Una declaración conjunta presentaron las asociaciones de funcionarias y funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos, agrupados en ANDEDH y AFFINDH, para constatar que la nueva Ley Naín Retamal es “un retroceso en materia de DD.HH” cuyo riesgo de “impunidad es muy alto, al propiciar un escenario favorable para que las víctimas de violaciones a los derechos humanos queden sin justicia, sin reparación y donde no hay espacio para las garantías de no repetición”.

“Como trabajadoras y trabajadores de DDHH no podemos quedar ajenos ante al actual contexto sociopolítico, de populismo penal y legislativo, que tiene como correlato el menosprecio de los derechos humanos y falta de protección por parte del Estado”, partieron señalando.

Relevando a las víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos que se viene reportando desde el año 2010 y el comportamiento de los agentes del Estado en el marco del estallido social, las agrupaciones dicen ver “con desazón que la defensa de derechos se viene a cuestas, con una legislación donde el Estado ofrece menos garantías para su protección”.

“Es un claro deterioro en la democracia y una mala noticia para la paz social. El Estado debe garantizar la seguridad de las personas, pero dentro de un marco de respeto a los derechos humanos, y no cediendo frente a medidas que pueden tener un alto impacto en la población”, afirmaron, advirtiendo que “el retroceso en el respeto y garantía de los DDHH está siendo vertiginoso, la medida anunciada por la Fiscalía de Chile de solicitar la prisión preventiva a todas las personas extranjeras no regularizadas representa una medida discriminatoria y desproporcionada, atentando contra sus derechos, frente a esto no podemos callar”. 

Por lo demás, acusaron que “el eco que han hecho los medios de comunicación hegemónicos del anuncio es impresentable. El solo hecho que personas migrantes (familias, niños, niñas) estén en situación irregular, no puede acarrear prisión preventiva, eso compromete la responsabilidad del Estado en materia de derechos humanos”

Bajo esas consideraciones, llamaron a que “el Consejo del INDH se pronuncie frente a los estándares internacionales en materia de DDHH y que se apegue al mandato de defensa y protección de los derechos humanos de todas las personas que habitan el país”.

“En este grave contexto no puede guardar silencio, debe activarse y monitorear el comportamiento del Estado en su conjunto. Por otra parte, tiene el deber de cuidar a sus equipos trabajando por la defensa de los derechos en distintos frentes, generando alertas tempranas para el desempeño de las funciones habituales. Es fundamental incorporar los aprendizajes del estallido y cuidarnos entre todas y todos”, indicaron.

Asimismo, se declararon en alerta, “activando las redes de solidaridad nacional e internacional, denunciando ante los sistemas de protección de derechos humanos el frágil momento que enfrentamos como defensoras y defensores de DDHH. Hacemos el llamado a todas y todos a articularse y movilizarse”.

Imagen: Agencia ATON.