El rumbo del país centroamericano concita atención mundial tras la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas del pasado domingo 4 de febrero en las  que – según su recuento interno- el actual mandatario salvadoreño Nayib Bukele continuaría en el cargo que ostenta desde mediados del 2019. Las preocupaciones se centran principalmente en la vulneración de la institucionalidad democrática y en las acusaciones de violación a los derechos humanos durante su primer periodo.

Un informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la OEA publicado este martes indica que “la amplia diferencia entre el candidato ganador y sus contrincantes no deja dudas sobre los resultados electorales”, no obstante, advierten que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que la “habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y, por ende, a las obligaciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”.

Pese a la actual falta de datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), recordemos que la estrategia para la reelección presidencial del líder de Nuevas Ideas fue que su cercana, Claudia Rodríguez de Guevara, asumiera en su reemplazo desde diciembre del año pasado y hasta junio del 2024.

En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, la investigadora regional de Amnistía Internacional, Irene Cuéllar, indicó el peligro de “socavar la confianza de la ciudadanía cuando ya se da cuenta de serios señalamientos de sectores de la sociedad salvadoreña respecto a la independencia e integridad del organismo electoral”, como así también, advierte sobre los impedimentos para la cobertura de los medios de comunicación a los conteos de votos.  En ese sentido, cuando parece haber un control sobre los partidos políticos y los grupos criminales, en su opinión resalta la vigilancia de los organismos internacionales y su posibilidad de acción ante la futura intervención sobre otros actores de oposición.

“Es necesario frente a un escenario sin contrapesos y la ausencia total de controles frente al poder, el proveer de todas las herramientas posibles para garantizar  la seguridad y la subsistencia de las organizaciones de sociedad civil y los periodistas,  que se presentan hoy como último recurso para promover y proteger los derechos humanos en el país” alertó.

Consultada sobre la eventual profundización de la crisis de derechos humanos en el segundo mandato de Bukele, Cuéllar apuntó con preocupación a la posibilidad de extensión de su modelo represivo en la región.

“La capacidad de amplificar y de penetración de su discurso ya la hemos visto. En al menos estos últimos dos años, políticos de otros países sobre todo del sur hablan de que es necesario replicarlo en términos de seguridad, que es lo que la gente destaca especialmente” sostuvo.

La representante de Amnistía rechazó la avanzada de un modelo de gobierno que desde su punto de vista, tiene como base la confrontación, la hostilidad, un discurso violento y una anulación de mecanismos de control internos y externos.

“Hemos visto como en los últimos dos años por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado insistentemente una visita in loco y el gobierno de El Salvador se ha negado, ha atacado incluso por redes sociales a la misma entidad, la cual ha señalado las violaciones que las organizaciones han estado documentando respecto a lo que sucede en el contexto del régimen de excepción” afirmó.

Por último, Cuéllar hizo un llamado a no ver como un hecho aislado lo que ocurre en El Salvador porque a su juicio, ya hay suficiente muestra de que su discurso ha permeado en la región particularmente como un atractivo electoral.

A partir de hoy se inicia el recuento voto por voto de las urnas conforme a lo expuesto por la presidenta del TSE, Dora Martínez, “cumplimos la obligación que tiene este Tribunal de iniciar el escrutinio final en el plazo previsto por el artículo 214, del Código Electoral, que determina que el mismo debe efectuarse a más tardar dentro de las 48 horas de haberse cerrado la votación”.

Revisa el informe preliminar completo de la Misión de Observación Electoral de la OEA aquí: