“Los padrinos alemanes de Pinochet”, es el título del reportaje de la radio alemana WDR que reveló los nexos entre el nazi Walter Rauff y la dictadura chilena y al mismo tiempo dio cuenta de un escalofriante antecedente: los organismos represivos habrían usado a la Pesquera Arauco, para convertir los cuerpos de prisioneros políticos en harina de pescado.

La noticia, que fue replicada por medios nacionales durante la semana del 11 de septiembre, causó indignación entre usuarios de redes sociales y además revistió de nueva importancia una acción judicial presentada en 2017 por el Espacio de Memorias Londres 38, en contra de la directiva de la empresa pesquera.

Para abordar este tema, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con el abogado de Londres 38, Sebastián Velásquez, quien explicó que desde el inicio, el objetivo de la querella fue conocer de manera más detallada las circunstancias de la desaparición de 85 personas que pasaron por Londres 38.

A eso, contó Velásquez, se agregaron los deseos del espacio de memorias por abordar de manera más “global” el crimen de la desaparición forzada.

“La gran mayoría de los procesos judiciales en Chile, son instruidos por ministros en visita que tienen alguna investigación de carácter más fraccionado y aislado, enfocado particularmente en las víctimas individuales. Esos resultados no reflejan adecuadamente el fenómeno de la macro criminalidad y la sistematicidad de la desaparición forzada de personas y en concreto no han ayudado a su ubicación ni al esclarecimiento de una verdad judicial”, dijo.

Respecto al asidero que podría tener la información revelada por la WDR, el abogado aseguró que “hay algunas declaraciones y antecedentes en general que nos permiten tener este hecho como una posibilidad”.

“Para el contexto actual o inclusive el de la época, cuesta imaginar que sea posible un nivel de despliegue criminal a ese nivel, pero la develación de la verdad judicial y de los diferentes hechos investigativos que se han desarrollado, nos han permitido establecer que la DINA y la dictadura en su conjunto cometió crímenes atroces. Eso nos lleva a plantear este tipo de antecedentes como una línea investigativa posible”.

Velásquez además comentó el aspecto más documentado del rol de la pesquera: el uso de sus camionetas para trasladar a detenidos desde Londres 38 a San Antonio. Esto, luego de que la empresa pasara a manos de la DINA en 1973.

“El uso de las camionetas de la Pesquera Arauco es un antecedente que uno lo tiene desde el día uno en las causas, por ejemplo en Tejas Verdes el 73. Ya en esa época, en septiembre del 73, hay antecedentes de que el traslado de detenidos era mediante estas camionetas”, señaló.

“Luego, también está su sede en Lo Valledor y los frigoríficos asociados a eso y como esto se articulaba con Londres 38. En definitiva, hay una intervención planificada de cómo utilizar esta pesquera para el despliegue criminal de la desaparición forzada. Eso es una cuestión que se ha ido develando hace bastante tiempo”, afirmó.

En cuanto a los avances de la acción judicial en contra de la directiva de la Pesquera Arauco (conformada por los militares Pedro Espinoza, Alejandro Burgos, Humberto Olavarría, Orlando Jorquera y otros seis civiles), Velásquez indicó que como parte querellante, han pedido varias diligencias. Sin embargo, “muchas veces hemos tenido que pelear en la Corte de Apelaciones el cierre de línea investigativas”.

“Justamente, en mayo de este año solicitamos una serie de diligencias que se rechazaron y tuvimos que apelarlas en la Corte de Apelaciones”, agregó.

Por último, el abogado solicitó a los jueces “que investigan este tipo de causas y que conocen y les toca fallar, que sean comprensivos de lo necesario que es mantener estas causas abiertas y que se desarrolle la investigación para establecer una verdad judicial, desde el mecanismo utilizado, ya sea por el Comando de Aviación del Ejército en el lanzamiento de personas al mar, o la desaparición forzada a través de empresas como la Pesquera Arauco. Hay una estructura que se organiza en función de esta desaparición y develarlo es parte de la obligación estatal”, concluyó.