Entre el lunes 22 y el miércoles 24 de abril, Santiago será la sede de la tercera reunión de la Conferencia de Partes del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la encargada de campañas para las Américas de Amnistía Internacional, Graciela Martínez, explicó que la Conferencia de Partes (COP), “es una reunión donde se encuentran los estados parte del Acuerdo de Escazú, que actualmente son 15 de los 32 estados de América Latina y el Caribe, que se establece ordinariamente cada dos años y es donde los estados concluyen las decisiones más importantes relacionadas con la implementación” de dicho pacto.
En esta tercera edición, agregó Martínez, “una de las decisiones más importantes y que nos trae a este espacio, es el tema de decidir o aprobar un plan de acción sobre defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, que va a ser como el marco que permite a los estados partes, tener una guía para implementar el artículo 9 del Acuerdo de Escazú, que habla de establecer un entorno seguro para ellos”.
Martínez, quien es además experta en defensores y defensoras del medio ambiente, señaló que para estas personas, “los riesgos son de todo tipo, incluso letales”.
“América Latina y el Caribe es la región más letal para las defensoras y defensores del medio ambiente, según los reportes de organizaciones internacionales (…) pero luego hay otro tipo de riesgos, que van desde la criminalización, la judicialización de la defensa del medio ambiente, la estigmatización, a través declaraciones públicas en contra de estas personas por parte de funcionarios públicos; y la vigilancia, tanto digital como de manera física”, indicó.
En ese contexto, la representante de Amnistía Internacional espera que se llegue a un plan de acción para defensores y defensoras “que pueda contribuir de alguna manera y que no sea solamente un compromiso que quede en papel a partir de la conferencia”.
“Hay estados que han implementado mecanismos de protección para la defensa de los derechos humanos, más en general, no necesariamente en particular sobre la defensa de derechos humanos en asuntos ambientales, pero lo que hemos visto como Amnistía es que los progresos son limitados. En los países de la región donde hay estos mecanismos, no se están estableciendo medidas que realmente contribuyan a contrarrestar estos riesgos que estaba mencionando”, advirtió.
Respecto a los elementos específicos que podría incluir el plan de acción para defensores y defensoras del medio ambiente, Martínez destacó la cooperación entre los estados para generar entornos seguros y el reconocimiento a los activistas “para que puedan realizar su labor y tengan todo lo necesario para desarrollarla”
En tanto, la encargada de campañas de Amnistía, relevó el rol que juegan las organizaciones de la sociedad civil en la construcción de acuerdos, pese a que estas mismas tienen un espacio acotado en la COP.
“Previo a la Conferencia, entre hoy y mañana, organizaciones de la sociedad civil se han organizado para tener una pre COP, donde también se tiene la intención de generar estos espacios, más desde el público, para conocer cuáles son las problemáticas en relación al Acuerdo de Escazú. Esto no solamente el tema de defensores y defensoras, sino los otros aspectos que tiene que ver con la transparencia, con la justicia ambiental, con el acceso a la información que son fundamentales y que están muy vinculados a la defensa del medio ambiente”, afirmó.
Revisa la entrevista completa aquí:
Entre el lunes 22 y el miércoles 24 de abril, Santiago será la sede de la tercera reunión de la Conferencia de Partes del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la encargada de campañas para las Américas de Amnistía Internacional, Graciela Martínez, explicó que la Conferencia de Partes (COP), “es una reunión donde se encuentran los estados parte del Acuerdo de Escazú, que actualmente son 15 de los 32 estados de América Latina y el Caribe, que se establece ordinariamente cada dos años y es donde los estados concluyen las decisiones más importantes relacionadas con la implementación” de dicho pacto.
En esta tercera edición, agregó Martínez, “una de las decisiones más importantes y que nos trae a este espacio, es el tema de decidir o aprobar un plan de acción sobre defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, que va a ser como el marco que permite a los estados partes, tener una guía para implementar el artículo 9 del Acuerdo de Escazú, que habla de establecer un entorno seguro para ellos”.
Martínez, quien es además experta en defensores y defensoras del medio ambiente, señaló que para estas personas, “los riesgos son de todo tipo, incluso letales”.
“América Latina y el Caribe es la región más letal para las defensoras y defensores del medio ambiente, según los reportes de organizaciones internacionales (…) pero luego hay otro tipo de riesgos, que van desde la criminalización, la judicialización de la defensa del medio ambiente, la estigmatización, a través declaraciones públicas en contra de estas personas por parte de funcionarios públicos; y la vigilancia, tanto digital como de manera física”, indicó.
