La crisis que viven los sitios de memoria en Chile continúa creciendo. Tras el anuncio del cierre del Centro Cultural Museo y Memoria Neltume y la Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas, la cifra de organizaciones en riesgo de cesar sus funciones por la falta de financiamiento ascendería a al menos 13. Este nuevo catastro incluye al Estadio Víctor Jara, el Cuartel Casa de Piedra de la Central Nacional de Informaciones, el Ex Centro de Detención en Balneario Popular Rocas de Santo Domingo y el Ex Centro de Detención Providencia de Antofagasta.

En paralelo, las y los trabajadores de sitios de memoria afectados por este retraso en la puesta en marcha del programa emitieron una declaración pública donde comparten las vulneraciones que han sufrido en torno a sus derechos laborales.

“Nos encontramos en una situación particular, ya que nos hemos enfrentado a condiciones de inestabilidad, inseguridad, incertidumbre y falta de garantías laborales, producto de la falta de financiamiento por parte del Estado“, aseguraron en el documento. “Esto tiene una repercusión directa en nuestras vidas y en nuestras condiciones laborales. Durante los cuatro meses transcurridos hemos estado expuestas/os a una situación de precarización laboral, sin tener claridad respecto a la posibilidad de que los sitios puedan cubrir los honorarios que devengamos por nuestra labor mes a mes, con la incertidumbre respecto a nuestra continuidad debido a la falta de recursos de los sitios para sostener nuestros salarios y enfrentándonos al despido de compañeras y compañeros en algunos espacios por falta de recursos”.

Toda esta situación despertó la preocupación de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC), una de las organizaciones que vela por la recuperación y construcción de las memorias colectivas acerca de las violaciones a los derechos humanos y las resistencias en la región.

Su coordinadora, la argentina Verónica Torras, señaló en entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile que se enteraron de lo ocurrido en Chile en diálogo con los mismos sitios. “Tenemos 10 sitios de memoria de Chile que integran la RESLAC y por lo menos dos de ellos han sido directamente afectados por estas demoras en la gestión del programa a cargo del Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio. Y nos enteramos directamente por ellos”, explicó.

Sobre la gravedad de lo ocurrido en nuestro país, Torras aseguró que nunca antes se habían enfrentado al cierre de estos espacios en la región. Un hecho no menor: “Es la primera vez desde que existe la RESLAC que tenemos que lamentar el cierre de un sitio de memoria. Esto es algo que no nos había pasado nunca, un cierre de un sitio por la dificultad en la que se encuentra de poder seguir garantizando su funcionamiento, sus servicios, porque los recursos necesarios permiten sostener el personal que justamente lo habilita a poder tener sus puertas abiertas y funcionar normalmente”.

Sin embargo, la representante del RESLAC es clara a la hora de explicar que no se esperaban este escenario en Chile. Esto, por el rol activo que esperaban que tomara el Presidente Gabriel Boric en torno a la memoria. “Es un país donde nosotros esperábamos justamente que durante el gobierno de Boric hubiera una mayor predisposición por parte del Estado nacional a avanzar con políticas de memoria“, afirmó. “En esa línea, nosotros celebramos, de alguna manera, la creación del programa de Sitios de Memoria, que estuvo pensado justamente en la línea de identificar, reconocer y permitir un resguardo y una sostenibilidad en términos patrimoniales y presupuestarios de los sitios de memoria, que tenían además varios años de funcionamiento en el caso de Chile”.

“Y ahora tenemos que lamentar estas demoras en la gestión del programa que han interrumpido, de algún modo, el suministro de los fondos, o que por lo menos no lo está garantizando para el 2024. Y que de hecho están afectando el funcionamiento de algunos sitios, entre ellos, dos de los que integran la RESLAC”, sentenció.

Un problema de dimensiones regionales

De todas formas, Torras, quien también es directora ejecutiva de la alianza de organizaciones de derechos humanos de Argentina Memoria Abierta, comentó que lo que sucede con los sitios chilenos se enmarca en un clima de amenaza que igualmente afecta a otros territorios de Latinoamérica y el Caribe.

