A solo minutos de que se votara la censura en su contra, la diputada Catalina Pérez congeló su participación en la mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados, obligando a la oposición a retirar el juicio contra la segunda vicepresidenta.
La moción fue presentada contra la mesa directiva dado que no existe en el Congreso la posibilidad de realizarlo a figuras individuales, por lo tanto, esto incluía al diputado y presidente de la instancia, Vlado Mirosevic, lo que para algunos parlamentarios parecía “injusto” faltando poco más de una semana para el cambio regular de presidencia.
Cabe destacar que estos cuestionamientos a la diputada surgieron tras conocerse tres convenios que alcanzaron los 426 millones de pesos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, ambas entidades lideradas por militantes de Revolución Democrática, partido de la diputada Pérez.
Esto se agravó todavía más al conocerse que el representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade, es la actual pareja de la parlamentaria y que cumplía roles de asesor en la subsecretaría de Defensa.
Pese a que la diputada anticipó que no iba a renunciar a su cargo dentro de la Cámara, hoy eso cambió y en el anuncio la diputada manifestó que su decisión fue motivada para proteger al oficialismo y al proyecto político que lideran.
“El daño que a mí se me ha infringido, no puedo permitir que se lo infrinjan también al oficialismo. Nosotros tenemos un proyecto político que cuidar, tenemos un Congreso Nacional que cuidar”, declaró Pérez.
A partir de ahora, la parlamentaria no representará más a la cámara y fue enfática en señalar que no es una renuncia hasta que, y según el trámite reglamentario, “presente la renuncia en la fecha que corresponde junto con el presidente de la Cámara que además no tiene porqué someterse a una responsabilidad política que si no es mía, tampoco es de la mesa“.
El diputado Jorge Alessandri de la UDI, dado el retiro de la diputada, señaló que van a insistir en otras instancias para cuidar el erario fiscal.
“Habiendo dejado la mesa ella, habiendo dejado su trabajo en el Ministerio de Defensa su pareja, habiendo dejado el cargo el seremi del Minvu, vamos a seguir tras los 426 millones de pesos, haciendo las siguientes preguntas, ¿esto fue visado por la Subsecretaría de Vivienda, también de Revolución Democrática? ¿Para qué fin y objetivo se entregaron estos 426 millones de pesos?”, declaró Alessandri.
El diputado señaló que ahora “se abre una arista judicial, se abre una arista en la Contraloría, se abre una arista en la Comisión de Ética de la cámara y se abre por supuesto una arista de responsabilidad política que hemos hecho valer hoy día”.
Asimismo, la diputada Camila Flores, de Renovación Nacional, advirtió que la figura de la suspensión no existe jurídicamente. “Aquí nos están tratando de pasar gato por liebre, aquí o se renuncia o se mantiene, pero nadie puede suspender su participación dentro de la mesa”, agregó.
Por otro lado, el diputado UDI Juan Antonio Coloma, explicó que se da por superada la censura, pero fue claro en reconocer que van a continuar en los tribunales de justicia. “Nosotros vamos a llevar esto a la sede judicial para poder investigar dónde están los 426 millones“, agregó Coloma.
En la misma línea, esta mañana en entrevista con Radio Cooperativa, el Ministro de Vivienda, Carlos Montes, clarificó que se están reuniendo antecedentes respecto de los convenios establecidos y que se encuentran analizando eventuales irregularidades para, de confirmarse, presentar acciones legales.
De todas formas, el ministro anticipó que dada la cantidad de los recursos esto podría llevar a una investigación mayor.
