Diario y Radio Universidad Chile

Año XVI, 21 de abril de 2024


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Asociación Pensamiento Penal: Decisión de Urrutia “se ajusta a derecho” y lamenta “intervencionismo político”

Junto con criticar la posición del Gobierno, la agrupación recordó que "la visita carcelaria, ya sea ejercida de manera presencial o por videoconferencia, es un derecho que asiste a toda persona sujeta a privación de libertad".

Diario UChile

  Martes 20 de febrero 2024 7:07 hrs. 
Recién el 29 de mayo de 2018, y en cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Fondo, la Corte Suprema dejó sin efecto la sanción impuesta a la víctima. Foto: Archivo.

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La Agrupación Pensamiento Penal expresó su preocupación por lo que calificó como “intervencionismo político” respecto a las decisiones del juez Daniel Urrutia sobre reos calificados de alta peligrosidad. En una declaración expresaron que “la decisión judicial del Magistrado es una resolución que se ajusta a Derecho, no sólo a la normativa nacional, sino que también a aquellos cuerpos de normas internacionales en materia de Derechos Humanos, todos los cuales se encuentran vigentes y ratificados por nuestro país”.

A su vez, expresó que “resulta preocupante para nuestra asociación el intervencionismo político que ha derivado de esta resolución judicial. Es del todo inconstitucional que el ejecutivo realice declaraciones públicas dando cuenta de su disconformidad con un acto judicial emanado válidamente por otro poder del Estado. Prácticas de esta índole no pueden tener terreno fértil en nuestra democracia. Hacemos un llamado a la autoridad gubernamental a moderar sus ímpetus y a no caer en prácticas populistas y electoralistas para mejorar su posición en las encuestas”.

La Agupación expresó que “resulta también preocupante las declaraciones del Ministro de Justicia (S), Gajardo Falcón, quien (…) ha cerrado la posibilidad de visitas a imputados por causas mediáticas como es el caso en razón de que no se trataría de “delitos comunes”. El llamado que hace la autoridad nos pone en alerta en relación a una fuerte entrada del “bukkelismo” en la política pública nacional, demostrando que la línea del Gobierno, al parecer, sería la de “mano dura a toda costa” y la de deshumanizar a las personas privadas de libertad, tirando por la borda una posibilidad única de resolver el asunto penitenciario con mecanismos técnicos basados en la generación de una legislación penitenciaria exclusiva que aborde estos casos, como asimismo poner los énfasis en la reinserción social de las personas privadas de libertad”.

En esa línea, Pensamiento Penal señaló que “también nos preocupa que el Gobierno, a través de su Ministerio de Justicia y también Gendarmería de Chile hayan adoptado la decisión evidente de incumplir las resoluciones judiciales. Esto no sólo se ha visto en el caso de los permisos de visita otorgados por el Magistrado Urrutia, sino que también en otras situaciones de la realidad penitenciaria y que se han ventilado ante nuestros Tribunales, como por ejemplo, la estadía de personas sujetas a suspensión del procedimiento por enajenación mental y que, en lugar de ser derivados a centros asistenciales de salud mental especializados, han debido cumplir con sus internaciones en recintos penales, siendo constante la negativa y el desacato de parte de Gendarmería en cuanto a mantener a dichas personas en los recintos de salud penitenciarios (HOSPEN), manteniéndolos muchas veces en dependencias con población penal común, situación que es totalmente antireglamentaria e ilegal”.

La declaración finalizó haciendo “un llamado a respetar la normativa legal y constitucional vigente, como asimismo a ensalzar el imperio de los Derechos Humanos dentro de nuestra democracia. Asimismo, (…) a no caer en prácticas crueles, inhumanas y degradantes que se ha visto han ganado espacio en otros países, por el mero hecho de mejorar en una encuesta o ganar votos para la próxima elección. El llamado es a la seriedad política y a mantener la dignidad de los cargos públicos, de esa manera, también sin duda se puede resolver el problema de la seguridad pública y la criminalidad organizada”.

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