“Lo que estamos viendo en este momento es preocupación en más de un país -aseguró-. Estamos teniendo en este momento en Argentina una situación de bastante intranquilidad, y siguiendo también caso por caso la situación de los sitios de memoria por los riesgos y las amenazas que implican los procesos de desfinanciamiento o de despidos directos sobre trabajadores de los sitios de memoria”.

Y agregó: “Estamos viendo procesos complicados también en Perú, donde hay sitios emblemáticos de la memoria del país que tienen funcionamiento hace muchos años y que están prácticamente amenazados. En su caso, por un accionar muy sistemático de debilitamiento por parte de grupos de derecha extrema que en este momento tienen una representación fuerte en el parlamento, y están bregando por el cierre de algunos de estos sitios emblemáticos del Perú. Y ahora se suma Chile a esta preocupación que estamos teniendo a nivel regional”.

Torras igualmente explicó el rol que cae sobre los Estados en la preservación de estos sitios de memoria. Una responsabilidad que se enmarca en el documento bautizado como “Principios sobre Políticas Públicas de Memoria en las Américas“, trabajado por la RESLAC y aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Un eje muy central de las políticas de memoria en América Latina sin dudas es el que tiene que ver con los sitios de memoria. Y una de las responsabilidades centrales que nosotros marcamos respecto de los Estados es que hay una necesidad de que puedan proveer un marco normativo que sea adecuado, preciso, y que regule la identificación, la señalización, la recuperación, la preservación y también la gestión sustentable de estos espacios de memoria”, detalló.

“Este marco normativo no necesariamente tiene que ser una legislación específica, que sería lo mejor. Lamentablemente solo dos países, Argentina y Uruguay, contamos con una legislación específica sobre sitios de memoria. Pero esto de alguna manera se puede subsidiar con un Estado que lleve adelante políticas específicas, como sería el Programa de Sitios de Memoria que reconoce la existencia de estos sitios, las funciones sociales que cumple y la necesidad de que el Estado asuma una responsabilidad en la gestión”, sumó.

Por otro lado, la directora de Memoria Abierta hizo hincapié en un dato que se hace extensivo a casi todos estos sitios: “Una gran problemática que atravesamos en la región es que la mayor parte de estas iniciativas y espacios vienen siendo creados y gestionados en mayor medida por organizaciones de la sociedad civil, de víctimas, de familiares, de sobrevivientes, organizaciones de DD.HH., que son las que han empujado en muchos casos la creación de estos espacios, y son también las que se han puesto al hombro la gestión, que no es sencilla”.

Carta a las autoridades

Consultada por las medidas que la RESLAC podría tomar en torno a lo que hoy atraviesan los sitios nacionales, Torras confirmó a este medio que pronto se enviará una carta dirigida a las autoridades chilenas. 

“Ya tomamos la decisión de enviar una carta al Presidente de la República, a la ministra (de las Culturas, las Artes y el Patrimonio) y a la funcionaria a cargo del Programa de Sitios de Memoria desde la RESLAG y la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia. Seguramente la estaremos mandando hoy a última hora o mañana. En ella reconocemos también la expectativa que nos generó el programa y su importancia, y la necesidad de poder darle una respuesta a los sitios de memoria que por dificultades de gestión se han visto en la necesidad de desvincular a los equipos de trabajo o cerrar los sitios, incluso tener que iniciar campañas solidarias de búsqueda de fondos para intentar cubrir el bache de financiamiento que se genera ahora durante todos estos meses en que no van a contar con financiamiento”, expresó.

“Esperamos y confiamos en que las instituciones y los funcionarios públicos que tuvieron la suficiente empatía como para haber planteado la implementación de este programa y su creación tengan ahora la misma empatía para velar por el resguardo de los sitios, y ofrecer alguna solución inmediata que permita reparar los daños que ya se causaron y prevenir los que podrían desencadenarse si no existe una respuesta adecuada por parte de las autoridades en los próximos días”, concluyó la coordinadora de RESLAC.