El tribunal revocó la resolución del juez Daniel Urrutia, la cual también autorizaba a los internos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad a acceder a visitas conyugales.
La próxima semana se sorteará sala para determinar cuál verá el fondo del recurso presentado por Gendarmería, es decir, si los convictos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas) tienen acceso al beneficio previamente otorgado.
Junto con criticar la posición del Gobierno, la agrupación recordó que “la visita carcelaria, ya sea ejercida de manera presencial o por videoconferencia, es un derecho que asiste a toda persona sujeta a privación de libertad”.
Según un reportaje de Meganoticias, está situación provocó gran preocupación en Gendarmería, que advirtió que esto “pone en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada”.
Los magistrados fueron acusados por el delito de prevaricación, luego de revocar la libertad de 13 integrantes de la llamada “primera línea”.
De esta forma se revoca la resolución del juez Daniel Urrutia y acoge la solicitud de sobreseimiento total y definitivo hecha por el Ministerio Público.
La Corte de Apelaciones de Santiago aceptó el requerimiento presentado por el abogado Samuel Donoso, y ordenó al juez del 7º Juzgado de Garantía que “se abstenga de intervenir en la causa respectiva, mientras no se resuelva este incidente”.
En conversación con nuestro medio, el abogado y juez de garantía calificó de “desproporcionada” la decisión de la Fiscalía al pedir 8 años de cárcel para el profesor acusado de romper un torniquete. “Es más importante el orden que la vida o integridad de las personas”, indicó.
En conversación con nuestro medio y tras conocerse el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado de Chile por vulnerar las garantías de Urrutia, el magistrado hizo un llamado a los convencionales constituyentes a “refundar el Poder Judicial”.
La Asociación de Magistrados también rechazó la suspensión de Urrutia, quien revocó la prisión preventiva de 13 de los imputados por el caso “Primera Línea”.
La mañana de este miércoles el magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó la modificación de las medidas cautelares de trece imputados de prisión preventiva a arresto domiciliario. Ahora el Tribunal de alzada ordenó una investigación sumaria en su contra y lo suspendió de sus funciones mientras ésta se desarrolle.
Se trata del magistrado Daniel Urrutia, quien fue sometido a un proceso sancionatorio tras remitir un trabajo académico a la Corte Suprema con críticas por su actuar en dictadura. En conversación con este medio, Fabián Sánchez, representante de Urrutia, explicó cómo pretenden demostrar su postura.
