Comunes rechaza petición del Servel para disolver el partido: "No estamos de acuerdo"

La colectividad informó que desde el 2022 han trabajado en regularizar su situación financiera y administrativa. "Nos haremos cargo y responderemos ante el proceso que se extenderá en el Tribunal Calificador de Elecciones", señalaron.

La colectividad informó que desde el 2022 han trabajado en regularizar su situación financiera y administrativa. "Nos haremos cargo y responderemos ante el proceso que se extenderá en el Tribunal Calificador de Elecciones", señalaron.

El partido Comunes respondió a la solicitud de disolución que el Servicio Electoral presentó ante el Tribunal Calificador de Elecciones por infracciones graves y reiteradas a la ley N°18.603, Orgánica Constitucional de Partidos Políticos.

Mediante un comunicado, la colectividad informó que “desde el año 2022 a la fecha, ha trabajado consistentemente por regularizar su situación financiera y administrativa. Es de conocimiento público que el partido arrastraba una crisis heredada”.

No estamos de acuerdo con la decisión tomada por el Consejo Directivo del Servel. A la fecha, el partido ha respondido a las solicitudes y observaciones de la División de Fiscalización y Financiamiento de Partidos Políticos. En la actualidad estamos a la espera de una respuesta formal de parte del Servel para finalizar los procesos de rendición”, agregó el partido.

“Nos haremos cargo y responderemos ante el proceso que se extenderá en el Tribunal Calificador de Elecciones. Esto último, especialmente por el trabajo que ha realizado la Dirección Nacional actual en pos de aclarar cualquier irregularidad o negligencia”, se lee en el comunicado que cierra afirmando que “sin duda nos encontramos ante uno de los capítulos más desafiantes de nuestra existencia. No sólo reconocemos lo complejo de la situación, sino que también asumimos la responsabilidad de abordarla con valentía y determinación”.

Servel solicitó la disolución de Comunes por incumplimientos en los plazos de entrega de los balances, acreditación de operaciones bancarias, acreditación de gastos por medio de documentos tributarios y pagos cuyo destino se desconoce o que, correspondiendo a reembolsos por gastos de campañas electorales, fueron destinados a fines diferentes a lo electoral.

El organismo incluso aplicó una multa de $24 millones por no justificar el destino de recursos públicos obtenidos.





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