Más represión y un plan B para reubicar a sus solicitantes de asilo: así se abre esta semana el gobierno británico sobre la cuestión migratoria.
En el plano legal, se van a triplicar las multas a los empresarios que contraten a inmigrantes llegados ilegalmente -hasta 50.000 euros- y a los propietarios que alquilen sus viviendas a personas que no tengan derecho a permanecer en suelo británico -hasta 25.000 euros por ocupante-. De este modo, el Gobierno quiere restringir aún más el acceso al trabajo (incluso no declarado) y a la vivienda de las personas que han llegado ilegalmente.
Otro elemento de esta estrategia de disuasión es que el Ministerio del Interior se dispone a enviar a los solicitantes de asilo a la isla de Ascensión, territorio del Atlántico Sur próximo a Santa Elena, mientras se examinan sus solicitudes. Este plan de contingencia se ha elaborado por si los tribunales anulan la controvertida asociación migratoria que implica el traslado a Ruanda.
El mes pasado, el Parlamento aprobó una ley destinada a restringir en gran medida el derecho de asilo, un texto criticado en particular por Naciones Unidas. La barcaza Bibby Stockholm de Portland es otro objeto de críticas y polémicas, tanto por parte de las ONG como de los residentes locales, que no siempre ven con buenos ojos su instalación en el puerto. Los primeros solicitantes de asilo llegaron en el “barco” el lunes por la mañana. El barco debería llegar “a pleno rendimiento” a finales de semana. Con esta barcaza-cuartel, que podría albergar hasta 500 inmigrantes, Londres quiere ahorrar dinero y disuadir a los solicitantes de asilo.
Se trata de un barco utilizado originariamente para alojar a trabajadores de plataformas petrolíferas sin apenas espacio para caminar. Su uso se había demorado por la denuncia de los bomberos de que no reunía los requisitos básicos de seguridad, unos requisitos que parece que se han solventado, explica el corresponsal de RFI en Londres Daniel Postico.
