La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y Londres 38 lamentaron el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera y expresaron sus condolencias a la familia. Sin embargo, expresaron su preocupación por lo que consideraron un olvido político y mediático de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el Estallido Social, en el segundo periodo del exmandatario.
La AFDD señaló que “lamentamos la muerte del expresidente, lo que no significa dejar pasar el hecho indesmentible de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en su gobierno durante el estallido social de octubre 2019. Muertos, mutilaciones de ojos y miles de detenidos es parte del “legado” que deja el expresidente. Lamentamos que se haya ido sin pagar ante la Justicia”.
Su presidenta, Gaby Rivera, afirmó que “como agrupación expresamos nuestras condolencias a la familia del expresidente, sin duda ha sido un golpe muy fuerte y nosotras y nosotros sabemos qué significa perder un ser querido profundamente, pero también queremos recordar que en el último gobierno de Sebastián Piñera fueron violados brutalmente los derechos humanos. Fueron muchas víctimas las de ese periodo. Hubo muertes, a muchos jóvenes los dejaron sin vista, y la responsabilidad de su gobierno no ha sido asumida. Lo peor es que aún no hay culpables. Vamos a decir siempre que los derechos humanos no se violan bajo ninguna circunstancia”.
Por su parte, el Espacio de Memorias Londres 38 afirmó que “ante la muerte del ex presidente Sebastián Piñera, se pretende instalar un forzado consenso transversal en torno al carácter democrático de éste y su gobierno. Junto con ello se busca reafirmar una narrativa de la revuelta social que omite sus causas y motivaciones, así como la violenta y criminal respuesta del Estado, incapaz de dar otra respuesta ante a las legítimas demandas del pueblo”.
Para la organización, “ésta es una nueva expresión de negacionismo de las masivas violaciones a los derechos humanos perpetradas, y de la impunidad de las autoridades políticas y policiales que no han asumido sus responsabilidades ni enfrentado a la justicia”.
Por último, hicieron un llamado a “no olvidar a ninguna víctima de las violaciones a los derechos humanos durante la revuelta popular, a exigir y alcanzar toda la verdad y toda la justicia, que los responsables enfrenten a tribunales como cualquier persona, más allá de su posición de poder”.