Cuando faltan pocos días para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, la discusión pública no solo está centrada en las violaciones a los derechos humanos, sino también en las responsabilidades civiles durante la dictadura. Esto último tomó fuerza con las declaraciones del Presidente Gabriel Boric sobre el papel de Sergio Onofre Jarpa en la represión durante las jornadas de protesta de 1983 lo que generó el malestar en la derecha que salió a realzar la figura del exministro.

A esto se suman cuestionamientos desde las agrupaciones de DDHH y del oficialismo a  expresiones negacionistas sobre crímenes, violaciones y otras atrocidades del régimen que han recibido un impulso con el avance de la ultraderecha y la reivindicación de la “obra de la dictadura”.

La imposición de un modelo económico, político y cultural no habría sido posible sin la participación activa de los civiles que se movilizaron antes, durante y después del Gobierno de la Unidad Popular, tema ampliamente documentado incluso con los archivos desclasificados de la CIA, con la intervención del Departamento de Estado y el financiamiento hacia organizaciones de ultraderecha, gremios empresariales y medios de comunicación, como El Mercurio y su dueño, Agustín Edwards.

Consumado el golpe, el régimen puso a las instituciones del Estado al servicio de un aparato represivo para quebrar toda forma de oposición y resistencia, como también el desmantelamiento de la institucionalidad conocida hasta el 11 de septiembre de 1973 y su reemplazo por el modelo económico neoliberal. Esto es lo que caracterizó a la dictadura de civiles y militares y es en lo coinciden historiadores, académicos, abogados y dirigentes políticos consultados por Radio y Diario Universidad de Chile.

“Digámoslo así, no solamente fue un golpe militar, este fue un golpe evidentemente oligárquico”, afirmó el académico de la Universidad de Chile, doctor en Filosofía, Rodrigo Karmy. Calificó como “jugada” de la derecha la lectura, en la Cámara de Diputadas y Diputados, del proyecto de resolución del 22 de agosto de 1973 que declaraba inconstitucional al gobierno del Presidente Salvador Allende.

Karmy agregó que el golpe “es una revisión de la usurpación oligárquica y por eso me parece que la propia noción que inventó (Sebastián) Piñera de cómplices pasivos es demasiado ingenua para entender el rol de los civiles en la dictadura, me parece que es exactamente al revés”.

“El rol de los civiles en la dictadura y hablo de los Jovino Novoa, Sergio Melnick etcétera, fueron los verdaderos protagonistas del golpe de Estado, no solamente los militares, también los civiles. Entonces aquí no hay simplemente cómplices pasivos, como si los civiles simplemente hubiesen administrado lo que les ordenaba a los militares”, indicó el académico.

Precisó que “los civiles fueron protagonistas fundamentales del golpe de Estado y de la dictadura. Para qué decir que desde el año 1975 se comienza a urdir la comisión Ortúzar a partir de la cual se elabora la nueva constitución política. Es decir, ese es un acto completamente civil” donde tiene un rol importante “El Mercurio con Agustín Edwards hablando con (Henry) Kissinger directamente para fomentar e impulsar el golpe de estado en Chile”.

Agustín Edwards

Por ello, Karmy consideró que “la figura de los civiles es muy relevante y para qué hablar del acuerdo del 22 de agosto de 1973 en la Cámara de Diputados, donde la oposición es la que intenta promover este acuerdo contra Salvador Allende, contra el Gobierno, pero que en último término no alcanza la mayoría, no alcanza los 2/3, y eso hace decidir a gran parte de los civiles, ejecutar el golpe Estado tal como estaba  previsto después del conjunto de otros intentos de golpe que fallaron”.

Intelectuales orgánicos

En la misma sintonía se pronunció el académico de la Universidad de Chile, Doctor en Historia, Sergio Grez, que dijo que “no me cabe la menor duda de la complicidad abierta o encubierta en las violaciones masivas a los derechos humanos” de los civiles o “intelectuales orgánicos” durante la dictadura.

En el caso de Jarpa, dijo el historiador, “será recordado como el ministro que ordenó la represión de la jornada de protesta de agosto de 1983 en la que fueron asesinadas por las fuerzas armadas y policiales 29 personas”.

“Era un político astuto, muy hábil. Al mismo tiempo que desató esta represión inclemente, hizo juego de piernas, según el término boxeril, que empleó poco después para describir sus propias tácticas, alternando la represión brutal con maniobras políticas, negociaciones, conciliábulos y cabildeos con los sectores más moderados de la oposición, principalmente con la Democracia Cristiana, una parte de los socialistas y otras fuerzas de tipo liberal para capear el temporal, ganar tiempo y entrampar a los sectores más conciliadores de la oposición en estas maniobras que no tenían más objetivo que permitir que la dictadura se estabilizara”, precisó el académico de la Universidad de Chile.

Grez indicó que la dictadura no fue puramente militar, sino que estuvo compuesta por civiles y militares: “Los militares fueron el instrumento de la gran burguesía y el imperialismo norteamericano para derrocar al Presidente Salvador Allende y quebrar el espinazo del movimiento obrero y popular que venía en alza desde la década de 1960”, destacó.