En ese contexto, la representante de Amnistía Internacional espera que se llegue a un plan de acción para defensores y defensoras “que pueda contribuir de alguna manera y que no sea solamente un compromiso que quede en papel a partir de la conferencia”.
“Hay estados que han implementado mecanismos de protección para la defensa de los derechos humanos, más en general, no necesariamente en particular sobre la defensa de derechos humanos en asuntos ambientales, pero lo que hemos visto como Amnistía es que los progresos son limitados. En los países de la región donde hay estos mecanismos, no se están estableciendo medidas que realmente contribuyan a contrarrestar estos riesgos que estaba mencionando”, advirtió.
Respecto a los elementos específicos que podría incluir el plan de acción para defensores y defensoras del medio ambiente, Martínez destacó la cooperación entre los estados para generar entornos seguros y el reconocimiento a los activistas “para que puedan realizar su labor y tengan todo lo necesario para desarrollarla”
En tanto, la encargada de campañas de Amnistía, relevó el rol que juegan las organizaciones de la sociedad civil en la construcción de acuerdos, pese a que estas mismas tienen un espacio acotado en la COP.
“Previo a la Conferencia, entre hoy y mañana, organizaciones de la sociedad civil se han organizado para tener una pre COP, donde también se tiene la intención de generar estos espacios, más desde el público, para conocer cuáles son las problemáticas en relación al Acuerdo de Escazú. Esto no solamente el tema de defensores y defensoras, sino los otros aspectos que tiene que ver con la transparencia, con la justicia ambiental, con el acceso a la información que son fundamentales y que están muy vinculados a la defensa del medio ambiente”, afirmó.
Revisa la entrevista completa aquí:
Entre el lunes 22 y el miércoles 24 de abril, Santiago será la sede de la tercera reunión de la Conferencia de Partes del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la encargada de campañas para las Américas de Amnistía Internacional, Graciela Martínez, explicó que la Conferencia de Partes (COP), “es una reunión donde se encuentran los estados parte del Acuerdo de Escazú, que actualmente son 15 de los 32 estados de América Latina y el Caribe, que se establece ordinariamente cada dos años y es donde los estados concluyen las decisiones más importantes relacionadas con la implementación” de dicho pacto.
En esta tercera edición, agregó Martínez, “una de las decisiones más importantes y que nos trae a este espacio, es el tema de decidir o aprobar un plan de acción sobre defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, que va a ser como el marco que permite a los estados partes, tener una guía para implementar el artículo 9 del Acuerdo de Escazú, que habla de establecer un entorno seguro para ellos”.
Martínez, quien es además experta en defensores y defensoras del medio ambiente, señaló que para estas personas, “los riesgos son de todo tipo, incluso letales”.
“América Latina y el Caribe es la región más letal para las defensoras y defensores del medio ambiente, según los reportes de organizaciones internacionales (…) pero luego hay otro tipo de riesgos, que van desde la criminalización, la judicialización de la defensa del medio ambiente, la estigmatización, a través declaraciones públicas en contra de estas personas por parte de funcionarios públicos; y la vigilancia, tanto digital como de manera física”, indicó.
En ese contexto, la representante de Amnistía Internacional espera que se llegue a un plan de acción para defensores y defensoras “que pueda contribuir de alguna manera y que no sea solamente un compromiso que quede en papel a partir de la conferencia”.
“Hay estados que han implementado mecanismos de protección para la defensa de los derechos humanos, más en general, no necesariamente en particular sobre la defensa de derechos humanos en asuntos ambientales, pero lo que hemos visto como Amnistía es que los progresos son limitados. En los países de la región donde hay estos mecanismos, no se están estableciendo medidas que realmente contribuyan a contrarrestar estos riesgos que estaba mencionando”, advirtió.
Respecto a los elementos específicos que podría incluir el plan de acción para defensores y defensoras del medio ambiente, Martínez destacó la cooperación entre los estados para generar entornos seguros y el reconocimiento a los activistas “para que puedan realizar su labor y tengan todo lo necesario para desarrollarla”
En tanto, la encargada de campañas de Amnistía, relevó el rol que juegan las organizaciones de la sociedad civil en la construcción de acuerdos, pese a que estas mismas tienen un espacio acotado en la COP.
“Previo a la Conferencia, entre hoy y mañana, organizaciones de la sociedad civil se han organizado para tener una pre COP, donde también se tiene la intención de generar estos espacios, más desde el público, para conocer cuáles son las problemáticas en relación al Acuerdo de Escazú. Esto no solamente el tema de defensores y defensoras, sino los otros aspectos que tiene que ver con la transparencia, con la justicia ambiental, con el acceso a la información que son fundamentales y que están muy vinculados a la defensa del medio ambiente”, afirmó.
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