El artículo 3 del proyecto de ley del ministro francés de Justicia, Eric Dupond-Moretti, examinado en primera lectura por los senadores, introduce varias modificaciones en el procedimiento penal. Una de ellas preocupa a la izquierda, a los abogados y a las asociaciones, al autoriza la activación a distancia de ordenadores y otros dispositivos conectados, sin conocimiento de las personas afectadas.
Esto, con dos fines diferentes. Por un lado, la geolocalización en tiempo real para determinados delitos. Por otro, la activación de micrófonos y cámaras para captar sonido e imágenes, que estaría reservada a los casos de terrorismo y delincuencia organizada.
“Exceso de seguridad”
El Observatorio de Libertades y de lo Digital (OLN por sus siglas en francés) ha denunciado que se trata de un “exceso de seguridad”, que convierte cualquier objeto conectado en un potencial “chivato”.
La izquierda ha intentado sin éxito eliminar total o parcialmente las disposiciones consideradas “desproporcionadas”. Según el ecologista Guy Benarroche, esto “abre la puerta a una vigilancia generalizada”.
“Estas técnicas ya se utilizan”, subrayó el ministro, Eric Dupond-Moretti, pero requieren la instalación de balizas o micrófonos y cámaras, lo que entraña riesgos para los investigadores. La disposición está “rodeada de importantes garantías”, añadió. En particular, su aplicación deberá ser aprobada por un juez.
Limitaciones
Sin embargo, el Senado adoptó una enmienda de Bruno Retailleau, líder del partido Los Republicanos (LR) de los senadores franceses, que limita la posibilidad de utilizar la geolocalización a los delitos castigados con al menos 10 años de cárcel, frente a los cinco años del texto inicial.
A la izquierda le hubiera gustado ir más lejos, en particular protegiendo explícitamente a los periodistas del mismo modo que a los abogados, jueces y parlamentarios.
El artículo 3 del proyecto de ley prevé también, entre otras medidas, la ampliación de los registros nocturnos para los delitos más graves.
Por otra parte, el Senado adoptó una enmienda del gobierno que permite ampliar, en determinadas condiciones, los plazos de las investigaciones preliminares.