En ese sentido, afirmó que la dictadura chilena fue distinta de otras que proliferaron en América Latina en los años 60, 70 y 80 porque “no fue simplemente un régimen gorila (denominación empleada en Argentina), ya que junto a los militares había cerebros de las clases dominantes que tenían un proyecto bastante afinado y que cuando se presentó la oportunidad, lo aplicaron a raja tabla, sin trepidar en nada, cometiendo y justificando las más atroces y masivas violaciones a los derechos humanos en nuestra historia republicana”.

Entre los civiles que jugaron un rol importante en este “proyecto refundacional”, destacó Grez, figuran José Piñera, autor de las llamadas “Siete Modernizaciones”, Hernán Büchi, los ministros de Hacienda y de Economía, Fernando Léniz Cerda, que antes había sido un alto funcionario de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), de la familia Matte y también de la Corporación Chilena de la Madera (CORMA), Sergio de Castro y Jorge Cauas.

Acto Chacarillas 1977

El historiador recordó que, siendo dirigente de la CORMA, Léniz participó, junto al ministro de Hacienda, Cauas, en la redacción del proyecto de ley que precedió al Decreto Ley 701 de 1974 que permitió la expansión de la industria forestal, “con las consecuencias catastróficas para el medioambiente y el pueblo mapuche”.

Otro de los civiles “importantes” del régimen fue Julio Ponce Lerou (yerno del dictador), quien comenzó “amasando su imperio económico como director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), gerente general de CORFO, beneficiándose ostensiblemente de la privatización de empresas del Estado como SOQUIMICH”.

Grez también destacó el papel de Eleodoro Matte, quien se incorporó a la Sociedad Constructora de Recintos Hospitalarios del Servicio Nacional de Salud y al Laboratorio Chile, que era estatal, “donde reordenó la institución para preparar su privatización, ocasionando millonarias pérdidas al Estado, a cambio de lo cual, la dictadura emitió el DL 701 de bonificaciones monetarias e incentivos tributarios para las plantaciones forestales”.

El académico indicó que, además de los Chicago Boys, hubo civiles que jugaron un rol político fundamental, ideólogos del régimen como Jaime Guzmán y “todos los que intervinieron en el proceso constituyente amañado por la dictadura que se inició pocos días después del golpe de Estado y concluyó con el plebiscito fraudulento de 1980”.

Entre ellos, mencionó a Enríque Ortúzar, ex ministro de Jorge Alessandri, Olga Feliú, que más tarde fue senadora designada, Mónica Madariaga, ministra de Justicia y prima del dictador, Juan de Dios Carmona, dirigente DC, exministro de Defensa de Frei Montalva, y Guillermo Medina, dirigente de los trabajadores del cobre de El Teniente, que encabezó protestas contra el gobierno de Allende.

A ellos se deben agregar Sergio Diez; Francisco Bartolucci; Jorge de Castro; Alberto Cardemil; Francisco Javier Cuadra; Álvaro Puga Cappa; los llamados “coroneles” de la UDI, como Pablo Longueira, Juan Antonio Coloma, Andrés Chadwick, Hernán Larraín (admirador y defensor de Colonia Dignidad), Jovino Novoa y Julio Dittborn, entre otros.

El académico puntualizó que estos civiles, “fueron los intelectuales orgánicos de la dictadura y, por lo tanto, les cabe responsabilidad en la implementación del régimen y del modelo neoliberal más extremista de todo el planeta, del mismo modo como debe reconocerse su complicidad abierta o encubierta en la justificación u ocultamiento de las violaciones masivas de los derechos humanos”.

“Es evidente que sin la participación de los intelectuales y profesionales que apoyaron y ayudaron a la dictadura a implantar el modelo de economía y sociedad neoliberal, esto no hubiese sido posible. Los militares por sí solos no estaban en condiciones técnicas, ni intelectuales, ni profesionales, de realizar una transformación tan profunda. Los intelectuales orgánicos de la clase dominante fueron los civiles que participaron en el gobierno dictatorial, sin ellos no hubiera sido posible realizar las ‘Siete Modernizaciones’, ni echar raíces tan profundas como las que por desgracia logró el modelo implantado por ese régimen”, puntualizó Sergio Grez.

Cómplices pasivos y activos

La implementación de este modelo económico requería de la “mano dura” para sofocar o exterminar toda resistencia, sea de partidos políticos, sindicatos u organizaciones sociales, tarea que no sólo estaba a cargo de los militares y sus aparatos represivos, ya que de ellas también formaron parte los civiles del régimen.

Así lo consideró el abogado de derechos humanos, Cristián Cruz, quien precisó que “los civiles tuvieron una responsabilidad fundamental en la implementación de la dictadura, en sus políticas económica y sociales y en la represión de distinta manera, omitiendo, haciendo suya con todo conocimiento de causa las mentiras, que en caso de los detenidos desaparecidos fueron los que fomentaron que estaban escondidos, que estaban en el extranjero, que se fueron con otras y así una serie de mentiras y ofensas tanto a la memoria de las víctimas, a sus familias y cercanos”.

