“El presidente de la República, Marcelo Rebelo de Souza, promulgó el Decreto n.º 43/XV, de la Asamblea de la República, tal como está obligado en los términos del artículo 136º, n.º 2 de la Constitución”, informó escuetamente la Presidencia portuguesa en un comunicado. Ello, porque fue el propio presidente portugués quien presentó esos vetos políticos, los mismos que los parlamentarios decidieran no acatar al aprobar mayoritariamente el proyecto. Así, Rebelo de Souza, aún contra su voluntad y sentir, ha tenido este miércoles la obligación constitucional de promulgar la iniciativa.

La ley que despenaliza la muerte bajo asistencia médica fue aprobada, en segunda instancia de ratificación, el pasado 12 de mayo por el Parlamento obteniendo una aplastante mayoría absoluta de 129 votos a favor, 81 en contra y 1 abstención. En este esfuerzo final hacia la meta de convertir el proyecto en una realidad legal, el Partido Socialista, que gobierna con mayoría absoluta, fue apoyado por el Bloque de Izquierda, por los animalistas, así como por Livre e Iniciativa Liberal, el único partido de la derecha portuguesa que se sumó a la norma.

Sorprendentemente, los 81 votos en contra correspondieron al Partido Comunista -el único grupo de izquierda que rechazó la norma-, el conservador Partido Social Demócrata y el ultraderechista Chega, que ha anunciado su intención de apelar ante el Tribunal Constitucional. La norma incomoda a muchos católicos practicantes, como lo es el propio presidente de la República.

En el texto legal aprobado se establece que sólo se podrá recurrir a la eutanasia en caso de que el paciente esté “físicamente impedido para practicar el suicidio asistido”. Pero además, será necesario desarrollar el reglamento para la aplicación del cuerpo legal, el que tendrá que ser elaborado y aprobado por el Gobierno en un plazo máximo de 90 días, haciendo poco expedito poner en práctica la nueva ley, pues el reglamento tendrá que ser visado por el presidente de la República, quien también podrá frenarlo con un veto directo o con su envío al Tribunal Constitucional.

Cuando el viernes pasado el proyecto fue finalmente aprobado por Asamblea Nacional lusa, su decisión democrática recibió la inmediata reprobación del Papa Francisco. El Pontífice afirmó al día siguiente estar muy apenado porque “en el país donde apareció Nuestra Señora (de Fátima) se ha aprobado una ley para matar”, declaró el Pontífice desde Ciudad del Vaticano, donde ha recibido últimamente en dos ocasiones a De Souza, en los meses de enero y marzo.

La norma establece que prima el suicidio asistido sobre la eutanasia, a la que solo se podrá recurrir en caso de imposibilidad física en la ejecución del primer procedimiento. El paciente que desee solicitar ayuda clínica para morir deberá solicitarlo por escrito a un “médico orientador”, que deberá pronunciarse a favor -o en contra- de la petición. Si la rechaza, el enfermo tendrá derecho a dirigir su solicitud a otro facultativo. Si por ajustarse a los requisitos legales el médico aprueba esa segunda petición, deberá informar  enfermo sobre los cuidados paliativos y tratamientos disponibles y el paciente deberá ratificar por escrito una segunda vez si desea recurrir al suicidio asistido o la eutanasia.

La decisión final se somete al parecer de una comisión de verificación y evaluación de los procedimientos clínicos de la muerte médicamente asistida. Dicha comisión estará  integrada por un magistrado, un fiscal, un médico del Colegio de la Orden, un enfermero y un especialista en bioética. Sin embargo, Carlos Cortes, presidente del  Colegio Médico del Portugal, ya ha anunciado que no es partidario de designar a su representante en esa comisión, agregando que él, en lo personal, está en contra de la despenalización de la eutanasia. Esto sin prejuicio de que la postura oficial del Colegio se conocerá en unos días más, aunque en ocasiones anteriores la entidad ya se han mostrado contrarios a nombrar un representante en la comisión.