La tarde de este lunes, la Comisión Mixta encargada de discutir el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), volvió a reunirse con la idea de despachar la iniciativa a la Sala del Senado.

Durante la semana pasada, el proyecto recibió críticas importantes de parte de trabajadores de la industria salmonera que se movilizaron por las calles del Puerto Montt por considerar el proyecto como una amenaza para el empleo.

Consultada al respecto, la politóloga experta en medio ambiente, Pamela Poo, aclaró que la ley no perjudicará a las empresas que hoy extraen salmones de áreas protegidas, sino que lo que se propone es no entregar nuevas concesiones en esas zonas.

“La polémica surge a raíz de que supuestamente esto prohibiría la instalación de concesiones, pero yo creo que las empresas mal informaron a sus trabajadores, porque eso no es real, hoy en día el proyecto lo que plantea es que no se entreguen nuevas concesiones acuícolas en áreas protegidas”, aseguró.

“Distinto es que la industria quiera seguir moviéndose en áreas protegidas y eso ya es otro tema, es otro debate y la verdad que a raíz de todo lo que hemos visto, la industria no se ha hecho cargo. Tenemos una cantidad de desperdicios de la industria, tenemos una cantidad de bloom de algas… Hemos visto cómo la industria no es sostenible ni sustentable”, sostuvo.

Por su parte, la coordinadora de campañas de Greenpeace, Estefanía González, apuntó al objetivo más general de la iniciativa, fuera de los aspectos que tienen que ver con la industria salmonera. De acuerdo a la activista, la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas busca unificar los organismos estatales que se dedican al cuidado y la administración de estas zonas.

“Hoy día nuestra legislación ambiental y también los organismos que regulan los distintos tipos de áreas protegidas en Chile están sumamente fragmentados. Por ejemplo, nosotros tenemos por un lado el Servicio Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), que regula lo que son parques nacionales, reservas nacionales, monumentos nacionales; y por otro tenemos las áreas marinas protegidas, que dependen más bien del Servicio Nacional de Pesca y que parte del SNASPE está a cargo de la CONAF. Esos son organismos que si bien han hecho un trabajo durante los últimos años, no necesariamente son organismos que se crearon para poder gestionar y hacerse cargo de una ley como esta”, explicó.

En cuanto al posible apoyo de Greenpeace al proyecto de ley, González señaló que todo depende de cómo salga tras su paso por el poder legislativo. A su juicio, “hoy día todavía hay muchas incertidumbres y muchas puertas abiertas con respecto a cómo se van a regular cierto tipo de cosas”.

Asimismo, González acusó que durante el debate, la atención se ha desviado a temas como la supuesta afectación a la industria salmonera que poco tiene que ver con el corazón del proyecto.

“Hay que poner el acento en lo que se nos convocó a discutir, que es cómo generamos una institucionalidad fuerte, con los mecanismos necesarios para poder gestionar y proteger realmente nuestras áreas protegidas. Ese debería ser el norte, pero lamentablemente el debate se ha instrumentalizado y se ha llevado a cosas que realmente no están en cuestionamiento”, afirmó.

Críticas desde el oficialismo

Pese a que el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas ha contado con el respaldo del Ejecutivo, algunos representantes del oficialismo han cuestionado la iniciativa.

El diputado del Partido Liberal y representante de la Región de Los Lagos, Alejandro Bernales, se mostró particularmente escéptico e incluso hizo un llamado a los integrantes de la Comisión Mixta a que votaran en contra de la normativa que supuestamente afectará a la industria salmonera

“Ese artículo ha generado una sensación de incertidumbre en los trabajadores del mundo del salmón y es por eso que en lo particular hago un llamado a que se rechace ese artículo y que podamos avanzar en esa discusión en una ley específica, o bien hacer un acuerdo con los gremios para tener una indicación que le haga sentido a todos”, propuso.

Bernales aseguró que está de acuerdo con que se prohíban nuevas concesiones en áreas protegidas, pero al mismo tiempo, considera que deben darse soluciones a los trabajadores que se desempeñan en las concesiones que se acabaran en 12 años y que de aprobarse la ley, no podrían ser renovadas.

“El Gobierno ha dicho que durante esos 12 años habría tiempo para poder relocalizar esos puestos de trabajo en otros lugares, pero en la práctica, eso no está ocurriendo, porque la industria ha pedido concesiones durante años y no se les da. Entonces, ¿cuál creo yo que es la solución? A mí me parece que este tema hay que abordarlo en una ley que sea del sector en particular, en una ley de acuicultura. Creo que hay transversalidad para avanzar en esa ley de parte de todos”, aseveró.