“Prueba de ello fueron los medios de prensa oficialistas, obviamente donde la inmensa mayoría eran civiles y quizás el caso más recordado es La Segunda con su terrible y cruel titular exterminados como ratones”, agregó.

El profesional indicó que “los civiles se valieron de los militares, fueron su mano sucia y de hecho, el propio Piñera, un hombre de derecha, dice que existieron los cómplices pasivos. También existieron los cómplices activos y tampoco podemos desconocer la presencia de los civiles en los distintos ministerios, subsecretarías, alcaldías y hemos sabido de varios de ellos en la participación directa en la represión”.

“Se ha tratado de omitir la responsabilidad de los civiles porque nadie quiere ser culpado. Aquí hay que recordar que, a modo de ejemplo, diversos colegios profesionales avalaron y celebraron el golpe. ¿Alguien podría decir que no sabían de los crímenes que se perpetraron? Todo el país supo del día 11 de septiembre y días posteriores al bombardeo La Moneda, de los cadáveres en Santiago, de víctimas arrojadas al río Mapocho y no hubo ningún gesto humanitario o alusión a esas víctimas por parte de los civiles”.

Por ello, el profesional afirmó que no cree que “corresponda soslayar esto en la historia. Esto fue una dictadura civil y militar y no fue una nomenclatura, fue una realidad y sobre todo en el aspecto económico y social”.

Cruz recordó casos emblemáticos de desaparición y ejecutados en zonas rurales, donde el soplonaje de civiles permitía identificar a los partidarios del gobierno de la UP.

“Fueron situaciones que se repitieron en las zonas de Laja, Yumbel, Santa Bárbara, Paine, Rahue en Osorno, con civiles que se van adscribiendo y se mantienen en los organismos represivos. Tenemos estudiantes y profesionales que fueron parte de Patria y Libertad que se unieron, no siendo militares, a los organismos represores para, con el devenir de los años, continuar con la represión”, destacó.

El profesional añadió que “los civiles aprovecharon sus contactos para venganzas o persecuciones políticas que, de no haber mediado la participación de estos civiles, no se hubiese producido el resultado de la detención, tortura, ejecución y o desaparición de las personas”.

Cruz afirmó que en el caso de Tucapel Jimenez “hay una participación importante de civiles políticos en la definición de la víctima y finalmente su ejecución”.

Aunque son pocos los civiles que aparecen condenados por violaciones a los derechos humanos, el jueves pasado el abogado Nelson Caucoto dio a conocer el listado de 10 prófugos condenados por crímenes de lesa humanidad y entre los exagentes de la DINA y la inteligencia naval, aparece el único civil.

Se trata de Luis Enrique Barrueto Bartning, agricultor condenado a 10 años y un día como coautor de siete desapariciones forzadas, ocurridos en la comuna de Santa Bárbara, donde, junto a su hermano, actuaron como paramilitares con personal de Carabineros que secuestraron e hicieron desaparecer a varios campesinos.

Cabe consignar también que en el mes de junio falleció en Buenos Aires el exmédico de la CNI, Manfredo Enrique Jurgensen Caesar, tío del actual diputado republicano Harry Jurgensen, quien se encontraba prófugo, tras ser condenado por el crimen del militante del MIR Federico Álvarez Santibáñez, ocurrido en agosto de 1979.

Redes de poder activas

Desde la Democracia Cristina, la secretaria general, Cecilia Valdés de León, afirmó que los “civiles fueron los cerebros del régimen” y que bajo ningún argumento se justifican los crímenes y “hasta hoy no se sabe dónde están los desaparecidos, tampoco abandonamos la idea del magnicidio del expresidente Eduardo Frei Montalva. Hasta el día de hoy, la gente no puede velar a sus muertos como corresponde”.

“El ocultamiento de las pruebas, el silencio cómplice que tuvieron fue tremendo, eso es inaceptable para un país y es lo que nos pesa como democracia”, puntualizó.

La dirigenta de la DC indicó que en el caso del expresidente Eduardo Frei Montalva, “hay una tremenda red que no sólo involucra a médicos, sino también a agentes de la CNI donde hubo un envenenamiento paulatino, donde se ocultaron y quemaron las pruebas en la Universidad Católica (Hospital Clínico) y eso es difícil de comprobar después de tantos años”.

Por ello, Valdés de León considera que en el país “todavía hay redes de poder de los civiles cómplices de la dictadura que gozan de buena salud, tienen cargos importantes porque nunca hubo juicio y castigo a esas personas”.

¿Podrán ser llevados los civiles, algún día, ante los tribunales como cómplices y encubridores de los crímenes que se cometieron durante el régimen civil y militar?

En las entrevistas se advierte  que , a 50 años del golpe de Estado, las heridas, el dolor y el recuerdo resurgen con cada acto negacionista. Hoy los “herederos de Pinochet”, como han sido calificados los civiles de la dictadura, no sólo están negando las atrocidades del régimen, sino que siguen reivindicando y defendiendo un modelo del que han sido sus principales autores -cuestionaron-y buscan perpetuarlo a través de un nuevo texto constitucional.