El GIEI viene actuando desde 2015 por mandato de la Corte Interamericana de DD.HH.- ha investigado desde entonces, de la forma más sistemática y a través de métodos científicos, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014. Ahora, antes de dejar México y la investigación entregaron a la luz pública su último informe titulado “Hallazgos, avances, obstáculos y pendientes”, donde -sin decirlo directamente- se alude a la participación del Ministerio de Defensa mexicano, militares, marinos y bandas de delincuentes coordinados para realizar los crímenes. 

En el estudio y mapeo de la telefonía muestra, por ejemplo, el papel del Centro de Inteligencia, que hizo un seguimiento exhaustivo de la actividad de los jóvenes y logró establecer que hubo agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISN) en los lugares donde se detuvo a los estudiantes que viajaban en autobuses para participar en una marcha de protesta. Agentes del Ministerio de Defensa estuvieron en las zonas de movimiento aquella noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, según se pudo establecer gracias a un mapa de localización y,  asegura este último informe, que hubo comunicación “permanente” y “bidireccional” entre esta instancia y el Centro de Comando militar. 

Acreditaron, además, conocimiento por parte de la Secretaría (Ministerio) de Defensa acerca de los movimientos de la banda delictiva autodenominada Guerreros Unidos, no sólo esa noche sino también en los días siguientes. Pero, incluso en posesión de esa vital información, no actuaron contra ellos. Agrega el informe del GIEI que los jóvenes habrían sido divididos en tres grupos, logrando establecer, no obstante, que no fueron llevados a un mismo lugar. 

Es más, el informe detalla haber constatado que un miembro de Guerreros Unidos iba a entregar a la Policía estatal a 10 de los estudiantes desaparecidos, aunque no se precisa si vivos o muertos. Se señala, asimismo, que algunos de los estudiantes pudieron ser llevados hasta una cueva que no se logró identificar, según un documento de octubre de 2014 que no entrega mayores detalles.

El Grupo Interdisciplinario de Investigación denuncia, finalmente, que no pudo avanzar ni concluir debidamente su informe debido a la opacidad en la entrega de antecedentes por parte de los militares y de la inteligencia del Estado mexicano.

“Sabemos que miembros de la Marina detuvieron y torturaron a varios detenidos y, sobre la base de las declaraciones arrancadas bajo tortura, se armó la llamada ‘versión histórica’. Tuvimos información de que realizaron un operativo de inteligencia de carácter reservado desde los días siguientes a los hechos con un grupo especial de inteligencia del que -hasta ahora- no hemos conocido casi nada”, señala Carlos Beristain, uno de los integrantes del grupo investigador.

“Hubo una intervención previa de la Marina que no había sido contada y que encontramos en un vídeo registrado como ‘secreto’. También hemos visto la intervención de la Marina sobre el Río San Juan (…) la Marina estuvo ahí desde el día 27, no desde el día 29, sino el día 27, e intervino de forma ilegal el escenario del Río San Juan dos días antes de lo establecido”, destacó.

Ángela Buitrago, investigadora que también participó en la elaboración y entrega del lapidario informe, afirmó que pese a que se dijo que el Ejército y la Policía Federal no tuvieron información sobre los hechos, ello “es mentira”, enfatizó. En el informe, ambos investigadores denuncian que, a pesar de la voluntad política que siempre se manifiesta a nivel oficial del gobierno mexicano para indagar sobre este caso, cuando se ha llegado al “núcleo duro” de la información, ésta es ocultada por parte de las altas instituciones del Estado. 

“Nos sentimos con una gran frustración. Hemos hecho un esfuerzo hasta el límite de trabajar con todo lo que teníamos por superar los obstáculos en las diferentes fases que nos ha tocado”, resaltó Beristain. De hecho, uno de los principales obstáculos que encontraron -detalló- fue la resistencia de la Secretaría de la Defensa Nacional a entregar información clave para la investigación, a pesar de que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador les ordenó a los militares abrir todos los archivos.