Las organizaciones agrícolas españolas no descartan unirse a las protestas por la crisis en el campo, motivados por su oposición a la reforma de la Política Agraria Común (PAC), que el gobierno promulgó en 2023, así como por los problemas derivados de la sequía y los altos costos de producción. No obstante, han preferido esperar hasta febrero cuando podrían emprender actuaciones nacionales conjuntas. De hecho, una de los mayores gremios campesinos, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ha convocado a una movilización para el 21 de febrero en Madrid, la que empezará un día antes con “tractoradas” en unas quince provincias españolas.

Los responsables de los sindicatos Asaja (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores), COAG (Coordinadora de Agricultores y Ganaderos) y UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos), han confirmado a la agencia Efe que en estos momentos no tienen un calendario unificado de movilizaciones aunque, con distintos matices, han indicado que están evaluando las que se llevan a cabo en otros países y compartiendo el descontento de los agricultores europeos con las políticas comunitarias. Además, los tres sindicatos ya están en contacto entre sí para evaluar la posibilidad de acciones conjuntas.

El momento es especialmente difícil y las políticas de la UE agobian a los productores, por lo que la cercanía de las elecciones al Parlamento Europeo, previstas para el 9 de junio, puede sobrecalentar el ambiente. Y uno de esos temores es que la extrema derecha intente usar al sector primario como un instrumento político. Así lo expresó a los sindicatos este martes el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación español, Luis Planas, aunque los agricultores insisten en que no son motivos ideológicos los que los mueven, sino económicos.

Hasta ahora, el único gesto que han recibido por parte de las autoridades europeas, aseguran, es la convocatoria para este jueves de un foro de diálogo para trazar un marco estratégico para el desarrollo del sector. La medida fue anunciada en septiembre por la presidenta del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen, y va a tener lugar a pocas semanas del fin de la legislatura actual del Europarlamento.

También hay malestar por el Pacto Verde, proyecto estrella de la Comisión Europea, cuyo objetivo es establecer una economía neutra en emisiones de carbono mediante medidas como reducciones fitosanitarias o exigencias en términos del bienestar animal.

Los gremios campesinos hispanos critican a Bruselas, pero hay diferentes opiniones sobre la actuación del Gobierno español. Asaja, la más contundente, exige al presidente Pedro Sánchez que “dé un apoyo más directo y real al sector, porque cada día hay más trabas” y reclama un “plan de choque” que conlleve infraestructuras hídricas y compensaciones.

Y mientras eso sucedía con los trabajadores del agro español en las últimas horas, en Francia, en tanto, los agricultores presionaban al gobierno de Emmanuel Macron, y el primer ministro, Gabriel Attal, comprometía anuncios para este viernes, ante las exigencias de los campesinos: mantener la exención de impuestos al combustible para el sector agrícola, reducir los burocráticos controles para los trabajadores de la tierra, así como cambios en las políticas europeas que impidan las importaciones de alimentos con ventajas competitivas en su producción, como lo permitiría el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur (al que se oponen), ya que las reglas sanitarias y medioambientales son mucho más estrictas en la UE que en Argentina o Brasil, por ejemplo.

El paro de los agricultores europeos -sumado al paro ferroviario total en Alemania- está generando preocupación no sólo por un posible golpe a la economía, sino también porque, por uno u otro motivo, podría concretarse el riesgo de desabastecimiento alimentario en el viejo continente, habida cuenta que por estos días también están movilizados los agricultores de Polonia, Países Bajos y Rumania.