La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados pronto evaluará las catorce observaciones del veto a la Ley de Usurpaciones. Con mayoría opositora, se espera que se recomiende su parcial rechazo. Con todo, la decisión final la tendrá la Sala de la Corporación donde hoy la mayor preocupación del Ejecutivo recae en la postura que tomará el Partido Comunista.
En conversación con Radio Universidad de Chile, la subjefa de bancada del PC y miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, Alejandra Placencia, insistió en que, si bien el partido solicitó el veto presentado por el Gobierno, la posición de la colectividad se inclina por no apoyar medidas que arriesguen a familias con necesidad habitacional, secundando el voto que ya expresaron los dos representantes del PC en el Senado.
“Nosotros apoyamos el veto que presentó el gobierno. Nosotros lo solicitamos -de hecho- porque acá se instalan cuestiones que son peligrosas para la sociedad, la democracia, el Estado de Derecho y para la ciudadanía. Frente a eso hay que analizar cada uno de los 14 vetos para ver cómo se distribuyen y cómo va a ser esa votación”, declaró Placencia.
En esa línea, la subjefa de bancada del PC precisó que “tenemos algunas observaciones respecto de cómo se han visualizado las penas en algunos de estos ámbitos que no son las que sancionan la criminalidad, sino que más bien son sanciones a quienes nosotros podríamos decir no son bandas criminales, son personas que no tienen cómo acceder a políticas habitacionales y habiendo instalado un asentamiento irregular, estas personas podrían ser sancionadas con pena de cárcel”.
“Frente a la realidad histórica que tiene nuestro país, por supuesto que nosotros no lo apoyamos y lo señaló incluso Techo Chile durante su exposición en la Comisión. Ocurre que muchas veces en la Comisión de Seguridad se entregan antecedentes, se entregan elementos de la realidad y se insiste en legislar a contrapelo de esa realidad por un afán populista“, señaló.
En ese sentido, la parlamentaria recalcó que existe una cifra creciente de campamentos con mil 290 distribuidos a lo largo del país. “No pueden ser tratados como si fuesen bandas criminales porque son familias que no tienen dónde vivir y que buscan una solución transitoria -desesperada- para no quedar en la calle. Hoy día tenemos más de un 33 por ciento más de campamentos que en 2020 y 2021, lo que te habla de una necesidad de políticas habitacionales y no punitivistas”, apuntó.
“Asociar las bandas criminales a familias que viven en campamento por necesidad real me parece que es algo que está fuera de lugar”, zanjó la diputada.
Pese a que aseguró que el PC analizará la propuesta en detalle para emitir su voto en la Cámara Baja, la diputada sostuvo que “nosotros no vamos a apoyar nada que significa la posibilidad de que personas que están en estado real de necesidad y que, además, están registradas no solo en el Registro Nacional de campamentos del Minvu, sino que adicionalmente otras organizaciones como Techo Chile han dado cuenta en la Comisión, con mucho antecedente y claridad, que este tipo de medidas lo que hace es criminalizar la pobreza en lugar de poner el foco en el desarrollo de políticas habitacionales”.
“Me parece que apoyar esto es no darse cuenta o intentar tapar el sol con un dedo frente a una realidad que no se resuelve con cárcel, se resuelve con políticas sociales”, subrayó.
Eso sí, la diputada del PC señaló que “vamos a revisar cada uno de los vetos para intentar, por supuesto, concordar también con el oficialismo una posición lo más unitaria posible. Yo entiendo que todos tenemos matices en nuestra legítima opinión así como nosotros la hemos expresado, pero, y lo que yo entiendo, es que acá lo que tenemos que hacer es buscar fortalecer una posición que de certezas a la ciudadanía de que en realidad estamos legislando no para un gobierno, estamos legislando para lo que significa el futuro del país”.
“El Estado permanece y los gobiernos pasan y frente a eso hay que ser responsable”, declaró Placencia.
En relación al anuncio de la oposición de insistir con el “corazón del proyecto” en una segunda propuesta por Usurpaciones, Placencia respondió que “aquí el afán populista, punitivista y el intentar hablarle a una galería sin abordar los temas de fondo hace que se legisle contra toda evidencia y que además se generen leyes no solo que son en algunos casos inaplicables, sino que son realmente bárbaras, o sea, acá lo que finalmente se empujó a legislar y que lamentablemente algunos sectores apoyaron es que las personas finalmente sean las que hagan justicia por su propia mano”.
“Esto no es el Far West, esto no es un país donde las instituciones, más allá de las críticas que uno pueda tener, no funcionan, las instituciones funcionan y lo que tenemos que hacer es fortalecerlas. En eso hemos estado trabajando y este tipo de proyectos vienen a distorsionar ese objetivo”, apuntó.
Considerando lo peligroso de medidas como la defensa legítima privilegiada y la flagrancia permanente, Placencia declaró que “este tipo de proyectos pretenden vender la imagen de que resuelven un problema, pero están generando otros que son realmente impensados”.
