Un nuevo problema para la organización de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 se dio a conocer este lunes a través del medio online “El Ágora” que publicó un reportaje dando cuenta de la decisión del Instituto Nacional del Deporte, IND, de suspender la entrega de fondos públicos a la Corporación Santiago 2023.
Las dificultades comenzaron luego que la Corporación no rindiera la totalidad del dinero, ni tampoco reintegrara los montos no utilizados de los recursos que aportó el Estado durante 2022.
De acuerdo a lo que informó el medio, en el año 2022 el IND entregó a Santiago 2023, en dos transferencias, la suma de $51.761.923.000 de los cuales $49.978.285.000 estaban destinados a gastos operativos y el resto a mejorar recintos deportivos ya construidos.
La primera de estas transferencias tenía que ser rendida o reintegrada el 14 de abril pasado pero eso no ocurrió por lo que se incumplió con el Artículo 11 del Convenio de Traspaso de Recursos desde el IND a la Corporación por lo que se suspendió la entrega de nuevos recursos fiscales.
Si bien la situación asoma compleja, tomando en cuenta las dificultades que ha tenido la organización en diversos aspectos, desde Santiago 2023 hacen un llamado a la calma y esperan que dentro de los próximos días la situación quede resuelta.
A través de un comunicado publicado por La Tercera, la directora ejecutiva de la Corporación, Gianna Cunazza, afirmó que “con relación a la situación de suspensión o bloqueo que detenta la Corporación 2023 en la página web del IND, quisiéramos informar que dicha condición obedece a que nuestra rendición no ha podido ser registrada en la Plataforma SISREC de la Contraloría General de la República, debido a una serie de problemas operacionales que se han presentado con ocasión del proceso de rendición que debía ser ejecutado el 14 de abril”.
En esa línea, Cunazza expresó su confianza en que la situación se resuelva “Esperamos dentro de los próximos días solucionar esta situación. Agradecemos enormemente el trabajo colaborativo que hemos tenido con los funcionarios de la Contraloría General de la República. Esta situación no entorpece la gestión administrativa de la corporación ni el cumplimiento de los objetivos”.
