federación, en la que los responsables de línea dura criticaron a su predecesor por su alianza en la lucha contra la reforma con el sindicato moderado CFDT.
